Ribera plantea destinar 2.000 millones de ingresos extra de las renovables a bajar la factura
Negocia con renovables y cogeneradores ajustar anualmente su retribución para reducir los cargos del recibo de la luz
El Ministerio para la Transición Ecológica ha vuelto a poner encima de la mesa una propuesta para que las plantas del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos) contribuyan a una bajada de la factura de la electricidad, que comenzó a subir el pasado verano tras la escalada de los precios del mercado mayorista, que en las últimas semanas ha superado la barrera de los 200 euros MWh (para hoy, marca 224,59 euros/MWh).
Tras el intento frustrado de alcanzar un acuerdo el pasado octubre, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, se ha reunido recientemente con las asociaciones de este sector (entre ellas, la eólica, AEE; las fotovoltaicas, UNEF y Anpier, o la de cogeneradores, Acogen) para plantearles un ajuste anticipado de la retribución específica que reciben dichas plantas, que suman una potencia de 29.200 MW sobre los algo más de 50.000 MW que componen el parque renovable español. Ello no implicaría, según fuentes del sector, ningún tipo de retroactividad, pues no se obligaría a las empresas a devolver nada, sino a dejar de percibir lo que ya han cobrado por adelantado.
Las instalaciones del Recore tienen garantizada durante 25 años una rentabilidad por su inversión del 7,1% (o el 7,4% en el caso de las que renunciaron a recurrir a arbitrajes internacionales por los recortes de la reforma eléctrica de 2014) y un precio de referencia de unos 30 euros MWh. Como estas plantas venden su energía en el mercado mayorista, dados los desorbitados precios que están obteniendo en él, han triplicado o cuadruplicado dicha rentabilidad en pocos meses, hasta un 21%.
No es que las empresas vayan a percibir una rentabilidad superior a la que les corresponde por derecho a lo largo de la vida regulatoria de la planta, sino que la están recibiendo con un adelanto inusitado y el plazo para ajustarla (cada tres años), está resultando en las actuales circunstancias demasiado dilatado.
El mecanismo regulatorio, que fue revisado en 2020 por el Gobierno, establece periodos de seis años para poder revisar la retribución y, por el camino, semiperiodos regulatorios (el actual termina a finales de este año) para saldar cuentas con las compañías: si han superado la citada rentabilidad por haberse beneficiado de precios altos del mercado, se les descuenta en el siguiente trienio; si han percibido de menos, se les compensa (por ejemplo, en 2020 los precios se derrumbaron) y si han cobrado todo el incentivo, pasan directamente al mercado (de seguir así, podrían cobrar en 15 años lo que les corresponde en 25).
Existe además el peligro de que, llegado al fin de la vida regulatoria, las plantas que hayan cobrado de más no devuelvan el exceso al sistema. Así lo establece en un anexo el RD 413/2014: el valor del ajuste por desviaciones en el precio del mercado (..) en ningún caso podrá ser negativo”.
Adelantando los semiperiodos de tres años a un año, se evitaría en buena medida este peligro y se ajustaría la rentabilidad al marco actual de precios. Se calcula que la medida supondría un ahorro para el sistema eléctrico de unos 2.000 millones de euros este año, que reducirían los cargos que pagan los consumidores en su factura. Y es que el elgrueso de los cargos, que, junto a los peajes de acceso a las redes, componen la parte fija del recibio, ascienden este año a 9.698 millones de euros, de los cuales, 6.630 millones corresponden a los incentivos del Recore. El resto, se destina al pago de la deuda histórica de la luz, las subvenciones a las islas y otros costes del sistema.
Sea como fuere, el Gobierno quiere el máximo consenso para evitar un amotinamiento de un lobby como el renovable, con fuerte respaldo social. La mayor oposición la sigue encontrando especialmente en Acciona, propietaria de los parques eólicos más antiguos, los que comenzaron a funcionar a principios de los 2000. Fuentes empresariales consideran que el ministerio que dirige Teresa Ribera lo va a tener difícil, aunque podría contar con el apoyo de las empresas con plantas más nuevas o las que consideran que el sector debería ayudar a paliar los efectos de la grave situación de los precios. “No se entiende que las del Recore se empeñen en adelantar la amortización de la inversión en medio de la crisis actual que vive el país”, añaden.
La crisis no parece tan coyuntural
Aunque la tensión informativa por los altos precios de la electricidad parece haber decaído, la situación se ha agravado y el Gobierno quiere buscar algún remedio para paliar los efectos de una crisis, la de los precios del gas que se trasladan a los de la luz, que ya no parece tan coyuntural como se creía el año pasado. El Ejecutivo tiene claro que el problema no se resolverá en el primer semestre del año y ya contempla la prórroga de los recortes de impuestos de la factura de la luz, que terminan en marzo y abril.
Además de la incertidumbre por la crisis internacional desatada ante una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, y su efecto en los precios del gas, el transcurso del tiempo y el inicio del nuevo año ha acarreado la renovación de los contratos de muchos consumidores del mercado libre con los precios actualizados al alza. Todo ello, aderezado con la mayor demanda por el invierno, está disparando la factura.
Tras el fracaso en la propuesta de octubre de destinar la energía de las renovables a los domésticos, Transición busca ahora consenso para un ajuste temporal en el cobro de los incentivos de las plantas del ‘Recore’.
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