Tribunales

Aena estudiará acudir al Constitucional si el Congreso baja sus alquileres por la crisis

La Cámara Baja decide hoy sobre el ajuste de las rentas garantizadas hasta la recuperación del tráfico aéreo

El presidente de Aena, Maurici Lucena.
El presidente de Aena, Maurici Lucena.

El pulso entre Aena y sus inquilinos en los aeropuertos, entre ellos Dufry, Áreas y SSP, tiene hoy en el Congreso un debate que apunta a victoria para los comerciantes y restauradores, que reclaman el reequilibrio de sus alquileres con rebajas parejas al desplome del tráfico aéreo. Pero, de ser así, Aena estudiará abrir un nuevo frente judicial para tumbar la reforma de sus contratos por inconstitucional.

La Cámara Baja vota la enmienda promovida por el senador canario Fernando Clavijo, el 15 de septiembre, en el Proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. La adición alude a las rentas mínimas anuales garantizadas (RMAG) que el operador aeroportuario y sus clientes comerciales tienen acordadas por contrato. El texto exige que se suprima la RMAG que debían pagar los arrendatarios entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, y que a partir de esa fecha ese alquiler mínimo quede “automáticamente reducido en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros en ese mismo aeropuerto en 2019”. Un ajuste que perduraría hasta la recuperación del tráfico.

PP, Vox, Cs, ERC, Bildu y parte del Grupo Mixto, parten de una posición favorable a bajar las rentas

La actividad aérea se desmoronó un 72% en 2020 y en junio de 2021 la caída era casi del 79%. Se trata de porcentajes que superan con creces el alivio propuesto por Aena: una quita del 100% en la RMAG para los meses del primer estado de alarma, y del 50% hasta septiembre de este 2021. Ya este octubre vuelve a cobrarse el 100%. “Es un apropuesta claramente insuficiente y alejada de la realidad que vivimos”, remarcaron ayer los comerciantes a través de sus asociaciones.

La oferta de Aena mejoró lo fijado en el Real Decreto Ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio. Pero no convenció a los mas grandes: de los 120 inquilinos, el 65% de los contratos aceptó la rebaja, pero suponen el 13% de las RMAG.

De prosperar la enmienda, los contratos de Aena serían papel mojado durante la crisis aérea. Fuentes del Congreso dan por asegurados al menos los votos afirmativos del PP, VOX, Ciudadanos, ERC, Bildu y parte del Grupo Mixto. En contra votarían el PSOE y el PNV, y se especula con que Podemos se abstenga. Basta una mayoría simple.

UGT y CC OO presionaron ayer para que Aena acceda a “ajustar los alquileres de las zonas comerciales al tráfico efectivo”

UGT y CC OO presionaron ayer para que Aena acceda a “ajustar los alquileres de las zonas comerciales al tráfico efectivo” y piden que se vincule esa medida “con compromisos expresos de mantenimiento de los más de 12.000 empleos que se generan”, señalaron las centrales.

Aena lleva días analizando acciones legales contra un eventual revés en el Congreso, para lo que cuenta con ayuda de PwC. Las bazas sobre la mesa son la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, posiblemente a través del PSOE, o esperar que un tribunal plantee cuestión de constitucionalidad. Los abogados de la pública argumentan que se busca un cambio normativo contra una empresa y favoreciendo a una de las partes, los comerciantes y hosteleros, en un conflicto judicializado. La enmienda “sería una expropiación legislativa”, señalan desde Aena, al modificar contratos en vigor para disminuir rentas tanto futuras como pasadas.

Tres grandes cadenas con mucho en juego

Aena cree que podría verse privada de tutela judicial una vez que una ley ad hoc marque el sentido de las sentencias de más de un centenar de demandas cruzadas con sus inquilinos. La pública defiende que sus accionistas no merecen soportar la crisis en mayor medida que los de grandes compañías, como Dufry, Áreas y SSP. De la primera de ellas depende el 54% de la RMAG pactada por contrato, de Áreas cuelga un 15% y SSP tiene un 6%. En el mercado se estima que la enmienda podría favorecer a las 120 empresas que prestan servicios en las terminales con ahorros de 1.200 a 2.000 millones, dependiendo del momento en que se alcance el nivel de tráfico de 2019. Sólo entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, Aena renunciaba a 800 millones con la rebaja propuesta a sus comerciantes.

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