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Soluciones pensadas, pactadas y rápidas que frenen el daño en la actividad

Debe llegarse a una batería de decisiones que tengan un impacto real y no puramente nominal en los costes de los sectores más dañados

Europa no se ha caracterizado nunca por la celeridad en sus tomas de decisiones delicadas, ni siquiera cuando la urgencia de las circunstancias apremiaban. Una gobernanza comunitaria con distintos niveles de decisión y responsabilidad en la que deben ser oídos más de una veintena de Gobiernos y en la que tienen altas dosis de validez los vetos individuales ya se puso de manifiesto en la tardanza de los ajustes necesarios para remontar la crisis del euro en los primeros años de la década pasada, y con muy puntuales excepciones vuelve a manifestarse ahora. La respuesta a la pandemia solo fue unitaria en materia fiscal y monetaria tras los errores del pasado, y ahora la réplica a la agresión de Rusia a Ucrania parece más activa por la pertenencia a la OTAN, y porque se pone en juego todo el sistema de valores democráticos de la Unión. Pero incluso materias como la búsqueda de una respuesta a la crisis energética que esquive la espiral inflacionista y el empobrecimiento de la población en una Europa altamente dependiente de los fósiles del suelo ruso se demora demasiado y no estará plenamente perfilada hasta finales de mayo. Se antoja demasiado tiempo para las necesidades de los agentes económicos, que están pagando ya facturas energéticas que duplican con creces las abonadas hace un año.

El Gobierno español se ha comprometido a aprobar un paquete de medidas de carácter fiscal en un Consejo de Ministros el 29 de marzo, una vez que la Unión Europea haya despejado un poco más qué pueden y qué no pueden hacer los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión. La Comisión se ha comprometido a ofrecer una batería de salidas alternativas de corto plazo a la crisis energética este mes, pero no dispondrá de una solución definitiva para el cálculo de los precios de la electricidad hasta mayo, y el Ejecutivo de Sánchez se atiene a tal calendario. Pero los colectivos profesionales más afectados, especialmente los transportistas y los agricultores, ya tienen sus demandas en la calle, con un paro que ya ha generado problemas de distribución desde determinados puertos por parte de los primeros, y una gran manifestación el fin de semana por parte de los segundos.

Es lógico que el Gobierno busque la complicidad de todos los partidos y de las comunidades, así como la protección comunitaria a sus decisiones. Pero en tal búsqueda debe existir algo parecido a una verdadera negociación para llegar a una batería de decisiones que tengan un impacto real y no puramente nominal en los costes de la actividad de los sectores más dañados. Y en algunos casos, las medidas, ya manoseadas, pueden aplicarse de inmediato, o bien anticipar que cuando lleguen al BOE tendrán un razonable efecto retroactivo.

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