El Gobierno debe proteger a las empresas frente a la crisis energética

La escalada del precio de la electricidad, el gas natural y el petróleo, intensificada y seriamente agravada por el conflicto bélico en torno a Ucrania, amenaza no solo con ahogar la recuperación económica europea, sino con provocar una nueva crisis de efectos difíciles de calibrar. La dependencia de Europa del gas natural ruso, a la que Bruselas trata de buscar una solución que ya llega tarde, junto a las tensiones sobre el precio del crudo y de otras materias primas se están dejando sentir ya en la industria electrointensiva y el transporte, como consecuencia lógica de una economía globalizada. ArcelorMittal ha decidido parar la actividad de su acería de Sestao (Vizcaya), reiniciada el pasado 3 de marzo, después de tres meses sin actividad por el precio de la luz, además de mantener otra de sus plantas funcionando a un tercio de su actividad. También Celsa ha abierto un ciclo de paradas selectivas, una decisión que muy probablemente acaben secundando otras siderúrgicas, como Acerinox y Sidenor.

La emergencia energética no está afectando solo a la industria siderúrgica, sino también a la de la automoción, el papel, las azulejeras, los productores de envases de vidrio y otros. Otro tanto vive el transporte de mercancías por carretera, un sector en el que operan 104.000 empresas en España, que ya ha alertado del riesgo de desabastecimiento de bienes por la insostenible presión ejercida por la escalada de los precios del gasoil y el gas natural comprimido y licuado. La patronal reclama al Gobierno medidas de alivio, entre ellas, la liquidación del gasóleo profesional con periodicidad mensual, en lugar de trimestral, o la aprobación de rebajas en las cotizaciones de la Seguridad Social.

El recrudecimiento de la guerra apunta a la necesidad de adoptar medidas urgentes que protejan no solo a los consumidores, sino también a las empresas de una espiral de costes que puede saldarse con una enorme factura económica. La decisión de Moscú de prohibir las exportaciones de productos y materias primas para proteger su industria, junto a los efectos de un eventual default, constituyen riesgos muy graves para una economía europea altamente expuesta y energéticamente dependiente. El anuncio de Bruselas de que aceptará poner un tope al precio del gas en el ‘pool’ eléctrico, pese a aplazar la decisión de excluirlo del mercado, supone una respuesta no inmediata y por tanto insuficiente para una coyuntura de emergencia. España debe proteger la competitividad de su industria con medidas de urgencia que permitan a las empresas sobrevivir en un entorno europeo en el que otros gobiernos han adoptado ya propuestas de apoyo frente a una coyuntura histórica de extrema gravedad.