Hacienda aprueba las tasas Google y Tobin rebajando su objetivo de recaudación

El Gobierno da luz verde a los dos nuevos impuestos, que aún deben ser tramitados en el Parlamento, reduciendo sus ingresos potenciales de 2.050 a 1.818 millones de euros

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha dado luz verde este martes los primeros pilares que construirán su reforma tributaria, para adaptar el marco fiscal español al siglo XXI, aprobando la creación de dos nuevos impuestos: uno sobre los negocios digitales y otro sobre la compraventa de acciones.

Pendientes ahora de su tramitación parlamentaria, los nuevos tributos tardarán aún varios meses en entrar en vigor y en el caso de la llamada tasa Google, Hacienda ha previsto una única liquidación extraordinaria en el año 2020, prevista para diciembre, en lugar de la trimestral que tendría a partir del próximo ejercicio.

La idea es dar tiempo a la OCDE para llegar a un acuerdo sobre el impuesto digital internacional que se está negociando con miras a impulsarlo a finales del ejercicio, a fin de evitar que la administración estadounidense que dirige Donald Trump contraataque con nuevos aranceles sobre productos españoles en represalia por un impuesto que gravará especialmente a gigantes de aquel país como Google, Amazon o Facebook.

La decisión se ha tomado después de que el Gobierno francés hiciera lo propio, dejando en suspenso durante 2020 la tasa digital que aprobó el pasado año con la idea de liquidarla íntegramente a final de año o sustituirla por la de la OCDE. También en España, en caso de que se alcance un consenso la tasa española sería eliminada en favor de la global.

La tasa Google española gravará al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital entre consumidores y empresas o la venta de datos de usuarios de las compañías que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres en España. Hacienda estima que su potencial recaudatorio es de 968 millones de euros lo que supone una sustancial rebaja desde el objetivo inicial de 1.200 millones anuales, lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha achacado a la rebaja del crecimiento económico prevista para este año frente a 2019.

Más allá, el Consejo de Ministros ha aprobado también este martes un tributo sobre las transacciones financieras que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. El objetivo es ingresar 850 millones de euros anuales.

Ambos textos fueron ya tramitados como anteproyectos de ley a comienzos de 2019 y acabaron decayendo con la convocatoria electoral del 28A. El Gobierno ha aprovechado el trabajo avanzado para recuperar las medidas ahora y tratar de agilizar así la consecución de nuevos ingresos a sabiendas de que el resto de la reforma fiscal, ligada a al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020 no estará en vigor hasta la segunda mitad del año, en el mejor de los casos.

Entre ambas figuras, Hacienda aspira a recaudar 1.818 millones de euros cada año. Aunque la cifra es inferior a los 2.050 millones que se esperaba lograr un año antes, esta por ver hasta qué nivel se rebajará el resultado de 2020, ya que aún faltan meses para que ambos tributos puedan entrar en vigor en caso de que el Parlamento les de el visto bueno. Es posible además que tras este trámite los tributos vean la luz con cambios sustanciales en su redacción. Más allá, organismos con la Comisión Europea o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya han rebajado con fuerza el potencial de recaudación de estos dos nuevos impuestos al entorno de los 350 millones en conjunto.

Montero ha hecho hincapié en que estas medidas son los primeros pasos para la reforma tributaria a la que aspira este Gobierno, defendiendo que los nuevos impuestos aprobados están en línea con los impulsados en otros países vecinos como Francia y Reino Unido o los que discute impulsar la Unión Europea.

Hacienda propone a Cristina Herrero como presidenta de la Airef

El Consejo de Ministros ha acordado este martes nombrar a Cristina Herrero como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo que ya presidía de forma interina desde mediados de enero en sustitución de José Luis Escrivá, tras ser nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del nuevo Gobierno de coalición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que Herrero es "una profesional con una dilatada carrera de reconocido prestigio" y ha ensalzado la "labor encomiable" como directora de la División de Análisis Presupuestario del organismo.

Montero ha afirmado que el Gobierno está convencido de que Herrero desarrollará un trabajo "independiente y riguroso" al frente de la Autoridad Fiscal, organismo que "se ha ganado su merecido respeto dentro y fuera de las fronteras por la calidad y rigor de sus informes". "Deseamos que cuente con el necesario apoyo parlamentario", ha añadido, según recoge Europa Press.

Herrero, que antes de sustituir a Escrivá ostentaba el puesto de directora de la División de Análisis Presupuestario de la AIReF, ocupó la Presidencia del organismo el pasado 13 de enero de forma interina conforme al reglamento de régimen interior de la institución. El nombramiento de Herrero por parte del Ministerio de Hacienda sustituye al de Escrivá en la AIReF, que inició a través de un real decreto el 21 de febrero de 2014 y finalizó en enero al ser designado ministro.

Con un perfil más técnico que su predecesor, Herrero dirigirá la AIReF en un contexto de cercana aprobación y tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, una vez ha visto ya la luz el 'techo de gasto' y la nueva senda de estabilidad, que evidencia que España tendrá que realizar de nuevo un esfuerzo de consolidación fiscal para reducir sus niveles de déficit y deuda pública.

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