El Gobierno aprobará el plan presupuestario de 2022 el jueves
Las cuentas incluirán 25.000 millones en ayudas europeas y fijarán un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades PSOE y Unidas Podemos desbloquean el pacto presupuestario tras acordar la Ley de Vivienda
Tras más de un año de tira y afloja, PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo sobre la nueva Ley de Vivienda que ha permitido desbloquear la negociación interna del Gobierno de coalición sobre el contenido del plan presupuestario para 2022.
Según confirman desde La Moncloa, los socios del Ejecutivo de coalición han sellado un acuerdo esta mañana en torno al la Ley de Vivienda, que ya fue la llave para desbloquear las cuentas de 2021 hace un año, permitiendo sellar un acuerdo sobre el proyecto presupuestario para el próximo ejercicio.
El plan presupuestario será aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves, incluirá 25.000 millones de euros en ayudas europeas y fijará un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, según ha revelado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete de hoy.
El diseño de las cuentas públicas para el año 2022 ha estado dirigido por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, del lado socialista, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales, y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez.
El plan lleva ya varios días definido en sus grandes términos e incluso ha habido importantes avances en el sondeo de apoyos al resto de fuerzas parlamentarias, entre las que el Gobierno de coalición, en minoría parlamentaria, confía en sumar apoyos suficientes como para aprobarlo.
Dos asuntos, sin embargo, han bloqueado el acuerdo interno del Ejecutivo hasta la fecha: las pretensiones de Podemos sobre el alcance de las políticas en materia tributaria y de derecho a la vivienda.
El frente fiscal
En el primero de los casos, el principal pulso de la formación morada ha estado centrado en acelerar la puesta en marcha de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%, que formaba parte del acuerdo de coalición pero cuya aprobación fue pospuesta al estallar la pandemia.
Aunque el ala socialista del Ejecutivo abogaba por esperar a conocer el informe del comité de expertos para la reforma fiscal, que será emitido el próximo febrero con el objetivo de facilitar el diseño de un gran paquete de cambios tributarios de cara a 2023, Podemos venía defendiendo impulsar ya esta modificación de Sociedades.
Después de todo, argumentan, el Gobierno español ha secundado el pacto internacional de la OCDE para implantar un modelo tributario global para grandes multinacionales que pasa, precisamente, por imponer un tipo mínimo internacional del 15% y un reparto de los ingresos tributarios entre todos los países en que estas compañías operen, aunque no tengan sede.
Las partes parecían haber desbloqueado el pacto presupuestario hace unos días, cuando la propia vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, admitió la posibilidad de impulsar ya el tipo mínimo en sociedades sin poner en riesgo la recuperación económica.
La Ley de Vivienda
Podemos, sin embargo, advirtió entonces de que el nuevo presupuesto no podía pactarse sin haber resuelto antes la regulación de la nueva Ley de Vivienda que lleva un año negociándose entre los socios de coalición.
El acuerdo para tratar de contener la escalada de precios del alquiler fue hace un año el que permitió desbloquear el pacto presupuestario para 2021, si bien los plazos acordados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, han ido alargándose sucesivamente sin que ambas partes alcanzaran un consenso. Hasta hoy.
Las posturas estaban enconadas en la pretensión de Unidas Podemos de impulsar un sistema de limitación de precios de las rentas de la vivienda que el PSOE buscaba modular únicamente concediendo incentivos fiscales.
La negociación llegó a un punto culminante este lunes, cuando la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, trasladó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que la formación morada estaba dispuesta a apoyar el Presupuesto si el PSOE aceptaba regular únicamente el control de precios de alquiler de inmuebles de grandes tenedores, aquellos con más de 10 en cartera, dejando para más adelante la legislación referente a los pequeños propietarios.
"Una de las cosas por la que se recordará a Ione Belarra en esta legislatura es por ser la Ministra que no cedió ni un milímetro a la presión de los fondos buitre, dio la batalla y consiguió regular los precios de los alquileres en España", ha aseverado este martes en Twitter el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Claves del acuerdo
Finalmente, La Moncloa ha informado este martes de que las dos partes del Ejecutivo han llegado finalmente a un acuerdo en materia de vivienda que permite desbloquear el pacto presupuestario de 2022.
El contenido pasa por definir la figura del gran tenedor de vivienda como aquel con 10 o más inmuebles, suprimiendo para este colectivo los beneficios fiscales vigentes e impulsando una limitación de los precios del alquiler en aquellas zonas tensionadas según el índice de precios oficial. Para los pequeños propietarios se establecerá un sistema de incentivos fiscales a la rebaja de precios y se congelarán mediante contratos de mayor duración.
En paralelo, se fijan incrementos de hasta el 150% en el IBI de los inmuebles vacíos, que los ayuntamientos podrán adoptar si así lo consideran. También se reserva un 30% de la nueva promoción inmobiliaria al parque público de vivienda, destinando la mitad de este al alquiler social.
Plazos y tramitación
Lo ajustado de los plazos, revelan desde el Ejecutivo, impedirá que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto hoy mismo, con lo que lo hará en una reunión extraordinaria en los próximos días o posiblemente en su cita de la próxima semana, que se celebrará el lunes 11 al ser festivo el martes 12. En todo caso, el acuerdo permite cumplir los plazos que se había marcado el Ejecutivo de impulsar el plan dentro de la primera quincena de octubre.
Aunque aprobar las cuentas en tiempo y forma exige remitirlas al Parlamento antes de que finalice el mes de septiembre, los primeros días de octubre aún dan margen al ejecutivo para una tramitación ágil en el Parlamento que permita tener las cuentas vigentes el 1 de enero de 2022.
Desde el Gobierno vienen remachando que estos Presupuestos son clave para gestionar las ayudas europeas en camino y para impulsar la recuperación económica, con la expectativa de que el PIB avance un 7% en 2022 recuperando los niveles precrisis.
“Tenemos un buen acuerdo de presupuestos para 2022, que incluye una nueva Ley de Vivienda y que las grandes empresas paguen lo que toca. El Gobierno gobierna y la coalición goza de buena salud. El nuevo país avanza con cooperación entre las fuerzas progresistas y perseverancia”, ha defendido en Twitter la vicepresidenta segunda del Gobierno, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.