Los altos impuestos sobre sociedades y patrimonio lastran la competitividad fiscal en España
La carga normativa es un 12,8% superior a la de la UE
La recuperación económica nacional podría estar lastrada por las altas tasas impositivas sobre el sector empresarial. En este año, España ha caído hasta la posición número 30 de los 37 países analizados por el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que elabora la Tax Foundation en Estados Unidos y que ha sido difundido este lunes a nivel nacional por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su caída se debe principalmente a la alta presión fiscal que ejerce el impuesto de patrimonio y de sociedades, cuya puntuación en el indicador fue de 3,6 y 4,6 sobre 10 respectivamente, es decir, suspendieron. En un año, el país ha descendido dramáticamente en la clasificación, pues en 2020 ocupaba la posición 26. Lo más preocupante, según el IEE, es que la situación "seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos".
España tiene una presión fiscal en el impuesto sobre sociedades un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea y un 21,2% superior al del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el caso de la imposición patrimonial la situación es aún peor: es un 40,8% menos competitiva que la del bloque y un 38% peor que la del organismo internacional. Esto lo posiciona como el tercer país con el resultado más deficiente en el Indicador de presión fiscal normativa, solo por detrás de Italia y Suiza. En un análisis global, la presión tributaria normativa para el país es un 12,8% más elevada que la media de la Unión Europea. Ante estos resultados, el IEE estima que no hay cabida para más subidas impositivas, por el contrario, exige una disminución paulatina y en el caso del impuesto sobre el patrimonio incluso exige su eliminación.
Las recomendaciones del think tank se dan en plena negociación presupuestaria, en la que el Gobierno quiere incorporar a la Ley del Impuesto sobre Sociedades un nuevo artículo que establece una tributación mínima del 15% para aquellas empresas con un ingreso igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, sin importar el importe. La medida incluye a las compañías que se dedican al alquiler de viviendas, por lo que incluyen una reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%.
El tipo mínimo únicamente afectará a las grandes compañías, esto es el 1% del tejido empresarial o lo que es lo mismo, a 5.521 empresas que acaparan el 60% del total de beneficios, según datos de 2018 de la Agencia Tributaria. No obstante, el IEE sostiene que la tributación empresarial en España ya se sitúa entre las más altas de la Unión Europea, mientras que las subidas continuadas representan "un nado a contracorriente en las aguas de la economía internacional". El informe del instituto recuerda que la proporción de recaudación que procede de las empresas españolas es del 31,9% mientras que la media de la eurozona es del 25%.
En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, el informe destaca que su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social fue en España del 39,3% en 2020, por encima de la media de la OCDE que fue del 34,6%. Esto significa que el salario neto que finalmente recibió el empleado en ese periodo constituyó el 60,7% del coste laboral. Las cifras sitúan a España como el noveno país de 22 analizados, con el IRPF más progresivo, lo que debería ser tomado en cuenta a la hora de modificar la estructura sobre el impuesto.
Otra de las conclusiones del documento es que España recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad porque el 22% restante está en la economía sumergida. Si el país aumentará el porcentaje de participación en la economía formal al estándar europeo, es decir del 87%, la recaudación tributaria podría aumentar más de cuatro puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos. De esta forma, el think tank, pone en duda los argumentos del Gobierno respecto a que los grandes patrimonios aportan poco a las arcas del Estado. Por el contrario, teme que la subida tributaria retarde la recuperación nacional tras más de un año de pandemia. Al respecto detalla que "las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que se necesita, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación".
Su diagnóstico difiere con el discurso oficial. En octubre, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dijo que las mejoras en la inversión, el consumo y el mercado de trabajo se traducirán en un incremento en la recaudación fiscal del 8,1% para 2022.
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