El seguro de impago del alquiler se limitará a jóvenes con ingresos de hasta 23.700 euros al año
Equivaldrá a una prima de hasta el 5% sobre la renta anual de la casa Estará acotado a precios máximos que se acordarán con las autonomías
El seguro por impago del alquiler anunciado este lunes por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estará limitado por los ingresos que reciban los potenciales beneficiarios, a un lado, y por el precio máximo de las viviendas, al otro. Esta segunda variante, explican fuentes del ministerio, tendrá que debatirse con las diferentes comunidades autónomas, mientras que la parte de los ingresos, añaden, estará acotada a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Así, el seguro estará disponible únicamente para los jóvenes que dispongan de unos ingresos anuales que no superen los 23.726 euros y que cuenten con un contrato de alquiler en vigor. Con todo, para acceder a él, recalcan las mismas fuentes, los posibles beneficiarios tendrán que demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o dificultad económica que les impida hacer frente a sus obligaciones contractuales.
El proyecto de seguro de impago del alquiler destinado a jóvenes que oscilen entre los 18 y los 35 años, que estará financiado por el Estado en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, equivaldrá a una prima de hasta el 5% sobre el precio anual del alquiler, cubriendo un máximo de 12 mensualidades.
El ministerio pone como ejemplo un alquiler que suponga el pago de 600 euros al mes, es decir, 7.200 euros anuales. En este caso, el inquilino que cumpla con el límite de ingresos y con las condiciones que establezcan las diferentes comunidades autónomas (con competencias en materia de vivienda) podrá solicitar la cobertura. El casero se beneficiaría del pago en caso de dificultad económica del arrendatario y la Administración correría con los gastos, que ascenderían a los 360 euros (el 5% de los 7.200 euros).
Además del límite de ingresos, la cobertura estará disponible solo para algunos alquileres, siempre en función de unos precios máximos que tendrán que definirse. Así, el Gobierno negociará con las comunidades autónomas para establecer cuáles son los límites de cada región, vinculando la ayuda a las rentas medias de cada zona. "No es lo mismo el alquiler medio de Madrid que el de Extremadura", resumen las mismas fuentes. Esta es la razón por la que desde el Ejecutivo todavía no saben la cantidad de dinero que tendrán que destinar a esta medida ni cuántos serán los posibles beneficiarios.
Al seguro del alquiler, confirman las fuentes de la cartera que dirige Raquel Sánchez, también podrán optar los beneficiarios del bono joven, otra de las iniciativas que se incluirán en el citado Plan Estatal de Vivienda y que dotará con 250 euros mensuales a los inquilinos de entre 18 y 35 años que acrediten rentas del trabajo que, de nuevo, no superen anualmente el límite de tres veces el Iprem. Para esta medida en concreto, el Ejecutivo reservará 200 millones de euros durante dos años.
Con el seguro por impago del alquiler, explicó Raquel Sánchez en un foro organizado por el diario El Español, el Gobierno quiere dar solución a los posibles problemas que puedan producirse por parte de los jóvenes para hacer frente a la renta de un piso en alquiler, dando "garantías" tanto a los inquilinos como a los propietarios.
Una ley que “no va contra el mercado”
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, insistió este lunes en la urgencia de contener los precios del alquiler e incluso limitarlos en las conocidas como zonas tensionadas, pero aseguró que la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, esperada para el segundo semestre de 2023, no va en contra del mercado. La futura norma “no va contra el mercado ni la iniciativa privada, ni invadirá competencias de las comunidades autónomas”, aseguró al tiempo que recordó que sí se esperan incentivos fiscales “para que al pequeño propietario le salga a cuenta en su declaración de la renta ofrecer alquileres más asequibles”. El anteproyecto de ley fue aprobado por el Gobierno a finales de octubre y será remitido al Congreso en unas semanas.
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