Unas cuentas excepcionales para una coyuntura extraordinaria

Una de las características que marcarán este Presupuesto es que la recepción de fondos europeos obliga a implementar reformas de calado

Estamos siendo testigos de cómo, tras el evento catastrófico que supuso la pandemia, se están colocando los mimbres para la recuperación. Para una “recuperación justa”, según la definió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que contemplan un récord de gastos e ingresos gracias a la llegada de los fondos europeos. Pero dado que en esta recuperación se tiene como aliados a los demás países europeos, quizás la agenda política deba estar muy marcada por los objetivos comunes y menos por las prioridades nacionales. Aun así, capítulos como pensiones, paro, funcionarios, e intereses de la deuda, representarán la mitad del plan presupuestario, cuya cantidad se sitúa muy cercana al PIB de Irlanda, es decir a los 458.970 millones de euros.

Una de las características que marcarán a estos Presupuestos de 2022 es que para poder contar con las ayudas de la Unión Europea hay que poner en marcha ciertas reformas de calado como la del sistema de pensiones, que necesita una revisión profunda en lo referente a su sostenibilidad financiera. No es casualidad que 171.165 millones se lo lleven las pensiones y, sobre todo, su revalorización, que sigue representando un reto para la economía española.

Es decir, si una gran parte del Presupuesto tiene como horizonte el cambio digital y verde propulsado por Bruselas, por otro lado, también debe avanzar en las reformas estructurales necesarias para recibir el dinero que sirve para las que ahora se están llevando a cabo. Por eso la única palabra que se necesita en este momento es diálogo y unidad.

Nunca como ahora los Presupuestos expansivos y de recuperación de la pandemia deberían ser unos Presupuestos que unan a España en lugar de seguir generando fracturas territoriales o de partidos. Es el momento de mirar al Estado en su totalidad, porque los importantes recursos de este ejercicio así lo permiten, y, además, el marco económico y financiero faculta para asumir desviaciones del déficit por un bien común: la recuperación de la economía.

Para este año, el FMI acaba de anunciar que el déficit en España será del 8,6% y del 5% en 2022, para estabilizarse alrededor del 4% entre el 2023 y el 2026. Según los parámetros de Maastricht, estamos por encima del fatídico 3% debido a unas contingencias excepcionales y esta excepcionalidad abre espacios y caminos para una mayor unidad resolutiva.

Nunca como ahora tenemos las premisas para redactar los mejores Presupuestos: el marco es expansivo, la tolerancia es elevada y los límites son claros y definidos, como en el caso de la sostenibilidad del sistema de pensiones que necesita de una revisión profunda más allá de la revalorización de las pensiones con la inflación.Sí, porque otra variable a la que tienen que enfrentarse estos Presupuestos es la inflación que, silenciosa, avanza mientras nuestras economías se ralentizan volviendo a la casilla de salida precrisis de 2019, cuando el ciclo económico estaba desacelerado por motivos estructurales.

Anclar los Presupuestos a las revalorizaciones del IPC significa introducir una nueva variable en la ecuación que, más que estabilidad, solo puede generar mayor incertidumbre en la evolución de las cuentas públicas. Si bien es cierto que los ERTE han sido una gran herramienta para proteger el empleo, también lo es que las empresas más responsables han hecho posible la reintegración de los trabajadores. Solo una cooperación reforzada entre trabajadores y empresarios ha permitido una vuelta a la normalidad económica de nuestra economía y por eso es importante remarcar la necesidad de que estos Presupuestos no sean destinados solo a un grupo en detrimento de otro, sino que tengan como horizonte el conjunto del sistema productivo.

El mayor gasto social que correctamente se introduce en estas cuentas tiene que servir de eco a la responsabilidad social de las empresas y no enfrentarse a ella. No hay que cometer el error de contraponer jóvenes a jubilados, trabajadores a empresarios o comunidades autónomas al Estado central. Hay que avanzar en el diálogo y además aprovechar este espacio y tiempo que la pospandemia está dando a la política, aplazando a otros momentos la eficiencia y la rigidez económica.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia para poder avanzar en el diálogo político y social? Que la cooperación es mucho más efectiva en términos económicos que el enfrentamiento. Por eso quizás todavía hay margen para poder avanzar en esto, y mientras se busca el consenso para la aprobación de los Presupuestos la idea principal sería la de consensuar y no enfrentarse.

Encima de la mesa quedan reformas de calado que unen más que dividen; jóvenes que quieren tener acceso a una vivienda digna y jubilados que quieren disfrutar de su tiempo tras décadas de trabajo. No son realidades que se contraponen y no se debe penalizar a un colectivo para beneficiar a otro; simplemente se debe trabajar en un nuevo pacto intergeneracional que permita a ambos colectivos ir avanzando hacia un modelo de fraternidad más que de solidaridad.

En resumen, la resiliencia pasa por el diálogo y la cooperación, no por el enfrentamiento, y ahora más que nunca tenemos una gran oportunidad de llevar a cabo, sin precipitaciones ni enfrentamientos, las reformas que se necesitan. Hay que aprovechar este tiempo para debatir e ir tejiendo estos acuerdos con un espíritu resolutivo y no de parte, sobre todo en un momento en el que el viento institucional apoya esta nueva visión de una sociedad europea más unida y atenta a las personas.

Massimo Cermelli es Profesor de economía de Deusto Business School