Economía exime a Netflix y HBO de la cuota catalana, pero sí les aplicará el nuevo impuesto
La obligación lingüística afectará solo a las plataformas con sede en España ERC amenaza con tumbar los Presupuestos si la ley no incluye a las internacionales
La nueva ley audiovisual, aprobada ayer por el Consejo de Ministros junto a la Ley Crea y Crece, eximirá a las plataformas audiovisuales internacionales de tener que emitir el 6% de su contenido en catalán, euskera o gallego, una obligación que, por el contrario, sí tendrán las empresas del sector con sede en España. La razón, explican fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, la cartera que elevó la normativa a la cita semanal del Gobierno, es que se aplica el principio de país de origen que establece la Directiva europea adoptada, por lo que solo las plataformas establecidas oficialmente en España se verán obligadas a emitir parte de sus contenidos en las lenguas cooficiales del país.
Sin embargo, la citada directiva cuenta con ciertas excepciones, entre las que se encuentra una relativa a la financiación. Por eso, añaden estas fuentes, todas las plataformas que emitan en España, incluyendo a las que tengan su sede en otro país, sí tendrán que abonar el nuevo impuesto creado por el Ejecutivo para costear en parte la medida lingüística.
Este gravamen, del 5% de las ganancias para empresas con ingresos por encima de los 50 millones de euros anuales, se diseñó en las negociaciones que el Gobierno mantuvo con Esquerra Republicana para obligar a las empresas a reservar un 6% de su cuota al catalán, una condición para desbloquear los Presupuestos de 2022.
Por eso, y para obligar a todas las plataformas a emitir parte de su contenido en estas lenguas, ERC anunció ayer que presentará enmiendas para “mejorar” la norma. De hecho, añadieron los soberanistas catalanes a última hora de la tarde, si finalmente no se fuerza a todas las plataformas a reservar parte de su oferta a las lenguas cooficiales peligrará la aprobación definitiva de las cuentas públicas. Por ahora, solo las firmas nacionales como Filmin, FlixOlé, Movistar+, Mitele o Atresplayer tendrían que cumplir con esta cuota lingüística y producir o adquirir estos contenidos.
La promoción de la obra audiovisual europea es una de las prioridades de la directiva comunitaria. Por una parte, se obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal a reservar el 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. De ese porcentaje, el 50% se reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. De esta subcuota, RTVE reservará un mínimo del 15% a obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las regiones.
Además, el texto establece que aquellas autonomías que tengan lengua oficial podrán regular obligaciones adicionales para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual en sus correspondientes ámbitos regionales. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición deberán reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. La mitad (15%) deberán ser obras en lenguas oficiales en España y, de esa subcuota, el 40% deberán ser obras audiovisuales en alguna de las lenguas cooficiales.
Más allá de las novedades lingüísticas e impositivas, la normativa recoge otras obligaciones relacionadas con el refuerzo a la protección de menores o la prohibición de la publicidad subliminal, del tabaco y de cigarrillos electrónicos que también son de obligado cumplimiento para todas las plataformas, tengan su domicilio en España o fuera. También hay novedades relacionadas con las restricciones horarias a la publicidad de esoterismo y paraciencias, juegos de azar y apuestas.
En paralelo a las novedades audiovisuales, el Ejecutivo aprobó también la Ley Crea y Crece, que según la titular de Economía, Nadia Calviño, “permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo” para fundar una empresa.
La norma, entre otros detalles, reduce el coste económico que conlleva fundar una empresa, reduciendo a un euro el capital necesario para ello, a día de hoy fijado en los 3.000 euros. También cierra la puerta de las ayudas públicas, incluyendo los fondos europeos, a las empresas morosas, con el fin de acabar con los problemas de liquidez de las pymes, las principales afectadas por los retrasos en los pagos.
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