La necesaria (y no siempre presente) eficacia del sector público

Las Administraciones públicas españolas presentan amplios márgenes de mejora y reforma para reducir sus ineficiencias y aumentar su productividad

La economía española ha encadenado en poco más de una década dos crisis de muy diferente condición. La iniciada en 2008 fue producto del estallido de una enorme burbuja inmobiliaria y financiera y, por tanto, necesitaba purgar un tejido productivo y un nivel de empleo solo sostenible al abrigo de esas condiciones extraordinarias de endeudamiento privado alejadas del potencial real de la economía española. La actual crisis, generada por el Covid-19, no tiene carácter estructural, y la mayor parte de las empresas volverán a ser viables con el retorno a la normalidad.

Es evidente que las políticas públicas aplicadas en los dos últimos años manteniendo las rentas de las personas y protegiendo los proyectos empresariales junto con el refuerzo de la sanidad, educación y servicios sociales, han limitado los efectos negativos de la pandemia. No tiene sentido, sin embargo, apuntarse el tanto de haber aplicado una solución más social a la actual crisis, dado que los ERTE y la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, dos de las principales herramientas utilizadas ahora, solo habrían servido en la anterior crisis para mantener vivas empresas zombis con un muy elevado coste para el erario público.

Pasado lo más duro de la pandemia, España se enfrenta a sus problemas habituales. La inferior renta por habitante sobre la media europea y el elevado desempleo estructural son dos de los más graves, que se deben afrontar con una posición fiscal bastante deteriorada (déficit estructural en torno al 5% del PIB y deuda pública por valor del 120% del PIB), y una sociedad inmersa en un proceso de polarización con una progresiva radicalización de las personas que escuchan cada vez más los discursos populistas. Discursos que recogen lo que la gente quiere escuchar sin explicarles los costes, desventajas y/o contradicciones.

Dentro de las propuestas para superar las deficiencias de la economía española se encuentran las de quienes reclaman una mayor presencia de lo público. Algunas voces incluso apelan a su presencia como solución mágica para solucionar cualquier problema, al considerar una ventaja la desaparición del beneficio privado abriendo la posibilidad a producir más bienes y servicios con el mismo coste. En la práctica las cosas no son así de lineales, y si bien la teoría nos dice que el sector público puede intervenir en las relaciones sociales y económicas para mejorar la eficiencia y la equidad (y solventar los fallos de mercado), también nos dice que debe cumplir determinados requisitos para que sea útil (y no derivar en los demasiado habituales fallos de gobierno). No se trata de intervenir sin motivo o de gastar por gastar el dinero de los ciudadanos.

Antes de tomar decisiones es bastante conveniente realizar un ejercicio de análisis del funcionamiento de las Administraciones públicas. Mi experiencia en varias de ellas señala que presentan amplios márgenes de mejora para aumentar su eficacia y eficiencia, en definitiva, su productividad. Para conseguir esa deseable mejora, se necesita disponer de normas que permitan utilizar adecuadamente los recursos humanos dentro de una organización de trabajo razonable (capacidad real de penalizar a quienes no cumplen con sus obligaciones y recompensar adecuadamente a quienes lo hacen junto con movilidad en puestos de trabajo). Se necesita agilizar las actuaciones con un diseño de las políticas que permita la automatización de los procesos y procedimientos al utilizar las actuales herramientas digitales, garantizando que lleguen pronto y con seguridad a los administrados. Se necesita optimizar las normas actuales que entorpecen la agilidad de las actuaciones administrativas (como ejemplo de incoherencia citar la extremadamente compleja ley de contratos). Se necesita evaluar los resultados de las políticas aplicadas, para mejorarlas o directamente dejar de implementarlas, y en un Estado tan descentralizado como España es imprescindible alcanzar una plena coordinación y colaboración entre Administraciones (todas forman parte del Estado y la información es de todas las Administraciones, no solo de quien la recaba). Las dificultades no se arreglan invocando neologismos sin contenido real en la práctica como cogobernanza, o palabros como Estado plurinacional que en última instancia esconde una desequilibrada distribución de la renta hacia los territorios más ricos.

La mejora de la gestión de las políticas nacionales (gasto equivalente al 44,1% del PIB en la última década) sería motivo suficiente para incorporar las necesarias reformas. Pero además, la Unión Europea ha dado el paso de aprobar un elevado volumen de recursos para mejorar la generación de riqueza reforzando un tejido productivo con capacidad de competir en este nuevo mundo más globalizado, a la vez que de forma sostenible para el planeta. A España le corresponden casi 140.000 millones de euros (la mitad a fondo perdido y la otra a devolver) a gastar hasta 2026. Recursos que sumar a los que se incluyan en el marco financiero plurianual 2021-2027.

En mi opinión, es fácil repetir hasta la saciedad que hay que modernizar la Administración pública desde las distintas tribunas, pero si no se aplican cambios relativamente profundos va a ser muy difícil ejecutar los recursos propios y comunitarios cumpliendo con los exigentes objetivos marcados. Los cambios enunciados no necesitan dinero o, por lo menos, no demasiado. Son cambios que necesitan decisión política y mucho consenso a nivel nacional. Si no se afrontan, estaremos perdiendo una herramienta importante para prosperar como sociedad. Sería poco entendible no contar con el apoyo necesario de la mayoría, en especial de las personas y organizaciones que más declaran defender la presencia de lo público en la economía y la sociedad española.

Miguel Ángel García Díaz es Profesor de Economía Aplicada. Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía