Ayudas a las empresas

Los nuevos ERTE deberán volver a adecuarse a la reforma laboral este mismo año

Las medidas incluidas en el pacto social alcanzado el lunes tendrán un sobrecoste para la Seguridad Social y el SEPE de unos 1.600 millones de euros hasta febrero

De izquierda a derecha: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
De izquierda a derecha: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Las nuevas condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuyas ayudas a las empresas estarán vinculadas a la formación, entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre próximo y durarán hasta el 28 de febrero. Después de que estas nuevas condiciones fueran acordadas por los agentes sociales a última hora del lunes, hoy han recibido el visto bueno del Gobierno en el Consejo de Ministros.

La principal novedad del Real Decreto aprobado ayer es que la prórroga de los ERTE ya no será automática sino que las empresas tendrán todo el mes de octubre (en el que se mantendrán las actuales condiciones) para volver a solicitar su expediente de limitación de la actividad por el Covid, o si su actividad estuviera prohibida, de impedimento.

Esto puede suponer nuevos quebraderos de cabeza, sobre todo de carácter administrativo, para las empresas, que deberán volver a presentar toda la documentación ante la autoridad laboral pertinente (autonómica o nacional si opera en varias comunidades). Desde Trabajo explicaron que para tramitar esta nueva solicitud de prórroga del ERTE las compañías “deberán presentar el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021”. Pero estas nuevas exigencias administrativas podrían no ser las últimas este año.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó ayer que el diálogo social ya “tiene muy avanzadas” las negociaciones para aprobar una reforma laboral que debe estar lista –según se ha comprometido el Gobierno con Bruselas– antes de que termine el presente año. En dicha reforma, Díaz insistió en que se incluirán cambios “estructurales” en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que regula los ERTE previos a la pandemia.

Por tanto, ante los nuevos e inminentes cambios legales que se avecinan, la titular de Trabajo explicó que las empresas que se acojan a partir del 1 de noviembre a los nuevos ERTE deberán volver a adecuarlos a lo que vaya a decir la reforma laboral. Por ello, Díaz advertía que cambios legales que “las empresas que ahora se sujeten a este Real Decreto en cuanto se publique la reforma laboral tendrán que acogerse al artículo 47 que ya regulará los nuevos ERTE de manera estructural” y no de forma coyuntural por la pandemia.

Por su parte, Díaz precisó que la financiación de las acciones formativas --que tendrán entre 30 y 40 horas y deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022-- se hará a través de los actuales sistemas subvencionados de formación para el empleo.

Dos tipos de ERTE estructurales

En cuanto a estos trabajos “avanzados” para aprobar una regulación de ERTE permanente fue el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el que se atrevió a avanzar por dónde podría ir esta nueva legislación. Concretamente, indicó que se están diseñando dos modalidades de ERTE: Uno sectorial para las empresas que atraviesen crisis de reconversión u otro tipo; y otro “cíclico para situaciones más sistémicas en la economía”, como ha podido ser la pandemia.

Dicho esto, lo único que según Escrivá está claro en estas negociaciones para los ERTE en la reforma laboral es que estarán vinculados a la formación de los trabajadores afectados. Y en ese sentido dijo que “lo que tiene que ver con la recualificación tendrá que estar reforzado respecto a lo que hay ahora”.

No obstante, preguntado por si se mantendrán también los incentivos a las empresas que se acojan a los futuros ERTE, Escrivá precisó que aún no se había decidido. “Estamos terminando estas tareas y debemos decidir colectivamente como financiar ese mecanismo, solo está claro que vamos a incorporar la formación”, aseguró.

El responsable de la Seguridad Social comentó también la necesidad de "trabajar" en las negociaciones para el diseño de estos nuevos expedientes de regulación de empleo para crear incentivos a las empresas que contraten trabajadores que estén en ERTE en otra compañía.

Coste de las nuevas medidas

El titular de Seguridad Social sí habló de dinero para cifrar en unos 1.200 millones el coste de los nuevos ERTE formativos hasta febrero y las ayudas a autónomos. Mientras que Díaz aseguró que la parte de financiación de las prestaciones que corresponde del Servicio Público de Empleo estará en torno a los 390 millones de euros. En total, las medidas de pacto social le han costado solo a la Seguridad Social unos 21.000 millones de euros desde marzo de 2020.

El Consejo de Ministros también aprobó ayer la subida de 15 euros del salario mínimo interprofesional hasta los 965 euros al mes en 14 pagas. Díaz sugirió que pretende volver a incrementarlo de cara a enero de 2022: mientras que el líder de UGT, Pepe Álvarez, amenazó ayer con que si en esa fecha el salario mínimo no sube a 1.000 euros, este sindicato “no firmará más acuerdos con el Gobierno”.

Finalmente, los ministros han recordado que el Gobierno también ha prorrogado hasta el final de febrero el plan MECUIDA, que facilita a los trabajadores la adaptación de la jornada para el cuidado de hijos y familiares. Y se extiende también hasta esa fecha las ayudas a los profesionales de actividades artísticas creadas por la pandemia.

 

El rifirrafe que no salió del Consejo de Ministros

Hasta cuatro veces y de distintas formas preguntaron ayer los periodistas a los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá si habían solventado en el Consejo de Ministros la polémica pública surgida entre ellos a cuenta de unas declaraciones del responsable de las pensiones sobre la necesidad de un cambio cultural que hiciera permanecer en activo a los trabajadores entre los 55 y los 75 años. Estas declaraciones de Escrivá al diario Ara se interpretaron rápidamente como una sugerencia de llevar la edad de jubilación hasta los 75 años. La respuesta de la ministra de Trabajo no se hizo esperar y pidió “prudencia y cautela” a Escrivá sin citarle. Sin embargo, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ninguno de los dos quiso atacar públicamente al otro. Díaz reconoció que había pedido prudencia pero destacó que Escrivá había aclarado que no pretendía aumentar la edad de jubilación. “Me quedo con que el jueves se derogará la reforma de pensiones del PP de 2013”, dijo Díaz conciliadora. Aunque Escrivá no se resistió a dar un revés a su compañera de Gabinete al asegurar que muchos de los que reaccionaron “no se habían leído la entrevista”.

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