Una banca que ha hecho sus deberes, pero que debe llegar a todos sus clientes

Los resultados correspondientes a 2021 de la evaluación supervisora (PRES), que realiza cada año el BCE con el fin de determinar los niveles de capital con los que debe contar cada banco de la Unión Europea, confirman que la banca española ha hecho sus deberes y progresa adecuadamente. La entidad ha elevado ligeramente los requisitos de solvencia para 2022 de cuatro entidades –CaixaBank, Bankinter, Abanca e Ibercaja– para el Pilar 2, un colchón que se fija de forma individual para cada banco en función del capital adicional que pudiera requerir para cubrir sus riesgos potenciales. Según el informe, el conjunto de la banca europea mantiene posiciones de capital y de liquidez sólidas, aunque hay seis entidades que suspenden en solvencia. Fráncfort considera que el sector ha respondido satisfactoriamente a los desafíos de la pandemia y ha contribuido de forma clave a la resiliencia de la economía europea, al seguir concediendo crédito a los hogares y a las empresas.

El significativo esfuerzo que ha realizado la banca para adaptarse a los exigentes requisitos de capitalización impuestos por Europa en un entorno monetario hostil al negocio constituye un ejemplo de capacidad de adaptación empresarial. La necesidad de compensar la creciente estrechez de los márgenes ha impulsado la digitalización de los servicios financieros y la racionalización de la planta de oficinas. Pero ese proceso de vertiginosa modernización ha generado también disfunciones en lo que respecta a la atención al cliente de zonas rurales y, especialmente, a la población de mayor edad, que tiene grandes dificultades para operar en un entorno bancario cada vez más automatizado y despersonalizado. Unas barreras que no están relacionadas solo con la formación digital, sino con la pérdida de facultades asociadas a la edad.

La banca española ha respondido a este reto social y a los propios requerimientos del Gobierno con el anuncio de un plan de choque para combatir la exclusión financiera de los clientes mayores, los que viven en entornos rurales y los que cuentan con alguna discapacidad. Como ha señalado el presidente de la AEB, José María Roldán, se trata de un serio problema que no solo atañe a la banca, sino a muchos otros sectores, y que es consecuencia de un modelo de negocio altamente digitalizado, pero que olvida las necesidades de una buena parte de sus clientes. El Gobierno ha acertado al llamar la atención sobre una brecha tecnológica que deja fuera del sistema a un creciente número de españoles, pero parece olvidar que el problema afecta a la Administración Pública en ámbitos tan fundamentales como la sanidad, y que corresponde al Estado la responsabilidad de abrir camino con el ejemplo.