Un cambio laboral limitado pendiente del permiso de los socios del Gobierno
El impasse en el que entra el mercado de trabajo es evidente
Con el tradicional mensaje adanista que acompaña en todas sus decisiones a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz anunció este martes la aprobación de una reforma laboral “histórica” que supuestamente devuelve “todos los derechos laborales” que la reforma Báñez “había arrebatado a los trabajadores”. Sin embargo, a juzgar por las advertencias del resto de los socios del Ejecutivo, ni la reforma es tal, ni hay garantías de que entre en vigor en los términos firmados con sindicatos y patronal. Como se trata de un real decreto ley, entra en vigor este miércoles mismo, pero deberá superar la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, y estará sujeto a la incorporación de cambios que podrían mudar considerablemente sus fundamentos. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) lamentó ayer que se hubiese intensificado el diálogo con la patronal (que representa a los empleadores), y ni una sola hora con el grupo republicano catalán, lo que puede interpretarse como un aviso de que la reforma tendrá que encajar modificaciones, dado que ERC no tiene por costumbre hacer regalos. Incluso el grupo abertzale Bildu se atrevió a calificar de “humo” la reforma, en una especie de vindicación del compromiso que en el pasado había suscrito para reformar el mercado de trabajo.
En paralelo, la patronal ha advertido de que retirará su apoyo al acuerdo sobre un texto que deja prácticamente como estaba la norma en lo referente a la flexibilidad de las relaciones industriales, a la fijación de salarios y despidos y a las posibilidades de descuelgues en caso de dificultad por parte de las empresas, si media cualquier tipo de corrección que quebrante lo pactado. Por tanto, la carrera de obstáculos que Sánchez y sus socios se comprometieron a superar en materia laboral nada más llegar al poder, hace ya casi cuatro años, no ha concluido, y los empleadores deberán esperar al cierre definitivo de la cuestión en sede parlamentaria.
Por tanto, el impasse en el que entra el mercado de trabajo es evidente, con una norma nueva que, aunque con cambios limitados, deben empezar a aplicar las empresas y que podrían tener que corregir ulteriormente. O lo que es peor, generar una paralización de las decisiones de las corporaciones en materia laboral, incluida la contratación, ante la provisionalidad de la norma. Hasta ahora la recuperación del empleo ha funcionado bien pese a la pandemia, entre otras cosas porque la norma había imprimido al trabajo el funcionamiento de un mercado eficiente, con un récord de creación de empleo destacado por el Gobierno. La limitada parte liberal del Ejecutivo habría deseado no tocar nada, pero la ideologizada lo ha impedido, aunque los efectos sobre la ocupación serán, como la profundidad de los cambios, reducidos.