Infraestructuras

Sacyr avanza en el arbitraje contra Panamá por los problemas en la obra de ampliación del Canal

El tribunal Uncitral afirma que la actuación de la Autoridad del Canal es atribuible a la República de Panamá, a la que se reclaman más de 1.000 millones de dólares

Sacyr avanza en el arbitraje contra Panamá por los problemas en la obra de ampliación del Canal

El largo proceso de arbitraje interpuesto por Sacyr ante el tribunal Uncitral contra la República de Panamá, tras el quebranto económico sufrido por la constructora en las obras de ampliación del Canal de Panamá, ha dado un paso significativo adelante. El órgano dependiente de Naciones Unidas ha indicado a las partes que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), operadora de la infraestructura y promotora del proyecto, se pueden atribuir al Estado panameño. Una argumentación que contradice la posición del Gobierno del país centroamericano y que cumple con uno de los requisitos para que el caso sea objeto de revisión ante esta instancia.

La compañía demanda una compensación millonaria al amparo del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá (APPRI). El presidente, Manuel Manrique, fijó la reclamación en "más de 1.000 millones de dólares" en una reunión celebrada con analistas en octubre. En ese momento se afirmó que era pronto para saber si había caso.

En relación con el macroproyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal, Sacyr anunció el lunes que la ACP había firmado el certificado que acredita el cumplimiento de las obligaciones del consorcio constructor GUPC, que entregó la obra en 2016. Con ello, quedarán liberadas garantías por 250 millones de dólares (unos 220 millones de euros). La española cuenta con un 41,6% del capital del consorcio, que también era integrado por WeBuild y Jan de Nul.

Pero más allá de este hito, y de la conformidad de la ACP con la ejecución de la infraestructura y su funcionamiento, Sacyr y sus socios mantienen abiertos arbitrajes por 3.500 millones de dólares, que se dirimirán previsiblemente hasta 2024. Y la compañía española decidió abrir ante el Uncitral su propio pleito contra Panamá.

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