El tipo mínimo de Sociedades del 15% limitará su impacto al ser sobre la base imponible

El matiz libra de la medida al grueso de empresas, que de media pagan el 21,5% El libro amarillo de Presupuestos no llegará al Parlamento hasta la próxima semana

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado.Efe

Los socios del Gobierno de coalición encendieron este martes finalmente la fumata blanca presupuestaria en La Moncloa al alumbrar un pacto sobre la futura Ley de Vivienda, comprometida desde hace ya un año, que sirvió para desbloquear el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos sobre las cuentas públicas de 2022. El plan presupuestario, que incluirá más de 25.000 millones de euros en ayudas europeas y la fijación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, será aprobado el jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.

El pacto final fue alcanzado a primera hora de este martes entre el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo por el lado de la formación morada, Yolanda Díaz, tras intensas jornadas de negociación entre la líder de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, entre otros ministros, en torno a la regulación de la vivienda. El compromiso de impulsar una ley que permitiera atajar la escalada de los precios del alquiler ya se convirtió hace un año en la llave del pacto presupuestario para 2021 pero lo enconado de las posturas, con Podemos exigiendo intervenir las tarifas y el PSOE abogando por incentivar fiscalmente su bajada, había impedido consensuar la ley.

Así, aunque el diseño de las cuentas públicas para 2022, pilotado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, del lado socialista, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales, y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, lleva días prácticamente cerrado, Podemos condicionó su firma a elevar la ambición en materia fiscal y de vivienda.

En el primer caso, el principal pulso del ala morada del Ejecutivo se centró en acelerar la puesta en marcha de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%, que formaba parte del acuerdo de coalición pero cuya aprobación fue pospuesta al estallar la pandemia. La parte socialista del Ejecutivo abogaba por esperar al informe del comité de expertos para la reforma fiscal, que será emitido el próximo febrero con el objetivo de facilitar el diseño de un gran paquete de cambios tributarios de cara a 2023. Finamente, sin embargo, los socios de coalición han pactado incluir la modificación en las cuentas de 2022, confirmó Bolaños.

Después de todo, se argumenta, el Gobierno español ha secundado el pacto de la OCDE para implantar un tipo fijo global del 15% en Sociedades para las multinacionales, que pagarán impuestos allá donde operen aunque no tengan sede.

Aunque Bolaños avanzó que la medida se adaptará al marco internacional que acabe diseñándose, la ministra de Hacienda anticipó este martes que lo que el Presupuesto incluirá es un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, y no sobre el resultado contable, lo que limita bastante el alcance de la medida.

El tipo general de Sociedades en España es del 25% (30% para banca y petroleras) y el objetivo es que las empresas no acaben pagando por debajo del 15% gracias a beneficios y deducciones fiscales. Los últimos datos de la Agencia Tributaria indican, sin embargo, que la empresa española paga de media un tipo efectivo del 21,48% sobre su base imponible. De hecho, la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dio su visto bueno a la concesión a Podemos alegando que la medida “no supone un cambio significativo de nuestro sistema fiscal”.

Podemos, sin embargo, pedía también concretar la Ley de Vivienda para dar el visto bueno al Presupuesto de 2022. El pacto llegó este martes e incluye restar beneficios fiscales a los grandes propietarios de inmuebles, a los que se les podrán imponer límites de precio al alquiler en zonas tensionadas; incentivos tributarios a los particulares que rebajen las rentas que cobran; impulsar el parque de vivienda pública; y penalizar los pisos vacíos con recargos de hasta el 150% en el IBI. La ley se presentará en las próximas semanas, por separado de las cuentas públicas.

Lo reciente del acuerdo impidió llevar el Presupuesto al Consejo de Ministros de este martes mismo, pero su aprobación en una cita extraordinaria el jueves permite a Moncloa cumplir su objetivo de tener las cuentas listas en la primera quincena de octubre para garantizar su aprobación antes de finales de año. Con todo, Montero anticipó este martes que el famoso libro amarillo que contiene las cuentas no llegará al Congreso hasta la próxima semana, previsiblemente el miércoles, con lo que el Ejecutivo no gana tiempo parlamentario respecto a su plan alternativo de aprobar el plan el próximo lunes (cuando se reunirá, al ser festivo el martes). La llegada del libro a las Cortes pone en marcha la tramitación, que el Gobierno espera superar con apoyo de sus socios.

Claves del plan presupuestario

Ayudas europeas. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que será aprobado el jueves en un Consejo de Ministros extraordinario parte de un techo de gasto récord de 196.142 millones de euros (un 0,02% más que en 2021). Las cuentas incorporan un nuevo paquete de ayudas europeas para la recuperación de la crisis del Covid de 26.355 millones (25.622 millones del mecanismo principal y 733 del fondo React-EU).

Pensiones. El plan incluye también una transferencia extraordinaria de 18.396 millones a la Seguridad Social. En paralelo, la reforma de pensiones que tramita ahora el Parlamento supondría la revalorización de esas rentas con el IPC, que si ronda el 3% arrojaría un sobrecoste de 4.200 millones (más una paga compensatoria de casi 3.000 millones por la desviación sobre el 0,9% aplicado este año). Además, el Gobierno ha ofrecido a los funcionarios una revalorización de sueldos del 2% (en torno a 3.000 millones).

Autonomías. Las regiones recibirán en 2022 entregas a cuenta récord por 112.213 millones y 7.000 más si el Presupuesto se aprueba (para compensar el IVA impagado de 2017 y la liquidación de la financiación extra de 2020).