Sindicatos y patronal en las islas aplauden el acuerdo de las pensiones
Los agentes sociales valoran aspectos como la revalorización ligada al aumento del IPC, lo que repercutirá favorablemente en una comunidad con las pensiones entre las más bajas del país
El acuerdo alcanzado esta semana entre Gobierno, sindicados y patronales en relación a las pensiones es celebrado con abierta satisfacción por los agentes sociales de las islas, quienes valoran aspectos como la revalorización ligada al IPC. Un aspecto que permitirá a los pensionistas no perder poder adquisitivo en una comunidad autónoma donde el importe de las pensiones se sitúa entre los más bajos del país.
La pensión media en el archipiélago en junio, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se sitúa en poco más de 943 euros, siete puntos por debajo de la media nacional y muy lejos de los 1.282 del País Vasco, los 1.215 de Asturias o los 1.211 de Madrid. Las cifras también ponen de manifiesto diferencias dentro de las islas: en la provincia de Las Palmas, la pensión media se sitúa en los 956 euros, frente a los 929 de la de Santa Cruz de Tenerife, reflejo en ambos casos (como uno de los principales factores a tener en cuenta) de los salarios que los cotizantes han recibido durante su vida laboral, y que, en última instancia, merma su poder adquisitivo.
Sin embargo, una vez la reforma del sistema de pensiones sea aprobada, para lo que el acuerdo alcanzado se prevé que entre en el Congreso en septiembre y pueda ver la luz definitivamente a final de año, ese menoscabo podrá detenerse. “Con la reforma, los pensionistas no perderán poder adquisitivo, porque hasta ahora lo habían perdido siempre”, señala el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro. Una medida que celebra como “muy positiva” dentro de un acuerdo recibido “con mucho agrado, porque es la derogación de la reforma impuesta por el Gobierno de Rajoy, que era mala en sí, y volver a los espacios de consenso de la reforma de 2011”.
Otro de los aspectos que elimina el acuerdo alcanzado es el del factor de sostenibilidad. “Preveía el descuento de dinero para aquellas personas que vivían más años se revisaba a la baja su pensión, lo que no es de recibo, era una cosa inhumana", indica Navarro.
En sentido parecido, el secretario de Empleo y Política Social de CCOO Canarias, José Ángel Brito, muestra su satisfacción porque el acuerdo haya nacido “dentro del marco del diálogo social”, y porque “elimina los recortes de 2013”. Para Brito, ante la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom (las personas nacidas entre los años 60 y mediados de los 70 del siglo pasado) existen dos opciones “una, la que tomó el PP, la de los recortes, y así hacían que las entidades financieras privadas se beneficiaran; la otra, garantizar el acceso al sistema y los derechos de todas las personas en las generaciones actuales y futuras, que es la que se ha tomado”.
Desde las organizaciones empresariales, las sensaciones son igual de positivas. Para el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, “el acuerdo se ha alcanzado dentro de los parámetros que nos permite el marco del Pacto de Toledo, ligado a la disposición de fondos europeos, y es la primera parte del resto de acuerdos que se tienen que producir en relación con las pensiones en 2022”. Así, apunta a que “cuando hay un acuerdo siempre hay satisfacción, y ahora hay que mirar los siguientes hitos a acordar que sin duda son más complejos que nos hemos marcado”. Pero valora muy satisfactoriamente lo consensuado en esta primera fase, que busca, resalta, “garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.
El secretario general de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, especifica, por su parte, que era “responsabilidad de los empresarios” facilitar un pacto que, “desde el punto de vista político, supone la vuelta a la concertación social y al diálogo por parte del Gobierno”. La sostenibilidad financiera y social del sistema son clave para Alfonso, por lo que recalca como fundamental que, tal y como se refleja en el acuerdo, “las pensiones se paguen con cotizaciones, y lo que no sean prestaciones contributivas pasen a depender del Presupuesto General del Estado y no de la Seguridad Social”.
Para el caso de Canarias, reconoce los bajos niveles de las pensiones en Canarias respecto al resto del Estado, “porque los salarios en el sector servicios con respecto al industrial o el tecnológico están muy por detrás”. ¿Cómo cambiar esa situación? Alfonso apuesta porque las islas trabajen en la diversificación económica hacia sectores que no precisen el uso de materias primas ni gran consumo de suelo o de recursos naturales: “Tenemos que movernos más en la economía del conocimiento, de los servicios y la innovación, con lo que los salarios a largo plazo serán mayores y las jubilaciones, proporcionalmente mayores”.
Aspectos del acuerdo
Revalorización en función del IPC. El acuerdo alcanzado por el Gobierno, patronal y sindicatos establece que las pensiones se revalorizarán de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), de manera que se tendrá en cuenta la variación interanual media de este indicador en los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En el caso de que la variación sea negativa, no se producirá una disminución en la pensión de los jubilados.
Edad de jubilación. Se establecen medidas dirigidas a igualar la edad real de jubiliación, que está en unos 64,6 años, a la edad legal de esta, que se sitúa, para 2021 entre los 65 y los 66 (se espere que la real llegue a los 67 años en 2050). Se articulan mecanismos que desincentivan la jubilación anticipada y otros que fomentan alargar la vida laboral de manera voluntaria.
Derogación del factor de sostenibilidad. Introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma del sistema de pensiones de 2013 con el objetivo de evitar el vaciado de la caja de las pensiones, ligaba el pago de las mismas a la esperanza de vida, por lo que las modulaba a la baja a medida que se fueran cumpliendo años, aunque en la práctica no se llegó a aplicar. Se sustituirá por un mecanismo de “equidad intergeneracional” que entraría a operar a partir de 2027.