La UE relanzará este año la tasa Tobin para gravar las compraventas en Bolsa
El objetivo es tener lista una norma unificada para finales del ejercicio La banca española incluye el tributo como un posible riesgo adicional
La tasa Tobin para los países de la UE vuelve a estar a debate. El objetivo es recabar las opiniones del Club de los 27 para lanzarla antes de finales de este año y así incorporarla al presupuesto comunitario. De entrada, se gravarían las compras y las ventas con el 0,1% en cada transacción, frente al 0,2% aplicado en España solo a las adquisiciones desde enero del año pasado. BBVA alerta en un documento enviado a la CNMV de que este tributo europeo de nuevo cuño gravaría las adquisiciones de valores emitidos por el grupo.
La posibilidad de un impuesto a las transacciones financieras (léase, a la compraventa de acciones en las Bolsas) viene de lejos. La primera propuesta de directiva data de 2011, aunque nunca llegó a ponerse en marcha. Pero el año pasado, durante la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, se relanzó el tema, y este está en pleno debate.
Es más, han surgido las alarmas entre los operadores del mercado, y eso que en España ya se aplica este impuesto desde enero del año pasado, que grava con el 0,2% la compra de compañías con sede en España que superen una capitalización de 1.000 millones de euros. El objetivo es llegar a final de año con una propuesta que reciba el visto bueno de los distintos gobiernos, representados en el Consejo.
El riesgo está negro sobre blanco en un documento de BBVA entregado a la CNMV la semana pasada, en el que destaca como un peligro “la creación de nuevos tributos, como el impuesto común sobre las transacciones financieras (ITF) que se prevé en la propuesta de directiva del impuesto sobre las transacciones financieras de la Comisión Europea, que gravaría las adquisiciones de ciertos valores, incluidos los emitidos por el grupo”.
El objetivo de este tributo era que las entidades financieras contribuyeran a la financiación de los costes generados por la Gran Crisis Financiera. Su capacidad recaudatoria se estimó en su momento entre los 30.000 y los 35.000 millones de euros anuales, que irían a parar a las arcas de la UE. La necesidad de ingresos para financiar los planes de estímulo para recuperarse del Covid –a España le corresponden 140.000 millones– y, ahora, la invasión de Ucrania por Rusia disparan las necesidades de ingresos adicionales.
Los países de la UE deberán dar su opinión sobre el enfoque propuesto para el diseño del impuesto sobre las transacciones financieras, y analizar las experiencias francesa, italiana y española, para evaluar si representan una base sólida para el enfoque europeo.
Con o sin derivados
De entrada, el proyecto que se debatirá es el de hace más de una década, que prevé un tipo mínimo del 0,1% para las transacciones con acciones y un 0,01% para los derivados. Este último punto será objeto de un análisis específico, puesto que la regulación del impuesto en España y Francia solo obliga a tributar por el contado. En Italia sí se gravan los derivados, con un 0,2%, y con un umbral inferior al aplicado en España, pues se aplica a las compañías con capitalizaciones de más de 500 millones.
La introducción prevista para este año sería progresiva. A los países que ya aplican el impuesto –Francia, España, Grecia, Italia y Bélgica– se unirían Alemania, Portugal, Austria, Eslovaquia y Eslovenia.
La propuesta, sin embargo, deja abierta la puerta a que, si finalmente no se puede llegar a un acuerdo para poner en marcha el impuesto con las nuevas reglas en los 10 países mencionados se busque un enfoque más amplio para todos los que forman el Club de los 27.
Así, en caso de que no se produzca un acuerdo a finales de 2022, la Comisión Europea promoverá un nuevo debate, en términos más amplios, para tener listas sus propuestas antes de junio de 2024, con el objetivo de que el impuesto esté listo en enero de 2026.
La misión es que se evalúe el impacto de este tributo, que las administraciones tributarias desarrollen procedimientos de recaudación eficientes y que las infraestructuras del mercado y las instituciones financieras pongan los medios necesarios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas del nuevo gravamen.
El fracaso de la recaudación en España
Primer año. El Gobierno presupuestó unos ingresos de 850 millones anuales por el impuesto sobre las transacciones financieras introducido en enero de 2021. Pero la recaudación entre enero y noviembre, el último dato disponible, se situó en 288 millones, de manera que, previsiblemente, la cuantía que recibirán las arcas públicas se acerque a los 300 millones de euros, poco más de un tercio de lo esperado. Este año, los inversores de un total de 57 cotizadas españolas, las que tenían un valor en Bolsa superior a los 1.000 millones el pasado 1 de diciembre, tienen que afrontar el pago del 0,2% por la adquisición de esos valores.
Estudio de la CNMV. En el plan de actividades para 2022 del supervisor que preside Rodrigo Buenaventura se incluye “un análisis de los posibles efectos del impuesto a las transacciones financieras, que entró en vigor el 16 de enero de 2021, sobre la negociación de los valores afectados y otros indicadores relevantes del mercado”.
Volumen por los suelos. El año pasado, el importe negociado en BME fue de 378.121 millones de euros, la menor cuantía desde 1999, año de la llegada del euro a las operaciones financieras.
