Los solicitantes del bono al alquiler deberán acreditar cierta estabilidad económica

No podrán pedir la ayuda los jóvenes que tengan de casero a un pariente o socio Los extracomunitarios con residencia regular podrán solicitar los 250 euros al mes

EFE

El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que detalla la letra pequeña del bono al alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales durante dos ejercicios para los jóvenes de entre 18 y 35 años que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra la obligación de contar con una cierta estabilidad económica. Así, los perceptores tendrán que acreditar una vida laboral de al menos tres meses durante el periodo previo a la solicitud o asegurar una fuente de ingresos que dure, como mínimo, seis meses desde el momento de la petición.

Por norma general, además de la edad, los solicitantes tendrán que justificar que sus ingresos anuales, ya sea por rentas del trabajo o por actividades empresariales o profesionales, no superan los 24.318 euros, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Sin embargo, también será necesario hacer ver que la fuente de ingresos es "regular". Por ello, habrá que "acreditar una vida laboral de, al menos, tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud", detalla el texto publicado en el BOE. 

También podrán optar al dinero el personal investigador en formación y las personas perceptoras de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que esa asistencia se alargue durante al menos medio año.

Entre otros requisitos, según anunciaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los jóvenes beneficiarios tendrán que ser titulares o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento que no supere los 600 euros mensuales en el caso de una vivienda completa, pudiendo llegar al límite de 900 en el caso de que el inmueble esté en una zona tensionada. Al ser una ayuda finalista, recordaron las mismas fuentes, los jóvenes tendrán que destinar los 3.000 euros anuales íntegramente al pago del alquiler.

El texto que recoge este miércoles el BOE añade otra serie de exigencias y vetos. Así, no podrá concederse la ayuda "cuando la persona solicitante o alguna de las que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda" tengan relación familiar o empresarial con el casero, entre otros puntos. De esta forma, quedarán fuera de la ayuda los inquilinos que tengan "parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad" con el arrendador. También, si son socios o partícipes "de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora o cedente".

Tampoco podrán pedir el bono quienes sean propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, exceptuando a quienes tengan únicamente el derecho sobre una parte del inmueble o a quienes acrediten que la casa no está disponible por una serie de causas, como el divorcio o la inaccesibilidad.

Los perceptores, según explicaron ayer fuentes de Transportes, deberán tener también la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o Suiza. Las personas extranjeras no comunitarios, añade el texto publicado en el BOE, deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en el país.

El bono, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, se terminará de definir con las comunidades autónomas en el plazo de entre un mes y medio y dos meses, según explicó ayer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. A partir de aquí, las regiones podrán abrir las convocatorias autonómicas para que los interesados presenten la petición. Los plazos finales para hacer efectiva la solicitud, por ello, dependerán de los ritmos de los propios gobiernos regionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en un acto en Alicante que la medida es una política que "ha nacido para quedarse" y se ha mostrado convencido de que irá "expandiéndose" tanto en la cuantía como en número de beneficiarios. Por el momento, contará con 200 millones en los Presupuestos de 2022 y con otros 200 millones en los de 2023.

Habitaciones y otras excepciones

El texto también permite que puedan acceder a la ayuda los inquilinos que hayan alquilado una habitación, y no una vivienda entera. En este caso, la renta de la estancia no podrá superar los 300 euros mensuales, aunque como sucede en el caso de las viviendas completas, se cuenta con la posibilidad de ampliar el límite hasta los 450 euros en las ciudades o zonas en las que los alquileres sean más caros. Esta posibilidad, tanto en el caso de las habitaciones individuales como en el de las viviendas completas, tendrá que acordarse en la comisión bilateral que reunirá a Transportes y la comunidad autónoma en concreto.

Los requisitos del límite de renta podrán flexibilizarse incluso más en el caso de los pisos compartidos de jóvenes en los que, por ejemplo, la cuantía conjunta de todas las habitaciones supere el límite previsto de hasta 900 euros mensuales. En esta situación, las autonomías, con el aval de Transportes, podrían considerar que los inquilinos reciban la ayuda siempre y cuando cumplan con el resto de requisitos fijados.

A su vez, y con el objetivo de no penalizar la movilidad laboral, el real decreto aprobado por el Ejecutivo contempla la posibilidad de elevar el límite de ingresos anuales hasta cuatro veces el Iprem, unos 32.425 euros, cuando el inquilino tenga que moverse de comunidad autónoma o provincia –y por ello de vivienda– por motivos de trabajo.

Solo un 29% en Madrid y un 18% en Barcelona

Salvo en contadas ocasiones, el bono joven al alquiler de 250 euros llegará únicamente a las viviendas con un precio máximo de 900 euros al mes. Este límite, fijado por el Ministerio de Transportes para aquellos mercados más tensionados, supone que solo el 29% de los alquileres de Madrid y el 18% de los de Barcelona podrán ser potenciales beneficiarios de la ayuda.

Es la principal conclusión del análisis Impacto del bono joven según la oferta y los precios, realizado por Fotocasa, en el que el portal inmobiliario añade que únicamente el 1,4% de viviendas en Madrid y el 0,8% en Barcelona están por debajo de los 600, el límite genérico que se ha establecido para la mayoría de regiones.

Según el portal, aunque Madrid y Barcelona han mostrado descensos muy significativos en el último año (de hasta un 15%), todavía siguen mostrando precios por encima de la media nacional: un 44% y un 64%, respectivamente. Así, el precio medio de un alquiler en la capital es de 14,83 euros el metro cuadrado, mientras que en la Ciudad Condal llega a los 16,82 euros. Esto hace que, de media, el alquiler cueste 1.186 y 1.345 euros mensuales. Muy por encima de la frontera de 900 euros marcada para los mercados más caros.

Por ello, "el gran problema se produce en Madrid y Barcelona, que es donde más se necesita un respiro", explica la directora de Estudios y portavoz del portal, María Matos. El Gobierno hace un cálculo estimatorio de que este bono beneficiará a unos 70.000 jóvenes, "una cifra totalmente insuficiente, teniendo en cuenta que en España tenemos más de 7 millones menores de 35, y que más de la mitad demandan un alquiler como primera opción de vivienda para poder emanciparse". Esta ayuda "tiene buenas intenciones, pero es necesario que llegue sobre todo a los jóvenes que viven en las zonas más tensionadas de nuestro país".