Europa acelera la norma que regulará a los trabajadores de Uber, Cabify o Deliveroo
Las medidas podrían suponer un coste de 4.500 millones más al año para el negocio
Solo cuatro meses después de que en España entrara en vigor la llamada ley rider, la norma que fija la condición de asalariados de los repartidores a domicilio, la Comisión Europea se prepara para regular las condiciones laborales de quienes trabajan para las empresas de delivery (entrega de comida a domicilio) y las plataformas de transporte.
Según un borrador de la Directiva de la Comisión, que se prevé que se presente este miércoles, y al que ha tenido acceso Bloomberg, hasta 4,1 millones de personas que trabajan en ese sector podrían ser reclasificadas como empleados, lo que impactaría en el negocio de empresas como Uber, Deliveroo, Delivery Hero, Cabify o Bolt, entre otras. La norma que daría acceso a un salario mínimo y protecciones legales a ese colectivo de trabajadores podría costar al sector hasta 4.500 millones de euros más al año, según las estimaciones de la UE.
Una de las propuestas que recoge el borrador indica que cualquier trabajador de la economía de plataforma será asalariado independientemente de cómo aparezca en el contrato con la empresa. Las plataformas tendrán la obligación legal de demostrar que el trabajador no es empleado.
La noticia provocó que las acciones de Deliveroo cayeran el viernes un 8% y las de Delivery Hero, un 4,6%. También sufrieron una caída del 5,9% los títulos de Uber.
La CE empezó el pasado marzo una primera fase de consulta con los agentes del sector. Las autoridades europeas reconocieron entonces la situación de “vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que trabajan en la economía de plataformas, tanto en cuanto a la exposición a riesgos para la salud y la seguridad como al acceso limitado a la protección social y las prestaciones”.
Según defendió la Comisión, estas plataformas a menudo son transfronterizas y se usan en casi todos los países de la UE, lo que hace necesario “una iniciativa de la Unión para mejorar las condiciones laborales” de estos trabajadores.
Al igual que ocurrió en España durante los meses previos a la aprobación de la ley rider, las plataformas están presionando contra la directiva de la Comisión, pues afirman que la norma conducirá a la pérdida masiva de puestos de trabajo, añade Bloomberg.
Pese a hacer una evaluación de riesgo, la CE no ha arrojado luz sobre la pérdida potencial de empleos, pero sí admite que el cambio de reglas puede “afectar negativamente” a la flexibilidad del trabajo y provocar una subida de precios en los servicios de transporte y de entrega de comida.
Antes de convertirse en ley, la propuesta de la Comisión deberá obtener el apoyo de los países de la UE y del Parlamento Europeo. Pero, como ocurrió en España, Just Eat Takeaway está apoyando la propuesta de la CE. La compañía anunció en agosto que negociaba con UGT y CC OO el primer convenio colectivo para los riders. Un propósito al que también se abrió Stuart.
La ley rider en España afecta a empresas como Glovo, Just Eat, Uber Eats, Stuart, Gorilla y Deliveroo. Esta última anunció su marcha del país el 30 de julio. Aunque dijo que se iba porque alcanzar una buena posición de mercado requeriría un nivel de inversión muy elevado con “un potencial muy incierto a largo plazo”, el mercado relacionó su decisión con el cambio normativo.
En España, Uber Eats y Stuart están subcontratando flotas a terceros, y Glovo está contratando a repartidores (dijeron que serán 2.000 antes de final de año) para cumplir la ley, pero esta sigue operando con autónomos (Inspección de Trabajo la multó este noviembre con más de 8,5 millones por no regularizar los contratos de sus repartidores en Sevilla). Otras empresas como Just Eat y Gorilla presumen de tener a sus riders en plantilla.
También Aseval y Unauto, las patronales del sector de las VTC, anunciaron el pasado noviembre la firma del primer convenio colectivo del sector, pactado con los sindicatos UGT, CC OO y SLT y que estará vigente durante 2022 y 2023.
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