Otro año más de ‘menudeo fiscal’ en las cuentas públicas
Es inevitable realizar una reforma en profundidad, que incremente la eficiencia recaudatoria del sistema y que distribuya, de forma más justa, la carga tributaria
El proyecto de LPGE para 2022 parte de que la recuperación económica, el crecimiento de la demanda interna y la creación de empleo en 2021 están implicando una mejora de la recaudación tributaria, pues los ingresos fiscales crecerán en este ejercicio un 10,8%, hasta los 214.995 millones de euros, según indica el avance de liquidación, tras el descenso de 2020 asociado a las consecuencias económicas de la pandemia.
Para 2022 se espera un incremento de la recaudación del 8,1% con respecto a la previsión de cierre de 2021, hasta superar los 232.000 millones de euros. Se trata de una estimación prudente, siempre que se produzca un crecimiento del PIB nominal del 8’6%, como el previsto, pero no en caso contrario. La situación de la economía española permitirá mejorar, de forma sustantiva, la aportación a los fondos públicos de las principales figuras de nuestro sistema tributario, como el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA.
Sin duda, los redactores del PPGE 2022 son conscientes de que no es el momento de acometer una subida relevante de estas últimas. Es inevitable realizar una reforma fiscal en profundidad, que incremente la eficiencia recaudatoria del sistema y que distribuya, de forma más justa, la carga tributaria. Dicha tarea ha de acometerse una vez que acaben los fondos europeos y volvamos a las reglas de estabilidad presupuestaria. Pero, en estos momentos, no parece razonable lastrar el crecimiento económico con una fuerte subida impositiva.
En cuanto a las novedades tributarias, en primer lugar, se incluye el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que recaudará cerca de 400 millones de euros en 2023 (en este último se presenta la declaración de 2022), afectando a alrededor de 1.000 grandes empresas. Parece que, a la espera de conocer la redacción concreta, sus redactores se inspiran en la iniciativa, respaldada por 136 países de la OCDE y el G20, para evitar la erosión de las bases imponibles y poner freno a la competencia fiscal desleal.
En segundo lugar, se continúa con la poda de beneficios fiscales en el IRPF. De un lado, se rebaja a 1.500 euros anuales el importe máximo de la aportación a planes de pensiones individuales desgravable (frente a los 2.000 euros de los PPGE de 2021). De otro, se eleva a 8.500 euros el de la aportación a planes colectivos o de empresa. Con ambas medidas se persigue la incentivación del ahorro a partir de las aportaciones a estos últimos planes, en sintonía con las recomendaciones tanto del Pacto de Toledo como de la AIReF, ya que este beneficio privado podía resultar negativo, a largo plazo, para un alto número de ahorradores.
Por tanto y al igual que pasó en año anterior, volvemos a estar ante un menudeo fiscal, a la espera de una imperiosa reforma fiscal en profundidad.
Javier Martín Fernández es Socio Director de Ideo Legal y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid