El Gobierno asegura que los conductores ahorrarán 750 millones con el fin del peaje en la AP-7 y AP-2
El 31 de agosto decae el pago por uso en un total de 477 kilómetros gestionados por Abertis
La apertura al tráfico gratuito de 477 kilómetros de autopista en la AP-7 (262 kilómetros entre Tarragona y La Jonquera) y AP-2 (215 kilómetros de Zaragoza a El Vendrell), gestionadas hasta ahora por Acesa (Abertis), supondrá un ahorro anual superior a los 750 millones para sus usuarios, según estimaciones del Gobierno. Las barreras serán levantadas el 31 de agosto con el final del plazo de explotación y la consiguiente reversión de ambas carreteras al Ministerio de Transportes (Mitma).
La primera de ellas transcurre por Cataluña, donde la red de carreteras del Estado queda totalmente liberada de tarifas. En 2018 esta era la comunidad que contaba con mayor porcentaje de kilómetros de pago, con un 52% de los kilómetros de vía de alta capacidad.
En el caso de Aragón, recuerda el Mitma, circular por la red de alta capacidad a partir del 1 de septiembre será un 76% más barato para el conductor una vez liberados de barreras 102 kilómetros de la AP2. Un 6% de los kilómetros de alta capacidad en tierras aragonesas seguirán sujetos al pago por uso.
Cinco décadas de operación privada
La AP7 ha estado en manos privadas 47 años, por los 55 años de la AP2. Un largo periodo concesional al que se llegó tras distintas prórrogas que han sumado 26 años.
La reversión de concesiones a manos del Estado, por la finalización de los contratos, ha supuesto desde 2018 la apertura de 1.029 kilómetros. El actual Gobierno optó por no prorrogar esas concesiones ni licitarlas de nuevo.
El resultado del vencimiento de las dos vías de Acesa será que a partir del 1 de septiembre “circular por la red de carreteras del Estado será un 73% más barato que en 2017; y 4 de cada 10 kilómetros de autopista de peaje pasará a ser gratuito”, remarca el departamento que lidera Raquel Sánchez.
Los ahorros han sido cuantificados en 515 millones entre la AP7 y la AP2, si se atiende el actual tráfico de 13 millones de desplazamientos al año. Pero la cifra, explica el Mitma, sube a los citados 752 millones ante el incremento estimado de usuarios.
Nuevo modelo de conservación
El ministerio trabaja en un estudio de demanda para ajustar la necesidad de actuaciones en ambas carreteras. La reversión de los contratos concesionales implica la gestión directa por parte del Mitma y toda una batería de nuevas oportunidades para sectores de conservación. El pasado mes de abril se licitaron siete contratos de conservación y mantenimiento por un importe de 137 millones euros.
La primera de las autopistas que pasó a manos públicas fue, en noviembre de 2018, la AP1 (Burgos-Armiñón) de Itínere. En 2020 llegó la supresión de barreras en AP-7 entre Tarragona y Alicante y en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ambas agrupadas en la concesionaria Aumar (Abertis). Entre todas ellas, el ahorro para los conductores asciende a 1.400 millones al año, según cálculos ministeriales. En esta cifra se incluye la rebaja de peajes en las nueve autopistas rescatadas y bajo gestión de la pública Seittsa.
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