Dos oportunidades para que España se tome en serio el empleo juvenil
Las cifras cuantitativas y cualitativas del empleo en los jóvenes constituyen un fracaso sin paliativos de la economía española
El problema del empleo juvenil, agravado por la crisis desatada por la pandemia del Covid-19, se ha convertido con el paso de los años en una verdadera lacra para las generaciones más jóvenes de españoles, condenadas a abrirse paso en un entorno casi crónico de pobreza salarial e inestabilidad laboral. España no solo registra la tasa más alta de jóvenes sin empleo de toda la OCDE, que el último informe de la organización cifra en un 38%, sino que ofrece puestos de trabajo altamente precarios a los menores de 30 años, mediante una combinación venenosa de temporalidad y bajos salarios. Un análisis realizado por UGT a partir de datos del INE concluye que las retribuciones de los jóvenes en esa franja de edad todavía no se han recuperado del efecto de la crisis financiera de 2008, y que perciben hoy un sueldo un 5,6% más bajo que al comienzo de la década pasada. Los trabajadores mayores de 30 años han visto, por el contrario, crecer sus retribuciones, aunque ese incremento haya sido apenas de un exiguo 0,8% y su poder adquisitivo haya sufrido también el efecto de la inflación acumulada en los últimos años.
Tanto si se comparan con las de otros colectivos como si se analizan en soledad, las cifras cuantitativas y cualitativas del empleo juvenil constituyen un fracaso sin paliativos de la economía española, aparentemente incapaz de ofrecer a los jóvenes no solo un empleo, sino un empleo con un sueldo digno. Ni las sucesivas reformas del sistema educativo y la FP, ni las diferentes políticas de choque ni los reiterados intentos de conectar las necesidades de las empresas con las competencias de los jóvenes han logrado corregir el funcionamiento de un mercado laboral que cuando llega una crisis ofrece en bandeja los contratos de los más jóvenes como opción preferente para ajustar plantilla. El fracaso se extiende incluso a la gestión de los planes financiados con ayudas europeas, como ocurrió con el programa Garantía Juvenil de 2013, el 90% de cuyos destinatarios no llegaron a registrarse o a enterarse de su existencia, como constató la propia Bruselas.
El Gobierno anunció el pasado mayo su segundo plan de choque para la mejora del empleo juvenil, dotado con 4.375 millones de euros. De ellos, 600 millones se adjudicarán a las comunidades autónomas para contratos formativos dirigidos a menores de 30 años, 775 se invertirán en programas de empleo joven y 3.000 millones se destinarán a una nueva edición del malogrado plan Garantía Juvenil, todo ello además de impulsar una nueva reforma laboral. En términos políticos, son dos nuevas oportunidades de coger por los cuernos un problema que resulta absolutamente insostenible; solo resta saber si esta vez se aprovecharán.