El intervencionismo no es el camino para facilitar el acceso a la vivienda

No es difícil prever el efecto inflacionista que las medidas anunciadas ayer tendrán sobre los precios del mercado

Como ya sucedió hace un año, la vivienda ha vuelto a ser la llave maestra que permitirá aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Tras año y medio de tira y afloja, Unidas Podemos alcanzó ayer un pacto con el PSOE sobre esta materia en el marco de la negociación interna que han mantenido respecto al contenido de las cuentas de 2022. Aunque lograr un consenso para sacar adelante los Presupuestos siempre es una buena noticia, las reformas pactadas –que se introducirán en la nueva ley de vivienda– constituyen una seria muestra de intervencionismo en el mercado inmobiliario, quizá algo menos tosco que el planteado en su día por Podemos para limitar de forma directa las rentas de alquiler, pero que causará distorsiones y provocará inseguridad jurídica.

El proyecto de ley de vivienda que han pactado PSOE y UP introduce una serie de medidas que inciden tanto en la oferta como en la demanda de los inmuebles de alquiler. Por un lado, el texto apunta a los grandes tenedores inmobiliarios, que define como aquellos que son propietarios de 11 o más viviendas, a quienes se les retiran los “beneficios fiscales vigentes”, además de establecer una regulación de precios que permitirá bajar por ley las rentas de acuerdo al índice de referencia en las zonas de mercado “tensionado”, un concepto jurídico de difícil determinación. Pese a lo que supone de intromisión en la libre contratación, la disposición nace con cojera en su ejecución, dado que serán comunidades y ayuntamientos (en el caso de los recargos en el IBI a las casas vacías) las Administraciones encargadas de aplicar esa limitación, y previsiblemente no todas lo usarán.

En el caso de los pequeños propietarios, el texto establece una congelación de las rentas durante la duración del contrato y ofrece incentivos fiscales ligados a la rebaja del precio. A todo ello se une también una ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes de hasta 35 años con una duración de dos años. Tanto en el caso de la rebaja de rentas para grandes tenedores como de la congelación para los pequeños propietarios y las ayudas para los jóvenes, no es difícil prever el efecto inflacionista que estas medidas tendrán sobre los precios del mercado, lo que no solo desactivará el objetivo de la norma, sino que agravará el problema que esta pretende resolver.

La mera aritmética parlamentaria, incluso la dirigida a aprobar las cuentas públicas, no puede determinar hasta tal punto la política económica de un país, como tampoco debe hacerlo el interés de partido. Las reformas anunciadas ayer son una muestra más de intervencionismo en los mercados –como las discutibles medidas recientes en el mercado energético–, que desincentivarán la inversión inmobiliaria y harán de España un país de seguridad jurídica cuestionable.