El Gobierno elude fijar qué es precio “razonable” para la industria en el real decreto eléctrico

La normativa desincentiva los contratos caros con el recorte

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera.

Pese a la condición impuesta públicamente por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que las grandes eléctricas se librarían de la minoración de ingresos a su producción hidráulica y nuclear por los altos precios del gas establecida en el real decreto ley (RDL) del 14 de septiembre para aliviar la escalada de los precios del mercado mayorista (pool) si ofrecían precios “razonables” a la industria, finalmente, el nuevo RDL en que se matiza dicha minoración, publicado ayer en el BOE, no hace mención a dichos precios. O no lo hace de una manera directa y explícita.

Según fuentes políticas, el reglamento comunitario de la electricidad prohíbe tanto al Gobierno como al Parlamento fijar precios mayoristas regulados. Sin embargo, desde el momento en que la nueva norma libra de la minoración a cualquier contrato bilateral, tanto entre productor y cliente final (por ejemplo, los PPA) como entre generadoras, como los firmados entre filiales de un mismo grupo, con precio fijo, se está incentivando a las empresas a firmar este tipo de contratos.

Las mismas fuentes consideran que si un consumidor acepta pagar un precio fijo al margen del pool será porque lo considera razonable. “Firmar un contrato a 70 euros/MWh a uno o varios años, en lugar de los más de 200 euros/MWh en el spot lo es”. Y si la generadora pide un precio desorbitado, en línea con las actuales cotizaciones del pool, “no encontrará ningún cliente dispuesto a pagarlo”, añaden.

Por otra parte, tal como han insistido las grandes eléctricas (y es la razón última por la que el ministerio ha corregido su decisión inicial), tienen vendida para 2020 a través de bilaterales un 80% de su producción, a precios que rondan los 50 euros/MWh, en el caso de Endesa. Por tanto, solo les queda un 20% que podrían vender directamente en el pool asumiendo el recorte. De esta manera, si cobrasen 200 euros y se les minora, por ejemplo, 100 euros, aún obtendrían un pingüe beneficio. También permitiría al Gobierno una cierta recaudación para sufragar la reducción de los cargos de la factura en un 96%, para la que estaba destinada inicialmente una minoración, con la que se preveía obtener 2.600 millones.

Transparencia

Además de librar del tajo a los contratos bilaterales a precio fijo firmados antes del 16 de septiembre, así como a los posteriores a esa fecha siempre que tengan una duración de un año, la nueva norma obligará a las generadoras a asignar sus contratos a plantas concretas. De lo contrario, si son contratos generales, se prorrateará toda su producción y se minorarán los beneficios extras correspondiente a las inframarginales. También se verían afectados por el recorte los contratos que tengan una parte indexada a pool, en dicha proporción.

Entre las medidas destinadas a reforzar la transparencia incluidas en la norma aprobada el martes por el Consejo de Ministros, la más relevante es la que impone a las generadoras a informar al operador del sistema, REE, sobre sus contratos bilaterales financieros y no únicamente sobre los bilaterales físicos, como ocurre hasta ahora. Esta es una de las medidas que más “ha escocido” a las empresas, acostumbradas tradicionalmente a tenerlos ocultos.

La medida que menos gusta al sector es informar de sus bilaterales financieros

Y es que los contratos físicos apenas suponen un 20% del total. Según datos de septiembre del operador del mercado, OMIE, la contratación total con bilaterales ascendió a 23.189 GWh, de los cuales, 17.630 GWh eran financieros y los 5.560 GWh restantes eran físicos.

Según señala el RDL en su introducción, “según las obligaciones derivadas del reglamento de la UE sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (reglamento Remit) la CNMC contaría con la información necesaria de las transacciones físicas que se realizan entre los sujetos”. Sin embargo, recuerda, el Remit no prevé contar con la información de los contratos intragrupo ni la totalidad de la información de las coberturas financieras realizadas, “por lo que resultaría necesaria incluir en la regulación una disposición a estos efectos”. Y así lo establece a continuación en su articulado.

La norma, que incluye también una mejora de los beneficios del cheque térmico y del bono social de la luz, al ampliar los descuentos en la factura de los consumidores vulnerables y vulnerables severos, hasta el 60% y el 70%, respectivamente, considera que la minoración ahora aprobada para la generación “es proporcional, no discriminatoria y garantiza a las empresas una rentabilidad razonable”.

La norma señala que el recorte a la generación es “proporcional y no discriminatorio”

El texto repasa la escalada imparable de los precios de la electricidad, de la mano del gas natural y los derechos de emisión de CO2. El gas registró su máximo histórico el pasado 7 de octubre, con un valor de 117,84 euros/MWh, lo que supuso un incremento superior al 400% en apenas unos meses. Por su parte, los derechos de CO2 han pasado de los 24,75 euros/tonelada en 2020 a 60 euros en la actualidad. Ello ha disparado la cotización del pool, al pasar de una media de 46,31 euros/MWh en los tres últimos años a superar los 200 euros en octubre.

Endesa ve “racionales” las medidas del Gobierno

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, aplaudió este miércoles las medidas adicionales aprobadas por el Gobierno en el sector eléctrico, al considerar que introducen “racionalidad”, además de aumentar la protección para los consumidores vulnerables, dos ejes de actuación que la compañía valora positivamente.

Bogas insistió en que Endesa tiene toda su generación de base vendida a plazo a sus clientes a precios inferiores a los del pool, tal y como está certificado. Las modificaciones aprobadas por el Gobierno en un RDL incluyen criterios de transparencia, algo que Bogas también apoya: “Las exigencias de mayor transparencia incluidas en los nuevos decretos ley son siempre positivas y seguiremos colaborando en los próximos meses para suministrar precios competitivos a industria, pymes y familias”.

Por todo ello, el ejecutivo de Endesa asegura que estas medidas “ayudan a fortalecer la senda de la transición energética y la descarbonización”, que cree que es “el reto más relevante que tiene la sociedad para las próximas décadas”. No obstante, incidió en la necesidad de reformar la tarifa regulada (PVPC) para proteger de la volatilidad a los 10,5 millones de clientes acogidos a ella, así como otras medidas que protejan a otros clientes de la volatilidad del mercado mayorista.

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