Sobrecargar a las empresas supone poner freno a la recuperación

Los empresarios han decidido decir basta al Gobierno ante la creciente subida de costes que está soportando el tejido empresarial y la amenaza que esa presión puede suponer para la buena marcha de la recuperación. Desde la patronal se considera que el Ejecutivo ha cargado las tintas de forma desmesurada sobre las espaldas de las compañías a través de una batería de medidas regulatorias que repercuten de forma gravosa en los ya de por sí elevados costes empresariales. Una primera toma de postura al respecto fue la negativa el pasado 16 de septiembre a firmar, junto a los sindicatos y el Gobierno, un nuevo acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, como también la oposición al diseño de una reforma laboral en la que los intereses del Gobierno no parecen alineados con los de las empresas, como tampoco con las líneas rojas marcadas por Bruselas. La patronal se opone con razón a la derogación de algunos de los aspectos que mejor han funcionado del texto de 2012, como lo que se refiere a la ultraactividad de los convenios o a la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial. A ello se suma la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la patronal: el anuncio del propósito del Gobierno de elevar medio punto las cotizaciones sociales entre 2022 y 2032.

En materia tributaria, por ejemplo, el Ejecutivo ha aprobado para este año en el marco del impuesto sobre sociedades una rebaja del 100% al 95% en las exenciones sobre dividendos y plusvalías de las participaciones de compañías españolas en filiales. Además, ha impulsado un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible del impuesto (18% para banca y petroleras), además de introducir la tasa Google y la tasa Tobin pese a la polémica y el debate generados sobre su efectividad y oportunidad. Otras medidas fiscales, como la rebaja de los incentivos a los planes de pensiones individuales con el fin de favorecer e impulsar los colectivos, han supuesto también presión indirecta sobre los empresarios.

Como señalaba ayer el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en su enérgica contestación al nuevo anuncio de la subida en las cotizaciones sociales, las empresas necesitan una hoja de ruta seria, segura y eficaz para saber lo que va a hacer el Gobierno en esta y cualquier otra materia que afecte a la actividad económica. Se trata de una exigencia justa en cualquier circunstancia, pero que resulta imprescindible en un país cuyas empresas –y no todas, sino solo las que han logrado sobrevivir a la pandemia– luchan por dejar atrás una crisis histórica para avanzar hacia una recuperación sólida y consolidada, y hacerlo, si es posible, con el respaldo del Gobierno.