Reconstruir la agricultura sobre los cimientos de la nueva PAC

En general es muy beneficiosa, pero quedan huecos por cubrir, como la venta ‘a pérdidas’, o la regulación de las importaciones extracomunitarias

Ha sido un parto duro y largo, tras más de tres años de intensas negociaciones condicionadas por un sinfín de vicisitudes (seis presidencias de turno de la UE, elecciones al Parlamento Europeo en 2019, cambios en la composición del comisariado, el Brexit, la pandemia, etc.). El 25 de junio se alcanzó el acuerdo que determina las bases para la agricultura y la ganadería europeas para el periodo 2023–2027.

La nueva Política Agraria Comunitaria es el resultado de conjugar la rentabilidad económica de las explotaciones y los requerimientos medioambientales del Pacto Verde Europeo y la estrategia sobre Biodiversidad 2030, así como el plan De la granja a la mesa en torno a la alimentación sostenible.

En términos generales trae aspectos muy beneficiosos, pero, como dice el refrán, no todo el campo es orégano. Quedan grandes huecos por cubrir, como la venta a pérdidas, que afecta especialmente a los productores lácteos; o la igualdad de criterios sociales o medioambientales respecto a productos agroalimentarios importados de países extracomunitarios, con legislaciones más laxas, gastos de producción más baratos y mano de obra en condiciones laborales leoninas.

Aun así, los trazos gruesos están marcados, e introducen nuevos conceptos como los ecoesquemas o los planes estratégicos nacionales, dejando flexibilidad a los Estados para aplicar sus criterios en la definición de agricultor activo, la eliminación de los derechos individuales y las referencias históricas.

Con estos cimientos, cada país debe edificar su agricultura en función de sus particularidades nacionales: un Plan Estratégico para concretar la aplicación de la PAC y distribuir el dinero que corresponda. Al nuestro le corresponden 47.724 millones de euros para los próximos siete años.
Los planes han de entregarse antes de fin de año, y para conseguir el beneplácito comunitario necesariamente han de ir dirigidos a: reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, protegiendo la calidad de los alimentos, su competitividad, e ingresos justos; proteger el medioambiente, la biodiversidad y luchar contra el cambio climático; favorecer el relevo generacional y el desarrollo rural; y sobre todo modernizar el sector agrario mediante la digitalización y el I+D+i.

Demasiados retos para abordar en tan poco tiempo y concretarlos en un plan que se adapte a nuestra idiosincrasia. Y precisamente por esta, porque el sector no brilla precisamente por abrirse fácilmente al diálogo, lo barruntamos difícil, como lo demuestra la fragmentación absurda en materia de convenios colectivos, cuya consecuencia directa es que el sector agrario sufra unas de las más difíciles (por no usar otra palabra) condiciones laborales de toda la economía española.

La negociación del Plan Estratégico no va a ser fácil, y ya se está demostrando en el diálogo de sordos que se ha establecido entre la Administración central y las comunidades autónomas. Una mesa a la que los sindicatos no hemos sido invitados, a pesar de que la Comisión Europea se ha hecho eco de una de las más recurrentes reivindicaciones sindicales para la PAC, la condicionalidad social, que establece la exigencia del cumplimiento de la legislación laboral aplicable a cada país para la percepción de las ayudas. Esto debería suponer la llave de acceso para la participación sindical en la confección del Plan.

La condicionalidad social tendría que ser el punto de inflexión para mejorar las condiciones laborales del campo, y desde UGT FICA no vamos a escatimar esfuerzos para garantizar que así sea, haciendo uso de todos los recursos que sean necesarios.

La PAC no solo es importante porque afecta a la producción de alimentos y otorga ayudas a los productores: su alcance es extensivo al mundo rural en general y especialmente al asentamiento de la población.

En nuestro país estamos siendo testigos de un brutal proceso de despoblación por la falta de alternativas económicas para las poblaciones rurales, precisamente el ecosistema natural de la agroindustria. Una gestión inteligente de la nueva PAC podría ayudar a paliar ese proceso; una buena aplicación de la condicionalidad social tendría repercusión directa en el rejuvenecimiento de la población rural, pues unas condiciones laborales garantistas dotarían de atractivo al trabajo en el campo y convertirían el medio rural en una opción de vida digna para muchas personas.
La importancia de la PAC para el futuro de nuestro país va más allá de las cifras, de las cantidades económicas y de los intereses estratégicos de los territorios. Exigimos ambición social en su aplicación para reequilibrar la riqueza y construir un modelo sostenible y con proyección al futuro, tanto para las explotaciones agrarias como para las y los trabajadores.

Queremos que nuestra voz se escuche en las mesas de negociación para garantizar esa dimensión social de la PAC, pues las personas que trabajan el campo son elementos fundamentales para la articulación del territorio, el asentamiento de población y la salvaguarda del medioambiente.

Pedro Luis Hojas Cancho es secretario general de UGT FICA