El bono al alquiler cubrirá a los jóvenes que ingresen hasta 32.425 euros y se muden por motivo laboral

La ayuda llegará de forma general a los menores de 36 años con rentas de hasta 24.318 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el bono joven al alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales durante dos ejercicios para los inquilinos que oscilen entre los 18 y los 35 años. La medida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, está dotada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 con 200 millones de euros y prevé llegar a cerca de 70.000 personas. El bono, explicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, “va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un obstáculo para los jóvenes y su emancipación”.

Para beneficiarse de la ayuda habrá que cumplir con una serie de requisitos. Los interesados tendrán que acreditar, entre otros puntos, que sus ingresos anuales no superan los 24.318 euros, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En un principio, cuando se anunció el bono el pasado mes de octubre, este límite se situaba en los 23.725 euros al año, pero tras la subida del 2,5% del Iprem en 2022 la frontera se actualiza.

Sin embargo, para no penalizar la movilidad laboral, el real decreto aprobado por el Ejecutivo contempla la posibilidad de elevar el límite de renta hasta cuatro veces el Iprem, unos 32.425 euros anuales, cuando el inquilino tenga que moverse de comunidad autónoma o provincia –y por ello de vivienda– por motivos de trabajo.

Según avanzaron fuentes de Transportes, y con el objetivo de no poner barreras a la movilidad laboral, el ministerio planteará a las comunidades autónomas que en estos casos se pueda producir una transferencia de la ayuda entre las dos regiones. Así, y siempre que el inquilino siga cumpliendo con las exigencias fijadas, la autonomía receptora tendría que abonar el dinero al que en un principio optó el arrendatario.

Límite de precio

Los perceptores también tendrán que figurar como inquilinos en un contrato de alquiler cuya cuantía no supere los 600 euros mensuales, si bien se contemplan una serie de excepciones para abrir la mano en las regiones con precios medios más altos. En concreto, el texto final deja en manos de las comunidades autónomas –quienes tienen competencia en materia de vivienda– la posibilidad de ampliar ese límite hasta los 900 euros mensuales sin tener que justificar esta decisión.

Al ser una ayuda finalista, recordaron las mismas fuentes, los jóvenes tendrán que destinar la ayuda de 3.000 euros anuales íntegramente al pago del alquiler. En estos casos, señalaron las fuentes de Transportes, habrá mecanismos de control por parte de comisiones bilaterales y de las propias autonomías para evitar posibles fraudes.

Habitaciones

El texto también permite que puedan acceder a la ayuda los inquilinos que hayan alquilado una habitación, y no una vivienda entera. En este caso, según adelantó este martes El País y confirmaron desde Transportes, la renta de la estancia no podrá superar los 300 euros mensuales, aunque como sucede en el caso de las viviendas completas, se cuenta con la posibilidad de ampliar el límite hasta los 450 euros en las ciudades o zonas en las que los alquileres sean más caros. También en este caso tendrá que haber un acuerdo previo entre el ministerio y la comunidad autónoma.

Excepciones

Varios de estos requisitos se flexibilizan en el caso de los pisos compartidos de jóvenes en los que, por ejemplo, la cuantía conjunta de todas las habitaciones supere el límite previsto de hasta 900 euros mensuales. En estos casos, las autonomías, con el aval de Transportes, podrían considerar que los inquilinos reciban la ayuda siempre y cuando cumplan con el resto de requisitos fijados.

Calendario

El bono, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, se terminará de definir con las comunidades autónomas en el plazo de entre un mes y medio y dos meses, según explicó Raquel Sánchez. A partir de aquí, las regiones podrán abrir las convocatorias autonómicas para que los interesados presenten la petición. Los plazos finales para hacer efectiva la solicitud, por ello, dependerán de los propios gobiernos regionales.

Otras ayudas

Para evitar duplicidades con otras ayudas públicas diseñadas específicamente para el arrendamiento, el Gobierno también ha fijado una serie de límites. Así, el bono no será compatible con otras prestaciones destinadas al alquiler que concedan las comunidades y ciudades autónomas, los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas.

Sin embargo, quedarán fuera de estas limitaciones los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por último, el ministerio ha establecido que el bono joven al alquiler sí será compatible con otras ayudas enmarcadas en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda relativo a 2022-2025, también aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Subida de precios

El Gobierno asegura que los 250 euros que recibirán los perceptores cada mes no se trasladarán a los precios del alquiler, por lo que no se producirá un efecto inflacionario. Las fuentes de Transportes recordaron que para acceder a la ayuda es necesario, entre otras exigencias, tener un contrato de alquiler en vigor. “El casero no puede saber si un joven con el que va a firmar tiene la ayuda asignada. No lo sabe ni el inquilino. Primero tienes que demostrar que tienes contrato, por lo que no debería producirse un efecto inflacionista”. Las fuentes recordaron también que el contrato, una vez firmado, no puede modificarse ni encarecerse, por lo que “es imposible” que haya una traslación a los precios.

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