Diálogo social

Las ayudas a las empresas y la formación de los trabajadores, escollos para renovar los ERTE

El choque entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social complica las negociaciones con patronal y sindicatos

Un camarero prepara la terraza.
Un camarero prepara la terraza.

A menos de una semana de que termine la vigencia de las actuales condiciones especiales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) el Gobierno y los agentes sociales han llegado a una especie de punto muerto en las negociaciones. En la reunión del viernes no se produjeron avances significativos ni se pudo llegar a ningún pacto para renovar este mecanismo hasta el 31 de enero, tal y como persiguen estas conversaciones.

Los principales escollos para sellar este acuerdo tienen que ver fundamentalmente con las materias dependientes de la Seguridad Social, como son la reducción de exoneraciones de cotizaciones a las empresas o la vinculación de los nuevos ERTE a planes formativos para los trabajadores con su empleo suspendido. Mientras que, según los sindicatos, sí se ha avanzado con las cuestiones del Ministerio de Trabajo. De hecho, tanto fuentes sindicales como patronales mostraron este sábado su fuerte descontento por la “ausencia reiterada” de los representantes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones en las últimas dos reuniones de la mesa negociadora del jueves y viernes pasados.

En el sindicato Comisiones Obreras llegaron ayer a acusar a los responsables de la Seguridad Social de estar “ejerciendo un bloqueo de la mesa de negociación que va a dificultar llegar a tiempo en la renovación de los ERTE”. En su opinión, la ausencia del ministerio que dirige José Luis Escrivá en la mesa de diálogo social “supone una falta de respeto al propio proceso de diálogo social y a las personas que se encuentran por ERTE”.

Por su parte, desde San Sebastián, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, consideró “complicado” llegar a un acuerdo con el Gobierno. Y horas más tarde la patronal emitió un duro comunicado en el que aseguraba que: ”Resulta incomprensible la ausencia, por segundo día consecutivo, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que consideramos una falta de respeto a los interlocutores sociales, a las 84.000 empresas y a las más de 250.000 personas trabajadoras que aún se encuentran en ERTE en estos momentos”. Ante esto, los empresarios reclamaban una propuesta conjunta de Trabajo y Seguridad Social.

Sin embargo, a última hora de este viernes la situación dio un giro de guion, ya que fuentes de la negociación aseguraron que desde la Seguridad Social llevan varios días intentando reunirse con los responsables de Trabajo para aunar un documento, algo que no ha sido posible por la negativa de este último ministerio a introducir cualquier novedad en las condiciones de los nuevos ERTE añaden estas fuentes.

Esta reunión entre ambos ministerios se produjo finalmente este viernes a primera hora de la mañana, pero no consensuaron ningún documento conjunto. Acto seguido, Trabajo volvió a reunirse con patronal y sindicatos, pero estas mismas fuentes aseguran que ni siquiera se había consultado a la Seguridad Social para que estuviera presente en esta segunda reunión.

Pero en Trabajo no consideran que exista ningún enfrentamiento con la Seguridad Social y añaden que lo normal en este tipo de negociaciones es reunirse con los agentes sociales para escuchar sus propuestas; también recuerdan que nunca ha habido un documento conjunto de ambos ministerios una semana antes de terminar la vigencia de los ERTE.

Ante todo este escenario de desencuentros cruzados, estos son los puntos en los que se perfila que podría haber acuerdo y aquellos que suponen un fuerte escollo para el pacto:

  • Plazos. Las condiciones especiales de los ERTE por la pandemia terminan el 31 de septiembre, pero, ante la falta de acuerdo con los agentes sociales para modificar las condiciones y la inminencia del fin de esta vigencia, el Gobierno se habría abierto el jueves a una solución intermedia: mantener los actuales requisitos hasta el 31 de octubre. Y durante el próximo mes el Ejecutivo mantendrá las negociaciones con y sindicatos para fijar nuevas condiciones, que se aplicarán desde el 1 de noviembre al 31 de enero de 2022. Las condiciones especiales de los ERTE por la pandemia terminan el 31 de septiembre, pero, ante la falta de acuerdo con los agentes sociales para modificar las condiciones y la inminencia del fin de esta vigencia, el Gobierno se habría abierto el jueves a una solución intermedia: mantener los actuales requisitos hasta el 31 de octubre. Pese a ello, la idea del Gobierno es que la semana que viene se cierren también las condiciones que se aplicarán desde el 1 de noviembre al 31 de enero de 2022. Aunque este punto no está del todo cerrado.
  • Solicitud de prórroga. El Gobierno quiere que con las nuevas condiciones, las prórrogas de los ERTE no sean automáticas sino que las empresas deban volver a solicitar otro expediente de suspensión a la autoridad laboral, con el objetivo de aumentar la detección del fraude. A cambio de instaurar esta nueva solicitud, Trabajo estaría dispuesto a fijar un plazo (casi con seguridad 10 días) para su presentación ante la autoridad laboral competente y, transcurrido ese periodo se aplicaría el silencio administrativo positivo. Esto significa, que si la Administración laboral no ha respondido en el periodo que se acuerde el ERTE se considerará aceptado.
  • Exoneraciones y formación. Por lo manifestado hasta ahora desde la Seguridad Social su intención es rebajar las actuales exoneraciones de cotizaciones por los trabajadores en ERTE en el caso de los expedientes de limitación; mientras que se mantendrían al 100% en los de impedimento para nuevas restricciones de actividad ante un eventual rebrote de la pandemia. La patronal se ha mostrado rotundamente contraria a la rebaja de estas ayudas empresariales, que Garamendi ayer calificó de “impresionante”. Junto a esta rebaja de las exoneraciones, la Seguridad Social quiere vincular la autorización de los nuevos ERTE a la realización de planes de formación de los trabajadores afectados, algo que pretendía que gestionara el SEPE, pero que desde Trabajo no ven posible, según las fuentes consultadas.
  • Contador a cero. Otra de las cuestiones que parece ya cerrada en esta negociación es la extensión hasta junio de 2022 del denominado contador a cero de las prestaciones por desempleo. Desde el primer decreto que adaptó los ERTE a la crisis del Covid en marzo de 2020, el Gobierno estableció esta medida para los perceptores de la prestación por desempleo de los trabajadores con su empleo suspendido por uno de estos expedientes. Este mecanismo consiste en que dichos trabajadores conservan el derecho a esta prestación acumulado antes de entrar en el ERTE, esto es que la percepción de esta prestación durante la suspensión temporal de empleo no se tiene en cuenta a efectos de agotar su cobro. De esta forma, si son despedidos antes de junio de 2022 podrán retomar todo el derecho de prestación acumulado antes del ERTE por Covid.

En esta nueva negociación para prorrogar los ERTE solo hay una cosa cierta a fecha de hoy: que las nuevas condiciones para este mecanismo de ayuda a las empresas deben aprobarse la próxima semana en el Consejo de Ministros ordinario del martes o, en última instancia, ante una falta total de acuerdo el Ejecutivo podría estirar las negociaciones para aprobar esta prórroga en un consejo extraordinario el jueves, 30 de septiembre, fecha en la que expiran las condiciones actuales.

 

 

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