El 75% de los interinos se concentran en las áreas de Sanidad y Educación

Hay 622.000 en España y Hacienda aspira a hacer fijos a unos 300.000

Hay dos sectores que se van a beneficiar especialmente del nuevo acuerdo pactado por el Gobierno para que los interinos pasen a ser fijos sin opositar, si llevan al menos cinco años en el mismo puesto: Sanidad y Educación. Juntos acaparan al 75% de todos los trabajadores públicos interinos que hay en España, según consta en el último Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas. Del total de interinos, que alcanzan los 622.295 en todo el país, más de 465.000, desempeñan funciones para una de estas dos áreas, que suponen las principales fuentes de empleo público.

Donde más se usa la figura del interino es en sanidad, que tras el estallido de la pandemia engrosó su plantilla de personal temporal en unas 80.000 personas, según consta en los datos de Seguridad Social. Aunque esa cifra ha ido menguando a la par que los contagios y la presión hospitalaria, lo cierto es que conserva el 43% de todos los interinos. En segundo lugar, aunque 12 puntos por debajo, está el personal que desempeña funciones en materia de Educación, con un 31,7%.

El análisis pormenorizado de ambos sectores revela que las mujeres ocupan siete de cada 10 empleos interinos y que el 85,5% de los 622.000 existentes están adscritos a las administraciones de las comunidades autónomas. En cambio, solo el 2,4% trabaja para la administración central y el resto (12,2%) para la local. Estas cifras, sin embargo, no guardan reflejo con el cómputo global. España cuenta con 2.700.000 empleados públicos, de los que el 60% trabaja en las autonomías, mientras que el 21% está en la administración local y el 19% en el Estado, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El propio Ministerio aclara al respecto que la evolución de los empleados públicos muestra un aumento global en este año respecto a 2020, ocasionado principalmente por la contratación de personal temporal como consecuencia de la emergencia sanitaria. Y aunque este incremento se ha registrado en todas las autonomías, hay algunas que tienen muchos más interinos que otras, en concreto, las que por pura densidad de población necesitan más personal sanitario, docente y de cualquier otra área. Tan solo Andalucía acapara al 17% del total de efectivos, esto es más de 100.000 trabajadores interinos. Le sigue Cataluña, con el 15%, y Madrid y Valencia, ambas con el 12%. En el otro extremo están Ceuta y Melilla, que juntas no llegan a tener ni al 0,5% de los interinos que registra el país.

Más allá de la distribución geográfica, los datos revelan una alta tasa de trabajadores eventuales en la función pública. En el tercer trimestre de este año, por ejemplo, se situó en el 31,6%, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto es 10 puntos por encima del sector privado. Ante la situación, el Consejo de Ministros aprobó en julio el decreto contra la temporalidad en la Administración pública, con el que se busca rebajar la actual tasa hasta el 8% para 2024.

La conversión en fijos de los empleados públicos temporales es, desde hace años, la principal reclamación del colectivo. Tanta ha sido la presión que, de hecho, la propuesta original de hacer indefinidos a los interinos que llevaran 10 años en su puesto fue una concesión de última hora de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para aprobar la ley. Ahora ese pacto se ha modificado, rebajando de 10 a cinco los años que un trabajador debe llevar en su puesto de manera ininterrumpida para conseguir la plaza fija sin necesidad de opositar. Sin embargo, el decreto planteado por Hacienda solo beneficiaría a unas 300.000 personas, la mitad de los interinos que hay en toda España.

El alcance no termina de convencer a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Desde el organismo advierten de que las administraciones siguen “abusando y generando situaciones injustas” entre los interinos, por lo que exigen a los grupos parlamentarios que “aclaren” los criterios para determinar “que las plazas que hayan estado cubiertas con anterioridad al 1 de enero de 2016 vean consolidado su puesto a partir del concurso de méritos” que contempla el decreto.

La conversión en fijos tras cinco años suscita dudas a regiones y sindicatos

Los partidos del Gobierno de coalición alcanzaron el jueves un nuevo acuerdo con ERC y PNV mediante el cual se comprometió a rebajar a la mitad, de 10 a cinco, los años para que un interino obtenga una plaza fija sin necesidad de opositar. Aunque todavía debe ser votado en la Comisión y en el Pleno del Congreso, el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes como para sacarlo adelante.

A pesar de los avances, el período mínimo de interinidad sigue suscitando incertidumbres para los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo señala que el abuso de temporalidad se produce a partir de los tres años, por lo que incluso con esta modificación se comete una “injusticia” con los interinos.

El sindicato teme que un mal diseño de la ley termine por demorar una reivindicación de hace años, por eso piden el máximo consenso posible. “Queremos que los diputados aten muy bien cualquier inseguridad jurídica, solo así se evitará que tiren la ley en los tribunales y que se generen situaciones de inequidad”, señalaron ayer desde el CSIF. Además de este sindicato, Comisiones Obreras y autoridades de seis regiones, Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, La Rioja y Madrid, pidieron “seguridad jurídica” en este terreno al Gobierno.