La dureza británica con los oligarcas rusos puede carecer aún de mordiente

La nueva regulación da un margen comparable al de la de EE UU, pero dependerá de cómo se aplique en la práctica

Embajada de Rusia en Londres.
Embajada de Rusia en Londres. reuters

En general, los oligarcas consideran que el Reino Unido es un país blando. El cuadro de multimillonarios a cargo de las mayores empresas rusas ha podido utilizar durante años Londres como su patio de recreo. Una invasión rusa de Ucrania puede cambiarlo.

Gran Bretaña tiene desde hace tiempo formas de apretar. Sin embargo, las buenas ideas, como un registro que muestre los verdaderos propietarios de las mansiones londinenses en manos de empresas ficticias, han tardado mucho en ponerse en marcha. La prohibición de los llamados visados dorados, por los que los extranjeros ricos entregan millones de libras para acceder fácilmente a Gran Bretaña, no se ha planteado hasta ahora.

Las reformas de 2019 sí que se centraron en los individuos, para congelar sus activos y prohibirles viajar. Pero se fijaron estrictamente en los implicados en la desestabilización de Ucrania. Los nombres sancionados hasta ahora no incluyen, en su mayoría, a altos oligarcas identificados por Estados Unidos como cercanos al Krem­lin, como el empresario Gennady Timchenko, o y figuras del Gobierno, como el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.

Compárese con la lista de “nacionales especialmente designados” (SDN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en la que el oligarca se incluyó a Oleg Deripaska en abril de 2018. Esto convierte en la práctica al sancionado en criptonita, ya que los bancos mundiales que utilizan el sistema del dólar estadounidense se arriesgan a ser sancionados ellos mismos si tratan con ellos. Lo gracioso era que incluso aquellos que recomendaran un restaurante a Deripaska podían acabar en la lista SDN. El oligarca tuvo que desvincularse tortuosamente de sus empresas globales Rusal (aluminio) y En+ (energía verde y metales) para evitar que también fueran sancionadas.

Sin embargo, desde el día 10 de este mes, el Reino Unido está endureciendo su actuación. En virtud de las nuevas enmiendas a la normativa de 2019, quienes posean o dirijan empresas pueden ser sancionados si “han participado en la obtención de un beneficio del Gobierno de Rusia o lo han apoyado”. Ese es un lienzo bastante amplio, en algunos aspectos más extenso incluso que el equivalente estadounidense. También incluye industrias de importancia estratégica como la minería y la energía. Aunque carece de la letal extraterritorialidad de la lista SDN de Estados Unidos, podría suponer un grupo más amplio de individuos a los que sancionar y bloquear en la práctica la entrada en Gran Bretaña.

El verdadero test, sin embargo, está en la aplicación. El Partido Conservador británico es el responsable del débil enfoque de la última década, y sigue llevando la voz cantante. El exministro conservador Greg Barker es presidente ejecutivo de En+. Es demasiado pronto para saber si Ucrania cambiará las reglas del juego de forma decisiva.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías