España debe sumar en lugar de restar en materia de pensiones
El Gobierno acierta al impulsar una nueva fórmula de ahorro complementario para la vejez, pero yerra en la misma medida al penalizar fiscalmente las ya existentes
Como parte de su compromiso frente a Bruselas de reformar el sistema de Seguridad Social, el Gobierno tiene previsto aprobar este año un fondo público de pensiones, es decir, un instrumento masivo de ahorro para la jubilación con el objetivo de que se generalice entre todo tipo de empresas. La propuesta que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá prevé delegar su gestión en manos privadas, mediante un pliego de condiciones en el que se incluirán unas comisiones sustancialmente más bajas que las de los fondos privados individuales, en lo que constituye ya uno de los puntos de fricción entre Gobierno y sector. El ministerio de Escrivá estudia también que el nuevo fondo pueda captar directamente el ahorro depositado en los planes individuales de pensiones, los cuales deberán competir con un instrumento a priori más rentable y atractivo.
La propuesta del ministro Escrivá, que ha sido implantada ya en otros países, como Reino Unido, constituye una medida interesante para reforzar el ahorro complementario de los trabajadores españoles de cara a su jubilación, ayudar a reducir la insoportable presión que soporta la Seguridad Social y popularizar un instrumento –el de los planes de pensiones de empresa– que en España no ha echado raíces. Pese a haberse implantado hace más de 35 años y haber contado con interesantes beneficios fiscales, estos instrumentos se han concentrado en su mayoría en grandes compañías, algunas de las cuales han regresado a ellos tras haberlos abandonado en los años ochenta, cuando se deshicieron de sus sistemas de protección social integrándolos en la Seguridad Social.
España es un país cuyos ciudadanos tienen una férrea fe en el sector público y dejan mayoritariamente en manos del Estado la provisión de su jubilación. Esta circunstancia puede jugar también a favor de la propuesta del Gobierno e intensificar su ventaja competitiva frente a los planes privados, tanto de empresa como individuales. En el caso de estos últimos, además, juega en contra el recorte aprobado por el Gobierno en la aportación máxima deducible en el IRPF – desde 8.000 hasta 2.000 euros– lo que ha rebajado considerablemente su atractivo. El Gobierno acierta al impulsar una nueva fórmula de ahorro complementario para la vejez, pero yerra en la misma o mayor medida al penalizar fiscalmente los instrumentos ya existentes, especialmente en una cuestión, la del futuro de las pensiones, en la que España necesita sumar en lugar de restar.