Los accionistas minoritarios preparan una batalla judicial por el recorte de beneficios a las eléctricas
Aemec cree que las medidas son contrarias al derecho europeo. Asegura que causan un daño patrimonial a las compañías
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) prepara una batalla judicial contra las medidas del Gobierno para abaratar el recibo de la luz. Aemec anunció que los planes del Gobierno supondrán la devolución por parte de las eléctricas de hasta 2.600 millones de euros durante los próximos 6 meses procedentes de los “beneficios caídos del cielo”, tal y como los han denominado de forma peyorativa desde el Ejecutivo.
Incautación
Francisco Estévez, asesor jurídico de Aemec, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo y presidente del comité jurídico de Betterfinance, calificó estas medidas de injustas al causar un claro daño al patrimonio de los accionistas de las compañías eléctricas. “Los propietarios de las eléctricas no son entes abstractos, sino que son sus accionistas. Estas medidas producen un daño patrimonial evidente y constituyen una incautación de la cuenta de explotación de las empresas afectadas, rompiendo así el principio esencial de confianza legítima y causando un claro daño a los inversores”, recalcó. “Si el problema del precio de la electricidad está en el elevado coste del gas, penalizar a todo el sistema de energías que no utilizan gas es precisamente atentar contra el deseo de todos de una transición progresiva hacia las energías limpias. Dándose la paradoja de que mientras la cotización de las eléctricas cae (las cotizadas del sector han perdido 7.500 millones en cotización bursátil en apenas 48 horas), empresas vinculadas a energías fósiles cotizan al alza”.
Cuestión prejudicial
En su intervención, el jurista se mostró convencido de que la minoración aprobada por el Ejecutivo ocasionará un daño indemnizable con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la regulación europea, por lo que advierte que ejercerá, en representación de los accionistas minoritarios, todas las acciones legales pertinentes, como un recurso contencioso administrativo en España y una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pese a la advertencia, la Asociación no interpondrá los recursos con carácter inmediato. En primer lugar porque al haberse aprobado las medidas vía real decreto-ley, habrá que esperar a que se produzca el acto de liquidación del daño para poder recurrirlo. En segundo lugar tratará de esperar a ver si el Ejecutivo español rectifica, ya que ningún otro país europeo ha aprobado una medida de este tipo. “Ninguno de los países europeos ha introducido un elemento pernicioso e intervencionista para marcar el precio de la luz ya que eso supone romper el sistema de reglas de juego en el marco europeo. Queremos expresar nuestra preocupación por el mensaje que traslada el Reino de España cuando su Gobierno interviene en el mercado aludiendo a las empresas eléctricas. Parece algo más propio de otras latitudes que de las europeas y supone un pérdida de seguridad jurídica y de reputación internacional del país, lo que causa un daño año enorme, no solo a empresas y accionistas, sino también al conjunto de los ciudadanos”, precisó Estévez. “Se penaliza de manera clara con la memorización de la retribución de las energías limpias y renovables lo que es un contrasentido al ir en contra de todas las políticas comunitarias y del propio Gobierno y en favor del gas”, añadió.
Derecho comunitario
Estévez remarcó que el problema del alza del precio de la luz debe ser abordado con profundidad y no con medidas “arbitrarias,injustificadas, intervencionistas y discriminatorias”. En su opinión, el Ejecutivo ha introducido un elemento extraño en el último decreto ley, cambiando las reglas de juego y el derecho europeo.
