El Gobierno propone recargos de cotizaciones para las empresas que den de baja contratos temporales

La propuesta del Ejecutivo a los agentes sociales busca acabar con la práctica de algunas compañías de no cotizar por su plantilla en fines de semana o vacaciones La negociación de hoy también ha abordado el diseño del modelo RED, los nuevos ERTE

Las vicepresidentas Yolanda Díaz (izquierda) y Nadia Calviño en el Senado.Efe

La nueva plataforma de negociación del Gobierno de coalición para la reforma laboral, que lidera el Ministerio de Trabajo pero al que se han sumado también representantes de Economía o Seguridad Social, ha comenzado a plantear sus nuevas propuestas de consenso a los agentes sociales en la reunión celebrada durante la mañana de este miércoles.

Durante la cita con patronal y sindicatos, los representantes del Ejecutivo han planteado como principal novedad la propuesta de endurecer las cotizaciones empresariales por contingencias comunes por cada baja que se registre de un contrato temporal durante el mes en el que sea rescindido dicho contrato. El objetivo es evitar la práctica de dar de baja al personal eventual durante los fines de semana o periodos vacacionales.

Así consta en un borrador que ha presentado el Gobierno a sindicatos y empresarios en la mesa de reforma laboral, al que tuvo acceso Europa Press. Durante la cita se explicó también cómo funcionaría el denominado Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, el nuevo modelo de expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) que se aspira a poner en marcha en 2022.

Según el texto remitido a los agentes sociales, el Ejecutivo plantea modificar el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social para elevar la cotización que pagan las empresas por los contratos temporales cuando los dan de baja.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado mes de diciembre que estaba en estudio la introducción de una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos temporales de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Escrivá siempre ha señalado que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, que se iba a penalizar desde del Gobierno. El pasado mes de julio, el ministro explicó que se seguía afinando esta penalización, comprometida en el Plan de Recuperación, y que a la vuelta del verano se podría "ver desplegada y concretada".

Actualmente, el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social establece un incremento del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días.

Lo que propone el Ejecutivo es cambiar la redacción de ese artículo por la siguiente: "En los contratos de carácter temporal, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará, en el mes en que se produzca la baja del trabajador y por cada una de dichas bajas, en el triple del importe diario determinado por la aplicación del tipo de cotización a cargo de la empresa al tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional". Dicho incremento, como ocurre en la actualidad, no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

La redacción de la modificación del artículo 151 ha generado dudas entre los agentes sociales, pues el texto propuesto es enrevesado, y esperan que durante la reunión de la mesa de reforma laboral que se celebra este miércoles les ofrezcan aclaraciones al respecto, según indicaron a Europa Press fuentes de la negociación.

RED, los nuevos ERTE

El otro gran punto del orden del día ha sido el debate sobre la configuración de los nuevos ERTE de carácter estructural y ligados a formación que el Ejecutivo busca impulsar tras la pandemia como herramienta para impulsar la mejora de la empleabilidad de los trabajadores de empresas en problemas por crisis cíclicas o reestructuraciones sectoriales: el llamado modelo RED.

La herramienta tendrá que ser activada por el Consejo de Ministros, según consta en el borrador del texto de la propuesta al que ha tenido acceso Efe. El mecanismo RED completa las alternativas al despido que funcionarán en el futuro inspiradas en los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la pandemia de Covid-19.

Así, se mantienen también los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, así como los de fuerza mayor (para catástrofes) y los de limitación o impedimento, a los que se suman estas nuevas modalidades RED. Todos ellos tendrán exoneraciones en las cotizaciones sociales, que aún no están detalladas en esta propuesta, y que estarán vinculadas a la formación de los trabajadores afectados.

En el caso de los RED, el mecanismo requerirá de una activación previa en Consejo de Ministros por causas estructurales ante "situaciones en un sector que produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o la introducción de métodos de trabajo o procesos de producción novedosos como la automatización que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla".

Estos cambios, añade, implican la necesidad de recualificar a los trabajadores para garantizar su empleo en la propia empresa o para su transición profesional hacia otra compañía o sector, un camino en el que el Gobierno busca que este mecanismo sirva de alternativa al despido.

También deberá ser activado en Consejo de Ministros este mecanismo ante "causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general", si bien el Ministerio de Asuntos Económicos tendrá que especificar qué indicadores así lo determinan.

Esta propuesta llega tras el cambio en la estructura de negociación puesta en marcha para zanjar la crisis abierta entre las vicepresidencias y que supuso que tanto el Ministerio de Economía como el de Seguridad Social se sienten en la mesa de reforma laboral.

Nuevas condiciones

La solicitud de este mecanismo permitirá a las empresas reducir la jornada de trabajo de los empleados afectados, entre un mínimo de un 10% y un máximo de un 70% con duración máxima de 12 meses, recibiendo una "prestación social" especifica que complete su salario.

Las empresas podrán suspender la jornada de sus trabajadores, a quienes abonarán su salario durante el primer mes y, después, completarán la "prestación de sostenibilidad", que no conllevará consumo de futuras prestaciones por desempleo y ascenderá al 70% de la base reguladora.

Al igual que en los demás ERTE, las empresas accederán a beneficios en sus cotizaciones sociales siempre que pongan a disposición de sus trabajadores afectados acciones formativas, por las que además recibirán financiación.

En el caso del mecanismo RED por reestructuración, esta recualificación irá dirigida a la reubicación del trabajador en otra empresa del grupo o en una externa, situación ante la que puede dimitir de forma voluntaria, suscribiendo un nuevo contrato de trabajo con su nueva empresa, sin antigüedad y nuevas condiciones.

La empresa de origen transferirá al fondo de garantía salarial (Fogasa) la mitad de la indemnización por despido que le habría correspondido al citado trabajador y la empresa receptora tendrá una bonificación del 50% en sus cotizaciones sociales durante seis meses.

En el caso de que el empleado fuera despedido por su nueva compañía, podría negarse y permanecer en la misma o irse y recibir la totalidad de la indemnización por despido correspondiente a su empresa anterior.

Para atender a estas necesidades del mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones en las cotizaciones sociales, así como para la formación, el Gobierno creará un Fondo RED que estará dotado vía Presupuestos Generales del Estado, con financiación europea y gracias al superávit de los ingresos por cotizaciones sociales por desempleo, descontado el gasto en la prestación contributiva.

Críticas de patronal y sindicatos.

La propuesta no terminó de gustar ni a patronal ni a sindicatos, fundamentalmente por su complejidad y la posibilidad de que la burocracia que lo acompaña lo haga poco efectivo El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tachó de “farragosa” la redacción de una propuesta que solo aporta “mucho más burocracia y mucho más coste”. También CC OO y UGT consideraron ineficiente la propuesta del Gobierno y le instaron a modificarla.

Calendario

El objetivo del Gobierno es tener lista una reforma laboral que derogue los aspectos más lesivos de la aprobada por el PP en 2012, rebaje la temporalidad del mercado de trabajo español y desarrolle este nuevo modelo de ERTE ligados a formación antes de final de año.

El Ejecutivo se juega el desembolso de unos 12.000 millones de euros de ayudas comunitarias ligadas al Plan de Recuperación dados los compromisos de reforma estructural en este terreno comprometidos con la Unión Europea a cambio de las transferencias.

Para alcanzar este objetivo, el Gobierno ha puesto en marcha un calendario de reuniones semanales que pasa por encuentros internos del Ejecutivo para preparar las negociaciones los martes, reuniones de negociación con los agentes sociales los miércoles por la mañana, y de nuevo citas privadas de coordinación entre Ministerios por las tardes de ese mismo día.