Australia aprueba una ley pionera que obliga a Google y Facebook a pagar a los medios
Facebook asegura que invirtió 600 millones desde 2018 para apoyar a los medios y que planea al menos destinar otros 1.000 millones más durante los próximos tres años
Australia aprobó este jueves una ley que fuerza a Google y Facebook a pagar a los medios locales por los contenidos que se publican en sus plataformas, una legislación pionera que puede servir como referencia a otros países para impulsar medidas similares. Se apunta a Canadá, Reino Unido y la UE como posibles candidatos, pues ya han citado el ejemplo australiano como inspiración para elaborar sus leyes futuras.
La ley "ayudará a nivelar el campo de juego y garantizará que los medios de comunicación reciban una remuneración justa por los contenidos que generen, lo que ayudará a mantener al periodismo de interés público en Australia", dijo este jueves en un comunicado el ministro australiano del Tesoro, Josh Frydenberg.
Antes de la aprobación, y tras un duro enfrentamiento con Facebook y Google que rechazaban la normativa, el Gobierno presentó el martes una serie de enmiendas técnicas sobre su propuesta de ley. Ese mismo día la red social y el ejecutivo anunciaron el restablecimiento en los próximos días del acceso a las noticias australianas, que fue bloqueado por la red social como medida de presión. También Google había amenazado con retirar su buscador del país, aunque finalmente selló acuerdos con los editores del país por un total estimado de 47 millones de dólares.
La ley de pagos por contenidos periodísticos fue elaborada a raíz de las investigaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, según sus siglas en inglés), sobre el desequilibrio en los ingresos publicitarios entre las tecnológicas y los medios publicitarios en Australia. La ACCC determinó en su informe final sobre las plataformas digitales, publicado en diciembre de 2019, que éstas concentraban el 51 por ciento del gasto publicitario en 2017 en el país oceánico.
La nueva legislación de Australia -una de las democracias con la mayor concentración en la propiedad de medios y en el que tiene fuerte presencia el grupo News, de Rupert Murdoch- obliga a las empresas tecnológicas a negociar con las empresas periodísticas una contraprestación por las noticias que se publican en sus plataformas.
Pero las enmiendas dan un mayor margen de negociación a las tecnológicas en sus acuerdos con los medios, dado que podrán seleccionar a sus proveedores y no están obligadas a suscribir un acuerdo forzado si ya han firmado convenios previos.
Según la normativa, Facebook y Google tendrán 90 días para llegar a acuerdos de compensación con los editores de noticias. Y si no lo hacen, la ley considera como último recurso la intervención de un panel de arbitraje, cuya decisión es vinculante para fijar el monto a pagar si no se produce un acuerdo comercial entre las partes, uno de los aspectos más importantes de la propuesta.
La inclusión de las enmiendas a la ley después de que Google amenazara con suspender sus servicios de búsqueda en el país y Facebook interrumpiera su servicio de publicación de noticias (aún sin restablecer) hace sospechar a algunos analistas que la ley no llegará a aplicarse.
"El código permanecerá en los libros de leyes, sin ser utilizado. No se designará a nadie", remarcó el jurista Michael Bradley en un artículo de opinión publicado el miércoles en la revista política Crickey, al apuntar que las plataformas y los grandes grupos mediáticos alcanzarán rápidamente sus acuerdos.
Google ya suscribió este año acuerdos con grandes empresas mediáticas para alimentar su hilo de noticias (entre ellas el grupo News Corp de Rupert Murdoch, Nine Entertainment y Seven West), mientras que Facebook firmó en Australia su primera carta de intención con esta última compañía, propietaria del Canal 7, para que le brinde contenido periodístico, lo que hace temer que las organizaciones pequeñas e independientes se queden fuera de juego.
Bradley advirtió de que el dinero de las tecnológicas acabaría en manos de los grandes grupos mediáticos sin que éstos tengan "la obligación de gastarlo en el supuesto objeto de todo este alboroto, el periodismo real". "El intermediario -el gobierno- será eliminado", añadió.
Esta ley fue creada a raíz de la crisis de los medios por la caída en los ingresos publicitarios en las dos últimas décadas, que ha causado despidos masivos en las redacciones, recortes a los gastos en sus investigaciones y un paso de la versión impresa a la digital para reducir costes.
El año pasado, el presidente del grupo mediático australiano Nine, Peter Costello, dijo que Google y Facebook generan unos ingresos publicitarios de unos 6.000 millones AUD (3.859 millones USD o 3.571 millones EUR) y aproximadamente el 10% de esa cifra es el resultado del contenido de las noticias.
Pero para Amanda Lotz, profesora de estudios de los medios de la Universidad de Tecnología de Queensland el problema principal es que la financiación del periodismo a través de la publicidad ya no es viable dado que a los anunciantes les interesa poco la calidad de las noticias.
Lotz insistió en un reciente artículo publicado en The Conversation que se deben hallar maneras alternativas para financiar el periodismo de interés público y a organizaciones periodísticas sin fines de lucro.
Facebook insistió este miércoles en que ellos están dispuestos a colaborar con los editores de noticias y que reconocen que "el periodismo de calidad está en el corazón del funcionamiento de las sociedades abiertas". Por eso, indicó, "invertimos 600 millones de dólares en 2018 para apoyar a los medios y planeamos destinar al menos otros 1.000 millones más durante los próximos tres años". La compañía anunció el mes pasado acuerdos con The Guardian, Financial Times, Sky News y muchos más.
La red social reconoció que internet ha sido disruptivo para la industria de las noticias, pero subrayó que "internet necesita nuevas reglas que funcionen para todos, no solo para las grandes corporaciones de medios (...) Las nuevas reglas solo funcionarán sin benefician a más personas, no si protegen los intereses de unos pocos". "Es comprensible que algunos conglomerados de medios vean a Facebook como una fuente potencial de dinero para compensar sus pérdidas, pero ¿significa eso que deberían poder exigir un cheque en blanco?", se preguntó Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales de la plataforma social.