USCA da 30 días a Enaire para poner fin a las jubilaciones forzosas a los 65 años
El sindicato de controladores urge la convocatoria de plazas para acompañar la recuperación del tráfico
La solución a la polémica de la jubilación forzosa de controladores aéreos al cumplir los 65 años de edad se ha convertido en una línea roja para el sindicato USCA: si no llega, podría haber acciones sindicales en puertas de las Navidades.
El colectivo, que celebra en estos días su congreso anual en Barcelona, asegura que la estatal Enaire ha reconocido que se trata de un asunto a reconducir. "Un grave error que ha irritado a la plantilla", explican los representantes de los trabajadores. El plazo ofrecido por el sindicato es de 30 a 45 días, pero si no hay pasos decididos en busca de encauzar la situación de los jubilados de forma forzosa, se someterán a la asamblea las citadas medidas de presión.
Así lo han explicado esta mañana Susana Romero y Daniel Zamit, secretaria de comunicación y portavoz de USCA, respectivamente, en rueda de prensa. Este conflicto entre Enaire y su plantilla se remonta a muchos años atrás, pero se ha visto agravado desde el pasado mes de agosto. En pleno verano fueron extinguidos nueve contratos entre controladores que no habían alcanzado los años de cotización requeridos por la Seguridad Social para cobrar la pensión máxima. Enaire ya había recibido demandas por esta cuestión, que habían llegado al Supremo en 2018, 2020 y 2021, al entender los afectados que la extinción de un contrato por razón de edad resulta discriminatoria.
Zamit ha señalado que los trabajadores que llegan a los 65 años en Enaire se encuentran “en un limbo jurídico y salen en ocasiones forzosamente, en lo que consideramos un despido, sin pensión ni indemnización”.
El punto 3 de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 9/2010, que regula los servicios de tránsito aéreo, fija que la jubilación de los controladores es obligatoria, sin excepción alguna, a los 65 años. Posteriormente, un laudo sobre el convenio colectivo dejó negro sobre blanco que la edad de jubilación sería la de 65 o cualquier otra que permitiera al trabajador alcanzae el mínimo de años cotizados que requiere la Seguridad Social. La reforma laboral, por último, complicó el asuntpo al elevar gradualmente la edad de jubilación.
Ante este escenario, Enaire pidió el pasado mes de julio la opinión de la Abogacía General del Estado, que el 5 de agosto emitió un informe que justifica la finalización de la relación laboral conforme a la citada Ley 9/2010. Tras ello vinieron las rescisiones contractuales y surgió el conato de conflicto laboral.
La solución, para equiparar el colectivo de controladores con otros especiales, podría venir a través de una disposición adicional al anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social. El objetivo de la empresa de control aéreo es evitar un choque con el sindicato mayoritario en plena recuperación del tráfico.
Zamit ha reconocido que el colectivo está “mucho más tranquilo cuando hay paz social que en conflicto, pero la de las jubilaciones es una línea roja”. Durante el tiempo que va de los 65 años, en que el profesional es desvinculado de las tareas de control aéreo, y la edad de salida efectiva de la empresa, USCA ya puso sobre la mesa la posibilidad de que este personal pueda ir destinado a puestos de formación, inspección, participación en proyectos de I+D, etcétera.
Falta de efectivos
Enaire cuenta con una plantilla de 2.200 controladores, cuya edad media se acerca a los 50 años. Desde USCA se llama la atención sobre la jubilación de unos 70 efectivos al año, ante lo que urge la reactivación del plan de incorporaciones pactado en octubre de 2018 y que está vigente hasta 2025.
El sindicato advierte de posibles problemas en el control aéreo en 2022, que se traducirían en retrasos en los vuelos, a la vista del ritmo de recuperación del tráfico tras la pandemia. El pacto que firmaron el entonces secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura y el sindicato USCA implicaba un incremento neto de la plantilla en 420 controladores hasta 2025 (471 por tasa de reposición y 196 adicionales). Este refuerzo suponía un alza del 21% y llegar a una nómina de 2.394 efectivos.
USCA denuncia el incumplimiento en 2020, probablemente por el efecto de la pandemia, y llama a la inmediata convocatoria de plazas a la vista de que el periodo de selección y formación del nuevo personal puede llevarse hasta 30 meses, según ha explicado Susana Romero.
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