Los expertos fiscales cargan contra los incentivos de la ley de vivienda para abaratar los alquileres
Los técnicos reunidos por Hacienda piden eliminar este beneficio Dicen que el coste fiscal, que asciende a 1.478 millones, no está justificado
El rediseño de las bonificaciones en el IRPF para rebajar los alquileres que el Ministerio de Transportes incluyó en el texto de la futura ley de vivienda se ha dado de bruces con la opinión de los expertos fiscales reunidos por Hacienda. El grupo de sabios, que presentó la semana pasada el libro blanco para la reforma fiscal, carga contra este incentivo por considerar que, “en el momento presente, no parecen existir razones sólidas” que justifiquen su uso.
Según consta en el documento, “no existe evidencia que muestre de manera causal” que estas deducciones sirvan para estimular la oferta “en una cuantía que justifique los costes de este beneficio fiscal”. Por ello, recomiendan la posibilidad de “rebajar sustancialmente” las reducciones estatales o incluso eliminarlas.
La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda fue aprobada a comienzos de febrero por el Consejo de Ministros, que la remitió al Congreso a la espera de que se abra el proceso de enmiendas que permita darle luz verde en el tercer trimestre del año como tarde. En el texto de Transportes hay un apartado para las bonificaciones fiscales, diseñadas para propiciar un abaratamiento de las rentas, fomentar el alquiler de los jóvenes y mejorar el parque residencial mediante obras de rehabilitación.
A grandes rasgos, la ley de vivienda rebaja la deducción vigente sobre el rendimiento neto del alquiler, pasando del 60% actual al 50%. A partir de ahí, la bonificación escala hasta el 70% y hasta un máximo del 90% si se cumplen una serie de requisitos, como rehabilitar el inmueble o abaratarlo un 5%, en el caso de que se encuentre situado en una zona tensionada.
Los expertos fiscales, tras haber evaluado este mecanismo y analizado las consideraciones de la Airef al respecto, dudan de que estas herramientas fomenten la oferta de vivienda. También sostienen que “los beneficiados pertenecen al grupo de mayor renta, lo que cuestiona su justificación” habida cuenta de que el coste estimado de este beneficio asciende a los 1.478 millones de euros considerando su efecto conjunto sobre las administraciones que participan en la recaudación de este impuesto.
Los técnicos que han redactado el libro blanco, en cambio, son partidarios de incluir los rendimientos del capital inmobiliario en la denominada base del ahorro del IRPF, algo que en su opinión permitiría suprimir de manera íntegra estas bonificaciones.
Las deducciones en el impuesto sobre la renta recogidas en la ley de vivienda fueron diseñadas conjuntamente por Transportes y Hacienda durante la negociación interna en el Ejecutivo para dar forma a la ley. Desde el ministerio que dirige María Jesús Montero, explican fuentes del departamento, recuerdan que aunque las propuestas tienen un carácter técnico y serán evaluadas, el Gobierno no tiene por qué coincidir completamente con los expertos. El libro blanco, además, no propone un calendario de reformas, por lo que las nuevas bonificaciones podrían funcionar temporalmente en el corto plazo mientras se van consolidando otras políticas adicionales que permitan abaratar e incentivar el alquiler, como puede ser la promoción del parque público de vivienda.
Incentivos
El diseño de las bonificaciones en el IRPF parte de una deducción genérica del 50%. A partir de ahí, las deducciones escalan en función de varias casuísticas. Así, los caseros podrán deducirse un 60% de los rendimientos netos del alquiler cuando hayan rehabilitado la vivienda; un 70% cuando el inquilino oscile entre los 18 y los 35 años y la casa esté en una zona tensionada o cuando el arrendatario sea una Administración Pública o entidad sin fin lucrativo; y un 90% cuando el alquiler se haya rebajado un 5% respecto al último contrato, de nuevo en una zona tensionada.
Desde Transportes, explican en el ministerio, defienden “incentivar y facilitar el alquiler asequible para que bajar los precios y facilitar el acceso a los jóvenes sea beneficioso para las dos partes, arrendadores e inquilinos”.
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