El Ejecutivo prepara un recorte en las bonificaciones fiscales para los grandes caseros
Busca reducir las ventajas para las entidades con más de ocho viviendas en arrendamiento. Actualmente tienen un incentivo del 85% en la cuota del impuesto de sociedades
El Gobierno está preparando un recorte de las ventajas fiscales para las empresas propietarias de vivienda destinada al alquiler. En la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de una nueva Ley de Vivienda, los socios de Gobierno prevén una rebaja de una bonificación en el Impuesto de Sociedades destinado a este tipo de compañías, introducida en 2014, según explican a Cinco Días fuentes conocedoras de la negociación presupuestaria.
Ayer se conoció que PSOE y Unidos Podemos han avanzado en la negociación de los próximos PGE, desbloqueando a la vez los escollos de la Ley de Vivienda, una norma que desde la formación liderada por Ione Belarra se considera como crucial y necesaria para ratificar las cuentas públicas de 2022.
Entre las novedades que han pactado los socios se encuentran algunas medidas sobre el alquiler de vivienda. En concreto, regular los precios para bajar por ley los alquileres a grandes caseros en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y también lo que desde fuentes de Unidas Podemos llaman “retirada de privilegios fiscales” sin ofrecer más detalles.
Las fuentes conocedoras de la negociación explican que el cambio fiscal se concretará en la rebaja de la bonificación que existe a las conocidas como entidades arrendadoras de viviendas, un incentivo que es del 85% en la cuota del impuesto de sociedades. Se prevé que la reducción de la ventaja tributaria sea considerable.
Aunque a nivel político y periodístico el foco en los últimos meses ha estado en las socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), ya que Unidas Podemos ha tratado de quitar sus ventajas fiscales, existen otras figuras menos conocidas. En el caso que ahora plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez se refiere al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
Se trata de empresas que tienen arrendadas más de ocho viviendas y que permanezcan alquiladas durante más de tres años, según los regímenes tributarios especiales recogidos por la Agencia Tributaria. Al menos el 55% de sus rentas o del valor de sus activos tienen que provenir del alquiler residencial. La base de bonificación es la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas.
Este régimen especial se modificó en 2014, con Cristóbal Montoro (PP) como ministro de Hacienda con el objetivo de incentivar que los grandes propietarios pusieran casas en alquiler y, así, hacer crecer ese parque residencial.
Estas empresas son específicamente propietarios de viviendas, a diferencia de las socimis, en las que sus activos en arrendamiento pueden ser también oficinas, hoteles, naves o superficies comerciales, entre otras. De hecho, las grandes socimis como Merlin y Colonial no tienen casas entre sus activos.
Previsiblemente esta modificación tributaria se impulsará con la Ley de Vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por Raquel Sánchez.
Reacción de los grandes propietarios
Asipa, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (que agrupa a grandes propietarios de activos inmobiliarios), reaccionó ayer al anuncio de la batería de modificaciones legislativas asegurando que habían visto previamente esta Ley de Vivienda una oportunidad ideal para alcanzar un gran pacto sectorial. “Resulta muy decepcionante que todo esto haya acabado en un paquete de medidas populistas e inconstitucionales, que no solo se ha probado que son contraproducentes ya en otros países, sino que pueden deteriorar de una forma irreparable el desarrollo de esta infraestructura social para las próximas generaciones”, afirmó este lobby en un comunicado. “Es ineficaz porque no añade ni una sola vivienda al mercado”, añadió.
Igualmente, esta asociación lamenta que usar el concepto de gran propietario no solo es discriminatorio e injusto hacia unas sociedades que canalizan el ahorro colectivo de pequeños ahorradores.
La asociación afirma que la escasez de oferta de vivienda en alquiler disponible es derivada de procesos administrativos largos e ineficientes en la creación de suelo, "de una fiscalidad ineficiente en el alquiler, o de la falta de vivienda social con millones de m2 de suelo público parados desde hace décadas y presupuestos públicos para infraestructura de vivienda absolutamente ridículos". Y añaden: "Es contraproducente porque va a provocar que se retiren viviendas del mercado en alquiler".
