'Copyright'

El Gobierno aprueba el decreto sobre derechos de autor que traerá a Google News de vuelta a España

El Ejecutivo permite a los editores gestionar directamente sus derechos de autor.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto ley que traspone a la legislación española la directiva europea sobre derechos de autor en el entorno digital, aprobada por el Parlamento Europeo en 2019. La nueva norma, que llega con cinco meses de retraso, suprime la gestión colectiva obligatoria de esos derechos y permite a los editores gestionarlos individualmente.

Esta novedad da pie al regreso de Google News a España, un servicio que el gigante de internet dejó de ofrecer en el país en diciembre de 2014 tras aprobarse entonces una Ley de Propiedad Intelectual que reconocía el “derecho irrenunciable” de los editores a ser remunerados por los agregadores de noticias con el llamado canon AEDE, y establecía que cualquier negociación se hiciera obligatoriamente a través de una entidad de gestión. Pero, ahora, el Gobierno elimina esa irrenunciabilidad en el cobro.

“Con respecto a la forma de gestión de este derecho, el Real Decreto no se pronuncia al respecto, dando así la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio”, dice en un comunicado el Ministerio de Cultura.

Fuentes de Google aseguraron a CincoDías que “según las informaciones iniciales parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España. Sin embargo, necesitamos tiempo para analizar en detalle la nueva ley. En breve tomaremos decisiones sobre nuestros próximos pasos”.

La empresa estudiará los detalles del decreto (que debe ser convalidado en el Congreso) cuando se publique hoy en el BOE antes de tomar una decisión o avanzar una fecha del más que posible relanzamiento del servicio. Si no hay ningún imprevisto, Google lanzaría Google News en los próximos meses.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, indicó tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno busca con esta nueva norma “adaptar los derechos de autor al entorno digital, teniendo en cuenta los comportamientos de los usuarios y corrigiendo algunos desequilibrios que han provocado en los mercados algunos perjuicios para los titulares de esos derechos”.

El Ministerio de Cultura detalló en un comunicado que “en cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea (artículo 15 de la directiva europea), el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa creado en la directiva europea. Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa, frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información”.

El ministerio también precisa que la negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para el uso de estos materiales "deberá hacerse de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación”.

La reacción ante la nueva ley ha sido dispar. El Club Abierto de Editores (Clabe) la ha aplaudido. “Estamos satisfechos porque los editores de los medios recuperamos las riendas de la gestión de nuestros derechos, secuestradas hace unos años por una ley que siempre consideramos injusta y lesiva”, dijo Arsenio Escolar, presidente de esta asociación.

En opinión de Clabe, la aprobación del Real Decreto supone “un cambio de enorme relevancia para el futuro del sector editorial y su relación con las plataformas digitales, buscadores y agregadores de contenidos”. Esta asociación llevaba tiempo reivindicando cambios en la legislación con el objetivo “de generar nuevas oportunidades de negocio y modelos de generación de ingresos acordes con las tecnologías y las alternativas que genera la digitalización de la economía y de los sectores económicos”.

Por su parte, Cedro, que agrupa a autores, editores de libros, revistas y periódicos, se lamenta de la supresión de la gestión colectiva obligatoria porque eso “debilita al sistema de protección en su conjunto” y advierte que puede “generar inseguridad jurídica como ha sucedido en Francia”, donde las negociaciones han terminado en algunas ocasiones en los tribunales.

El pasado julio, la Autoridad de la Competencia de Francia impuso una multa de 500 millones de euros a Google "por no negociar de buena fe" una compensación para los medios de comunicación por el uso de sus contenidos noticiosos, algo a lo que obliga la legislación del país, el primero que traspuso la directiva.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también dijo que “la no obligatoriedad de la gestión colectiva perjudica claramente a los autores, ya que abre la puerta a acuerdos individuales opacos entre editores y plataformas”. En su opinión, el modelo que hay ahora permite “una negociación equilibrada entre las partes concernidas, transparencia en los contratos y la seguridad para los autores de que percibirán la parte adecuada que fija la directiva europea por el uso de su obra por parte de buscadores y agregadores”.

Según Cultura, el Real Decreto-ley establece con carácter imperativo una serie de normas que pretenden garantizar que los autores obtengan una remuneración adecuada y proporcionada por la cesión de sus derechos. Algo que también persiguen otras leyes como la aprobada por Australia el pasado febrero, tras un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno de ese país y Google y Facebook. El objetivo de todas ellas: ayudar a nivelar el campo de juego y garantizar que los medios de comunicación reciban una remuneración justa por los contenidos que generen.

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