Seguridad Social

Retrasar un año la edad efectiva de jubilación solo ahorrará un 1% del gasto

Un estudio actuarial hecho por expertos de las Universidades de Valencia y Extremadura dudan de la eficacia del retraso de la edad efectiva para la sostenibilidad del sistema

Jubilación demorada Pulsar sobre el gráfico para ampliar

Una de las principales apuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para aumentar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo es acercar la edad efectiva de jubilación (edad media real a la que se retiran los españoles y que está fijada ahora en 64,5 años) a la edad legal de jubilación (66 años en 2021 para quien haya cotizado menos de 37 años y 3 meses o 65 para quien haya cotizado más). Según repite incansablemente Escrivá, lograr que la edad efectiva se acerque a la legal sería “la herramienta más potente” de sostenibilidad de las pensiones.

Para ello, el Gobierno con Escrivá al frente ha decidido incluir, entre todas las nuevas medidas de la primera fase de la reforma de pensiones que ya se tramita en el Parlamento, varias iniciativas para, por un lado, penalizar más determinadas jubilaciones anticipadas voluntarias para desincentivarlas y, por otro lado, crear nuevos incentivos para la demora del retiro una vez cumplida la edad real de jubilación. Con esta combinación pretende que el efecto sea el retraso citado de la edad efectiva a la que se retiran los españoles, dado que, en teoría, eso supondría un ahorro para el sistema: más tiempo cotizando y menos cobrando pensión. Pero esta ecuación no es tan simple, ya que hay otros efectos colaterales, como el incremento de la cuantía de la pensión para quienes coticen más.

Por ello, los datos actuariales podrían contradecir los planes del ministro. Un trabajo reciente elaborado por el grupo de investigadores del Observatorio del Sistema Público de Pensiones de las Universidades de Valencia y Extremadura analiza las medidas que el Ejecutivo quiere sacar adelante para la sostenibilidad del sistema. Y la principal conclusión de este trabajo es que, “tras analizar los efectos del aumento de la edad efectiva de jubilación de forma genérica, se llega a la conclusión de que, en general, se sobrevalora su impacto sobre el gasto en pensiones”.

Así, este cálculo indica que, con los nuevos coeficientes reductores y la nueva fórmula de cálculo sobre la pensión tras aplicar el límite de la base máxima en las anticipadas voluntarias –incluidos en la reforma de pensiones que se tramita en el Parlamento–, el aumento de un año de la edad efectiva de jubilación supondría el ahorro de apenas un 1% en el gasto en pensiones.

La paradoja es que las nuevas medidas citadas que se aplicarán en la reforma de las pensiones están pensadas para retrasar la edad efectiva de retiro, pero si se hace este mismo cálculo con la legislación actual, sin aplicar las medidas de Escrivá, el ahorro, aún siendo escaso, sería algo mayor, del 1,8%. Es más, si este cálculo de postergar un año la edad efectiva de retiro partiendo de las medidas de la reforma en marcha se hace solo sobre el colectivo de jubilados anticipados, algo que resultaría más realista, según estos investigadores, la nueva legislación que promueve el Ejecutivo supondría incluso un incremento del gasto en pensiones del 2,4% frente al 0% con la normativa actual.

Para llegar a estas conclusiones, este equipo ha tomado la información que proporciona la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2019; y, a efectos metodológicos, ha utilizado el valor actual actuarial (VAA) de las pensiones esperadas a lo largo de toda la vida del jubilado. Según esto, los autores de este estudio –entre los que están los expertos en pensiones Enrique Devesa (Universidad de Valencia e Ivie) o Inmaculada Domínguez (Universidad de Extremadura)– explican que “sí es cierto que el año en el que se produce la demora en el acceso a la jubilación hay un ahorro evidente en términos de caja, pero ello se compensará en los ejercicios siguientes dado que la jubilación más tardía se producirá con menores penalizaciones y, por lo tanto, con pensiones mayores”.

Otra cosa sería que el retraso de un año se produjera sobre la edad legal de jubilación. En ese caso, el ahorro para el sistema, aplicando la reforma de las pensiones, sería del 5,69%, y si no se aplicara y se tuviera en cuenta la legislación actual, del 5,77%.

Este estudio ha analizado también las medidas diseñadas por el Gobierno en la futura reforma de las pensiones para lograr diferir la edad de retiro una vez cumplida la edad legal, y seguir en activo voluntariamente. En este punto, los investigadores detectan que la sustitución del pago del 4% adicional anual en estos retiros por un cheque de pago único en el momento de la jubilación, “está claramente por debajo del actuarialmente justo” (ver gráfico). Esto significaría que, en una mujer con una pensión máxima (37.567 euros anuales), la diferencia entre el pago único que recibirá y el que le correspondería ascendería hasta casi 20.000 euros.

Además, estos expertos encuentran otro defecto en esta medida que previsiblemente aplicará Escrivá y es que este incentivo se aplica solo sobre años completos de demora y no sobre meses. Para solucionar este fallo y como alternativa a lo propuesto por Escrivá para fomentar la jubilación demorada, este grupo de expertos académicos entre los que también están Mar Devesa y Robert Meneu (Universidad de Valencia) y Borja Encinas (Universidad de Extremadura), proponen una más cercana a la equidad actuarial, que consistiría en aplicar un coeficiente aumentador que sea constante (en este caso han calculado un 0,6%) por mes de demora.

Esto haría que el aumento de la pensión de quien siga trabajando hasta dos años después de cumplir la edad de retiro fuera progresiva, con incentivos desde el primer mes y, al cabo de 24 meses de demora, su cuantía llegaría a mejorar hasta un 15% frente al 8% de la propuesta que se negocia en el Parlamento en estos momentos.

Reducción de las pensiones

Al margen de calcular los efectos que tendría demorar las jubilaciones de todos los trabajadores sobre la sostenibilidad del sistema, estos expertos han analizado también las consecuencias que tendrán los nuevos coeficientes penalizadores de las jubilaciones anticipadas voluntarias y la nueva fórmula de cálculo sobre las nuevas prestaciones de jubilación.

Sólo estos nuevos coeficientes que previsiblemente se introducirán en la reforma de pensiones que entrará en vigor el próximo año supodrán, según los cálculos de este estudio, "una pequeña disminución de la pensión media de las jubilaciones anticipadas voluntarias del 0,43%". Si bien, precisan que "un comportamiento racional de los individuos les llevaría a no jubilarse con 24 o 23 meses de adelanto [en los que se concentran mayores penalizaciones] y retrasarla hasta un anticipo de 22 meses". 

En consecuencia de esta previsible espera de dos o tres meses para jubilarse y verse menos penalizados, el resultado más probable de estas decisiones de los futuros pensionistas será, añaden estos expertos, "de una mayor pensión y más gasto para el sistema, con un ligero aumento de la edad efectiva de jubilación", que como ya han demostrado tampoco supone una solución de garantía de la sostenibilidad.

Solo una de cada cuatro empresas tiene plan de pensiones

  • Informe. El arranque del anteproyecto de ley de planes de pensiones de promoción pública en el Consejo de Ministros la semana pasada ha puesto de actualidad la escasa presencia de estos productos colectivos de ahorro para la jubilación. Solo una de cada cuatro compañías (el 26,8%) los ofrece a sus empleados, aunque el 55% de ellas los tiene en su agenda para el medio plazo. Así lo refleja el quinto informe Situación de las pensiones en España elaborado por KPMG, según el cual el 80% de las compañías está dispuesta a destinar una parte del salario de sus plantillas para estos planes.
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