Transportes estudia distintas fases para la implantación del pago por uso en las autovías
La secretaria de Estado Pardo de Vera avanza que se restaurará la revisión de precios en los contratos de obra pública
SLa tarificación de las carreteras de alta capacidad en España no llegará con toda seguridad en 2023, ha señalado esta mañana la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, durante su intervención en el Executive Forum. Y una de las razones, ha reconocido, es que ese año será intenso en citas electorales. La implantación del peaje generalizado en autovías precisa de "una reforma legal en un contexto político complicado", ha afirmado, refiriéndose a la necesidad del máximo consenso político y social.
La número dos del Ministerio de Transportes sí ha avanzado que la instalación de sistemas de cobro por uso se realizará, a buen seguro, por fases. El modelo será progresivo y homogéneo evitándose agravios comparativos entre territorios y facilitándose la movilidad de las personas con rentas más bajas o con mayor necesidad de uso.
Pardo de Vera ha aseverado que para ella "sería una frustración no contar con este mecanismo para poder transformar el sistema viario". El Ministerio busca que la red de carreteras autofinancie la reposición de activos, terminando con un déficit de mantenimiento que supera los 7.000 millones, según cálculos del sector concesional, y permita abordar la digitalización o el despliegue de electrolineras. La secretaria de Estado asegura que su departamento ha estudiado ya distintas opciones desde el punto de vista social, económico, de eficiencia ambiental o de adaptación a los fondos europeos, y que el debate sobre estas soluciones se abrirá en 2022.
El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, defendió ayer públicamente que el despliegue de la tecnología necesaria, así como la inversión en la adecuación de las autovías, vaya con cargo a concesiones. También reclamó al Ministerio la máxima transparencia para evitar especulaciones y temores ante un pago por uso que podría ser altamente bonificado. Por último, Aljaro señaló la tecnología de pórticos como la ideal frente al control satelital del tráfico. Al respecto, Pardo de Vera no se ha decantado esta mañana por una solución en concreto.
Revisión de los presupuestos de obra pública
El problema ocasionado en la obra pública por el incremento de precios en las materias primas también ha sido abordado por Isabel Pardo de Vera, quien ve una solución en la restauración del mecanismo de revisión de precios. El ministerio ha consultado sobre este particular a la Abogacía del Estado y se dispone a recuperar el sistema de reequilibrio, en función de la inflación, en los presupuestos de ejecución de las obras de carreteras. Este quedó fuera de las licitaciones en obras de carreteras con la publicación de la Ley de Desindexación. Adif, principal motor de la inversión pública, "ya está aplicando la revisión de precios desde julio". El gestor de la infraestructura ferroviaria llegó a puntuar en sus concursos por la renuncia a la revisión de precios.
El problema, ha apuntado la representante del Gobierno, es el reequilibrio de contratos con efecto retroactivo, algo "complejo desde el punto de vista jurídico" que está en estudio por parte del ministerio de Hacienda.
Pardo de Vera ha anticipado que se estudia la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para que el equilibrio de los proyectos no sea exclusivamente responsabilidad de la Administración. En este punto se refiere al establecimiento de garantías por parte de las contratistas que, más allá de errores técnicos en la ejecución, puedan cubrir en parte la volatilidad de los precios.
Desde el colectivo de constructoras Seopan se estima en 1.200 millones el desequilibrio en proyectos de obra pública en marcha promovidos por la totalidad de las administraciones en España.
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