La ley de vivienda encona la negociación del pacto presupuestario

Díaz pide topar los precios del alquiler y Raquel Sánchez usar incentivos

El pulso complica el plan de aprobar el plan el martes 4 o el lunes 11

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. EFE

A falta de pequeñas pinceladas para rematarlo, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 está prácticamente listo a la espera solo de la conversación paralela que PSOE y Unidas Podemos mantienen desde hace casi un año para consensuar la futura ley de vivienda. Los dos socios del Gobierno, que para pactar las cuentas públicas también vienen negociando puntos clave como una reforma del impuesto de sociedades, mantienen a día de hoy posiciones muy alejadas materia de vivienda. De entrada, el socio minoritario del Ejecutivo quiere vincular la futura ley a los PGE, mientras que el PSOE insiste en separar ambas negociaciones bajo el pretexto de que los Presupuestos, que canalizarán parte de los fondos europeos, deben desbloquearse con urgencia para asegurar la recuperación.

En este tira y afloja, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiso mandar ayer un mensaje de sosiego acerca de la negociación presupuestaria: “Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Va a haber Presupuestos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Díaz matizó, eso sí, que en esas cuentas debe fijarse un tipo mínimo de Sociedades del 15%, algo que causaba cierta resistencia en el ala socialista del Gobierno pero que finalmente parece desbloqueado. Pero no se quedó ahí, y también recalcó que España debe tomarse en serio el “problema” de la vivienda y del alquiler, descartando medidas como los incentivos fiscales para propietarios y apostando por rebajas y límites de precios.

Para redoblar la presión, Podemos y otros ocho partidos que tradicionalmente han dado su apoyo al Gobierno registraron ayer en el Congreso una proposición de ley en torno a la vivienda que entre otras medidas plantea topes al precio del alquiler y multas de hasta 900.000 euros para los propietarios que incumplan.

Casi a modo de respuesta, también ayer, la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, volvió a rechazar estos mecanismos por no ser útiles y defendió utilizar los incentivos fiscales para animar a los propietarios a que alquilen a precios asequibles.

Lo enconado de las posturas mantiene bloqueada la aprobación del plan presupuestario, que Moncloa aspira a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes o, a más tardar, en el del lunes siguiente (el martes 12 es festivo) para garantizar su aprobación en las Cortes antes de final de año.

La legislación establece –si bien los Ejecutivos vienen tomándolo como una mera recomendación– que el Gobierno debe remitir al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio en curso. Aunque el Gabinete de Pedro Sánchez incumplirá su aspiración de presentar las cuentas de 2022 “en tiempo y forma”, todo parece indicar que el retraso será de apenas unas semanas. Tras un largo pulso interno, y a la espera de si se vincula o no la ley de vivienda a la negociación presupuestaria, los socios de coalición parecen estar cerca de un acuerdo en el ámbito fiscal que permitiría dar luz verde al proyecto en uno de los próximos consejos de ministros.

Aunque oficialmente la negociación continúa abierta, con encuentros de alto nivel dentro del Ejecutivo de coalición en los últimos días, el pacto estaría próximo, según fuentes cercanas a esos encuentros que señalan a la fijación de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades como palanca clave para desbloquear el acuerdo.

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