El Gobierno debe recuperar fórmulas de revisión de precios en la obra pública

La subida de los costes de transporte y materias primas como consecuencia de la crisis están encareciendo exponencialmente la ejecución de los contratos

La congelación de la actividad económica mundial durante los peores meses de la pandemia, con restricciones generalizadas que afectaron también a bienes y materias primas, no solo ha provocado daños directos en las economías, sino también desequilibrios en los mercados. El levantamiento de las medidas de contención y la progresiva reactivación de la demanda ha sacado a flote muchas de esas tensiones, como es el caso de la subida del precio de las materias primas, que está golpeando a numerosos sectores de actividad, pero muy especialmente al de la construcción y obra civil. Como señaló ayer la patronal Seopan, los registros de evolución de los precios nacionales e internacionales confirman fuertes incrementos en materiales como el acero corrugado (+78%), el cobre (+102%), el aluminio (+56%), el petróleo (+106%) y las mezclas bituminosas (+85%). A ello se une el encarecimiento exponencial del coste de fletes y transportes, con subidas como la del precio del transporte internacional marítimo de contenedores, que se ha disparado en el último año un 485% en la ruta Shanghái-Rotterdam y hasta un 293% en el agregado de las ocho rutas euroasiáticas con mayor tráfico de contenedores de 40 pies.

La escalada de los precios en las materias primas y los transportes es el resultado de una crisis inédita por su origen y su intensidad, pero que acabará siendo corregida por el funcionamiento del propio mercado. Cuestión aparte son los efectos que esas tensiones de costes están generando en la actividad económica, que pueden dificultar considerablemente la recuperación de muchas empresas y que, en algunos casos, pueden y deben ser paliadas con medidas de corrección. Al igual que se está negociando en Francia, desde Seopan se reclama al Gobierno poner coto a la falta de mecanismos de revisión de precios en los contratos de obras públicas –consecuencia de la reforma de Ley de Contratos del Sector Público de 2007– mediante el establecimiento de una revisión automática en los contratos de obra y de la desvinculación de la Ley de Desindexación de la Economía en los contratos de concesión.

Ambas son medidas razonables y eficaces, además de equitativas, para permitir a las empresas reajustar el peso de unos costes cuyos fuertes incrementos no pueden asumir y que pueden hacer inviable el cumplimiento de los contratos. Un riesgo que es especialmente gravoso en el caso de las pymes, abundantes dentro del sector de la construcción, como eslabón más débil y desprotegido de una cadena que está siendo sometida por causa de esta crisis a una tensión excepcional.