La Fiscalía suiza archiva la causa por blanqueo de capitales contra el rey Juan Carlos I
La justicia no ha podido demostrar que los 65 millones recibidos por el emérito de Arabia Saudí tenían un origen ilegal
El fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa ha decidido cerrar la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales abierta a Juan Carlos I por la donación de 65 millones de euros que le hizo en 2012 a Corinna Larsen y que podría provenir el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca.
De este modo, la causa queda archivada porque las pesquisas "no han permitido establecer de manera suficiente un vínculo entre el montante recibido de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad" a La Meca.
La Fiscalía suiza ha hecho público un comunicado oficial en el que informa de la decisión tomada en relación con este supuesto cobro de comisiones en el que estarían involucrados la propia Larsen y los testaferros Arturo Fasana y Dante Canónica, encargados de la creación de una estructura societaria con sede en Panamá alrededor de la Fundación Lucum.
A través de esa fundación se recibió una donación del rey de Arabia Saudí que ascendió a 100 millones de dólares, alrededor de 65 millones de euros en ese momento, que fueron traspasados a una cuenta suiza a nombre de Corinna Larsen, que ella calificó con un regalo debido al cariño que el rey emérito le profesaba a ella y a su hijo.
La Fiscalía suiza abrió diligencias por posible blanqueo de capitales procedentes de comisiones ilegales. El objetivo era comprobar si "estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros. Se sospechaba que estas comisiones estaban vinculadas a la celebración de un contrato por parte de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conectaba Medina con La Meca", según dicen los fiscales.
Esos fondos suizos los manejaba el primo del emérito, Álvaro de Orleans, al que el fiscal suizo tomó declaración. "La investigación estableció que Juan Carlos I había recibido efectivamente el 8 de agosto de 2008, en la cuenta de la fundación Lucum abierta en el (banco) Mirabaud en Ginebra, la suma de 100 millones de dólares del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí. El procedimiento también reveló otros pagos recibidos por el mencionado o Corinna Zu Zein-Wittgenstein".
La Fiscalía de Suiza también señala varias entradas de efectivo mediante transferencias de 1,8 millones de dólares y de cinco y dos millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahrein "que no fueron suficientemente documentadas por los acusados". La cuenta de la Fundación Lucum se cerró en 2012 después de que traspasaran sus 65 millones de euros de saldo a una cuenta de Larsen abierta en las Bahamas.
Entienden los fiscales suizos que esta operación y el uso de fundaciones y cuentas de empresas interpuestas "evidenciaba un deseo de encubrimiento" que sumado a "los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del Rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de este último a favor de Corinna Larssen) así como la cronología de los hechos constituían indicios sólidos".
Sin embargo, "dado que la investigación no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad, el Ministerio Público archivó parcialmente el proceso" por falta de indicios.
La investigación concluyó que el banco Mirabaud incumplió su deber de comunicar la cuenta personal de Corinna Larsen cuando debió alertar del "carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los diversos flujos financieros intercambiados" con la Fundación Lucum, por lo que le impone una multa de 48.000 euros más las costas.
Esta decisión de la Fiscalía suiza acerca también el archivo de las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Tribunal Supremo en España. El pasado mes de noviembre, el ministerio público solicitó una prórroga de seis meses en espera de recibir respuestas a sus peticiones de información de las autoridades suizas, pero con probabilidad ese plazo no se agotará, una vez conocida la decisión de la fiscalía helvética.
