El rol de las empresas que deben ejecutar las sanciones a Rusia
Tras el cuarto paquete coercitivo anunciado por la UE, un total de 877 personas físicas y 62 entidades están sujetas a medidas restrictivas
Desde el año 2014, Europa ha impuesto sanciones a Rusia con el objetivo de frenar y disuadir sus intereses expansionistas. Sin embargo, con la evolución de los acontecimientos en Ucrania, la UE está intensificando las medidas restrictivas contra Rusia.
Con este paquete sancionador –el más duro de la historia– Europa intenta golpear a la economía rusa, debilitarla y reducir sus posibilidades futuras de crecimiento. Si bien las sanciones están dirigidas contra diferentes sectores económicos, hay un claro objetivo de impedir el acceso a tecnologías clave, así como bloquear sus capacidades para financiar el conflicto contra Ucrania.
En lo que se refiere a las sanciones dirigidas al sector financiero, estas buscan cortar el acceso de Rusia a los mercados de capitales de la UE. Prohíben cualquier forma de préstamo y adquisición de valores y aquí se incluye al banco central ruso y a otras entidades financieras clave. En definitiva, ni el sistema bancario ruso ni su gobierno ni sus empresas estatales podrán refinanciarse en el mercado de capitales de la UE. Por otro lado, las sanciones dirigidas a los oligarcas rusos, que comprenden la congelación de sus activos, la prohibición de poner fondos a su disposición, así como transitar o entrar en territorio comunitario, buscan impactar de manera directa en su economía y negocios.
Por ello, tras el cuarto paquete de sanciones anunciado por la UE (a fecha de 15 de marzo), un total de 877 personas físicas y 62 entidades están sujetas a medidas restrictivas. En las listas de sancionados figuran, además del presidente y del ministro de exteriores rusos, oligarcas y miembros de las élites cercanas al Gobierno ruso, así como destacados empresarios de sectores económicos clave. Cabe destacar que no se trata de un bloqueo por nacionalidad, sino por vinculación al líder político ruso. Aquí la finalidad es que las sanciones tengan el suficiente impacto como para que estas personas puedan –de alguna manera– influir en la paralización del conflicto.
Frente a un escenario como este, en el que Europa impone fuertes restricciones financieras sobre diferentes personas y entidades, resulta pertinente plantearse la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de las empresas que tienen que hacer efectivas las sanciones? O ¿cómo deben actuar los sujetos obligados por la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
En primer lugar, se debe reaccionar con agilidad para intensificar los controles rutinarios. El objetivo debe ser detectar cualquier operativa sospechosa que pudieran llevar a cabo los clientes rusos para eludir las sanciones.
Para las compañías es fundamental detectar rápidamente si están operando con alguna de las personas o entidades sancionadas. Por ello, es necesario realizar un control eficaz a través del screening diario de clientes (contraste de clientes contra las personas y entidades incluidas en las listas de sanciones oficiales) mediante el uso de una tecnología avanzada que permita optimizar todo este proceso.
Soluciones de software especializado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que se nutren y se actualizan diariamente de todas las listas de sanciones internacionales, permiten una rápida configuración de nuevos controles en determinados clientes y operaciones. En efecto, en las últimas semanas, a consecuencia de la intensificación de los controles rutinarios, se ha incrementado la actividad en más de un 15%. Además, se ha registrado un importante incremento en el volumen de alertas sospechosas de screening que se revisan diariamente, lo que pone de manifiesto la importancia de contar con plazos de respuesta agiles para detectar y comunicar con celeridad una situación sospechosa.
En segundo lugar, es primordial llevar a cabo un análisis más exhaustivo para analizar la operativa que el cliente ha llevado a cabo en los últimos meses, así como proceder a bloquear toda su operativa o cualquier actividad que tenga en marcha. Cabe recordar que las directrices afectan a todos los sujetos obligados, pero en mayor medida a aquellos que operan en el sector financiero, dado que gran parte de las sanciones anunciadas desde el inicio del conflicto implican el bloqueo de fondos.
En el caso de que no se proceda a la congelación o bloqueo de los fondos u operativa, el sujeto obligado se enfrentaría al marco sancionador que establece la normativa, por el cual todos los sujetos obligados tienen la obligación de aprobar los procedimientos para la efectiva aplicación de las prohibiciones de operar, medidas de bloqueo u otras restricciones o sanciones financieras establecidas por las normas del derecho comunitario o nacional. De lo contrario, podrán incurrir en infracciones que se califican como muy graves, graves o leves.
La normativa contempla también la responsabilidad de administradores y directivos si existe conducta dolosa o negligente. Por la comisión de infracciones muy graves se enfrentan a multas por un importe de hasta diez millones euros, separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de diez años, y amonestación pública.
Además, sería prudente ir más lejos e iniciar una campaña especial de control y análisis especial para aquellos clientes con nacionalidad rusa, de cara a reforzar las diligencias de control en su operativa y operaciones, mitigando así posibles riesgos operativos y reputacionales a los que las entidades podrían enfrentarse en este nuevo contexto.
En definitiva, no solo las empresas que tienen que hacer efectivas las medidas restrictivas juegan un papel determinante. El soporte de tecnología especializada y el desarrollo de soluciones ad hoc son elementos críticos a la hora de hacer efectivas las sanciones que la Unión Europea está implementando contra Rusia.
Ángela García Alonso Responsable de Consultoría y Operaciones BPO Compliance de Prosegur AVOS