El Gobierno debe llamar a moderar los costes sin intervencionismos

La magnitud de la factura que la ofensiva rusa pasará a la economía europea es todavía difícil de cuantificar, aunque es indudable que el conflicto elevará todavía más la inflación y repercutirá en el crecimiento de las economías, en buena parte como consecuencia inevitable de las sanciones impuestas a Moscú, así como de la duración de la guerra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un paquete de medidas para tratar de paliar los daños colaterales del conflicto sobre la economía española. Se trata de una propuesta que contiene medidas necesarias junto a otras cuando menos discutibles.

Entre las primeras destaca la decisión de prorrogar hasta el próximo 30 de junio las rebajas fiscales a la luz, el bono social eléctrico y las ayudas a la industria electrointensiva con el fin de compensar la aceleración del desbocado rally de la energía que la ofensiva, sin duda, intensificará, especialmente si la ruptura con Moscú genera el corte del suministro de gas ruso. También acierta el Gobierno al demandar un acuerdo para mantener los costes y los salarios de las empresas bajo control e impedir así que la espiral de inflación se retroalimente y contagie gravemente a toda la economía.

Esto último sugiere una mediación del Gobierno en la negociación colectiva que tienen previsto abrir hoy los empresarios y los sindicatos, cuyo posible acuerdo influirá en las negociaciones de los convenios de más de 11 millones de asalariados. Una intervención que, según el Ejecutivo, abogará por “un reparto justo” de las cargas generadas por la guerra entre los trabajadores y los empresarios, lo que parece apuntar a un ajuste también de los beneficios y dividendos empresariales.

Aunque ciertamente los pactos de rentas resultaron útiles en crisis inflacionarias del pasado, no se ajustan ya a una economía de mercado en la que la situación de cada sector y de cada empresa es muy heterogénea, y en la que el intervencionismo público ha demostrado más de una vez su capacidad de producir más distorsiones que bienes. La labor del Gobierno en esta crisis es sin duda llamar seriamente a la moderación salarial, comenzando con el propio ejemplo, e impulsar con todas las herramientas posibles un acuerdo tácito entre los agentes sociales que mantenga bajo control el aumento de salarios y de costes.

Tampoco parece acertado, y sí precipitado, el anuncio de Bruselas de que no descarta alargar la suspensión de las reglas fiscales en Europa como respuesta a esta crisis bélica. Una propuesta secundada también por España, lo cual no es una sorpresa, pero que podría alejar una vez más a Europa de la vuelta a la necesaria ortodoxia fiscal antes de contar con elementos suficientes para calibrar la absoluta necesidad de la medida.