Perte agroalimentario: nunca llueve a gusto de todos

Pese a las oportunidades que ofrece, las cantidades con las que se dotará el instrumento parecen insuficientes en un sector que afronta malestar y dificultades

Es una buena noticia que un sector como el agroalimentario sea incluido dentro de los tan añorados y deseados Fondos Next Generation, a través del Perte agroalimentario, sistema diseñado ad hoc e incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR en los puntos 3 y 12). Eso significa que claramente la agroalimentación tiene una consideración de estratégica; por fin las magnitudes que lo soportan y argumentan como tal se traducen en ser un captador de iniciativas económicas globales.

La agroalimentación ha tenido a su disposición diferentes opciones públicas de financiación, solo hace falta recordar todos los fondos europeos que se dedicaron (y se dedican) a través del sistema Feoga y que permitieron, junto al esfuerzo inversor de las empresas agroalimentarias, una amplia modernización y adaptación a normativas del tejido industrial alimentario, puntero a nivel europeo y mundial. La aprobación por parte del Consejo de Ministros del citado Perte supone una inyección que permitirá generar un cambio tractor en el medio y corto plazo para transformar, dinamizar e impulsar nuevos proyectos que modernicen el sector y apuesten por la sostenibilidad y la digitalización.

Cierto es que esos conceptos encajan perfectamente con los nuevos retos de forma general, si bien no son un objetivo en sí mismos; hay que entenderlos como herramientas y palancas de cambio cuya aplicación redunde precisamente en la adaptación a nuevas necesidades del consumidor, al Green Deal y el Farm to Fork, en ganar competitividad junto a eficiencia y eficacia en los procesos, permitir las colaboraciones integradas dentro de la cadena de valor, aplicar y poner en marcha herramientas clave en el sector industrial, así como potenciar proyectos de I+D+i, fomentar la colaboración público-privada (modelo propio de gobernanza), la generación de conocimiento y la atracción de talento junto con empleo de alta cualificación.

Un breve repaso de magnitudes y acciones concretas nos permitirá ver más en detalle su dimensión y calado: en primer lugar, habrá una dotación de 400 millones de euros para la mejora de procesos productivos de la industria agroalimentaria, lo que implicará aumentar la competitividad, apostar por la sostenibilidad y optimizar los sistemas de trazabilidad junto a la seguridad alimentaria y a la incorporación de avances tecnológicos y expertise. A la transformación digital se dedicarán 450 millones, de aplicación a todo el ecosistema agroalimentario con especial foco en las pymes, que suponen el 96% del tejido empresarial productivo, 30.500 empresas. Por último 150 millones serán para fomentar e incorporar I+D+i de forma específica y directa. En total será una inversión pública de 1.000 millones de euros con una programación establecida hasta 2023 (nº 12 del PRTR ya citado) a los que cabe añadir la importante cifra de 1.051 millones (nº 3 del PRTR en regadíos y explotaciones: modernización invernaderos, agricultura de precisión y economía circular). Estas inversiones públicas esperan generar un impacto económico en el sector que se prevé (insisto y subrayo la palabra) en 3.000 millones de euros y una generación neta de empleo cifrada en 16.000 personas. Todo ello con una clara vocación complementaria a los 4.700 millones de euros ya presupuestados dentro de la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea).

Es positivo el enfoque que se ha hecho hacia las claras debilidades del sector agroalimentario, cuyo estado y retos analizan diferentes estudios de forma regular; por ejemplo, el emitido por la Fundación Vivartis, que claramente expresaba la dificultad en superar la brecha e implementar procesos de transformación digital. O si hablamos de sostenibilidad, podemos realizar una evaluación de su desarrollo e implementación a través de la publicación del pacto mundial (red española) donde se reclamaba “un esfuerzo conjunto sectorial para generar un cambio sistémico y visión compartida por parte del sector agroalimentario”.

Existen también importantes claroscuros que es preciso explicar para que realmente se puedan cumplir los objetivos que se han establecido. En primer lugar, el proceso de adjudicación, gestión y ejecución: ¿criterios? ¿evaluación? ¿Será el mismo funcionamiento en todos los territorios del Estado? Somos un Estado descentralizado y por tanto es vital que se defina muy bien quién es competente en qué y de qué forma para no generar los siempre innecesarios agravios comparativos. Se ha de velar por la máxima equidad y profesionalidad en todos los procesos definidos. La propuesta de establecer un comisionado puede ser una solución para que gestione y coordine de forma integral todo el sistema diseñado ad hoc junto a expertos que aporten el necesario conocimiento del sector, y que de forma profesional simplifique los complejos, latosos y excesivamente burocratizados pasos para hacer llegar los recursos a los beneficiarios de los fondos. Deben contemplarse alternativas y mejoras, aprender de las carencias y deficiencias ya padecidas.

El ecosistema agroalimentario es complejo, con una evolución muy rápida y acelerada gracias a su gran capacidad de adaptación y resiliencia, demostrada ampliamente. Ello le ha permitido generar modelos de negocio, procesos productivos, productos y sistemas innovadores que deben ser tenidos en cuenta, aunque no figuren de forma explícita en los documentos integrantes del Perte. Mentalidad abierta e innovadora.

Las reacciones han sido diversas, cumpliendo cada uno con el papel que le corresponde. Pero un denominador común es la insuficiencia de las cantidades con que se va a dotar el Perte, a pesar de las explicaciones de las administraciones añadiendo o anualizando mayores fondos provenientes de otros orígenes. Las empresas integrantes de nuestro ecosistema agroalimentario deben generar, diseñar, explicar, publicitar, implementar y ejecutar (y hacer rentables) proyectos que realmente conviertan al sector en motor de la recuperación de nuestra economía, creando empleo, conocimiento, incrementando el PIB, etc. La visión debe ser más amplia y contemplar que esta inyección de dinero permitirá también ir más allá y generar modelos de negocio diferentes con una visión más integral e integrada y muy cercana a las verdaderas necesidades del consumidor. Asimismo, las entidades de crédito y el resto del conjunto de las administraciones también deben aportar a las inversiones en sus diferentes modalidades. Y, por último, es necesario hacer partícipe a la sociedad dándole a conocer los resultados de los proyectos tanto en sus magnitudes macroeconómicas como microeconómicas. Un reto comunicativo muy necesario para el sector que serviría para entender el retorno e impacto en la economía y en la realidad social.

Desde hace tiempo la cadena agroalimentaria viene sufriendo un cambio en el precio y suministro de las materias primas, los costes energéticos, los logísticos y su funcionamiento y además con un consumidor cada vez más polarizado, hechos sobre los que hay que tomar medidas precisas y concretas. El malestar ya está generando protestas que ahora se centran en el sector primario, pero se extiende también a organizaciones sectoriales y asociaciones de otras partes de la cadena. Se requiere una reacción y el Perte puede ser una muy buena palanca que permita la reconfiguración gradual y el reequilibrio con una clara apuesta por proyectos innovadores, eficientes y de impacto directo.

Fernando Ortega Mediero es Presidente de la Comisión de Industrias Agroalimentarias del COEAC