Bruselas advierte de que el plan elevará el gasto estructural una vez agotadas las ayudas

Alerta del coste de la reforma de las pensiones y de los nuevos ERTE Pide consenso para impulsar las medidas y vías para costearlas

Belén Trincado / Cinco Días

Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió el miércoles en que las fuerzas políticas y los agentes sociales deben llegar a consensos en España para desbloquear los fondos de reconstrucción dejó varios mensajes. Por un lado, que sin reformas de calado como la laboral y la de pensiones el país se quedará sin el dinero correspondiente a la consecución de estos hitos. Por otro, que si estas reformas no gozan del grado de asimilación y confluencia necesarios para perdurar en el tiempo el impacto del Plan de Recuperación será limitado. Bruselas, de esta forma, aspira a un gran consenso que también asegure la financiación a largo plazo de las medidas habida cuenta de que, según su propio análisis del plan, varios puntos podrían crear “compromisos presupuestarios permanentes” que deberán ser costeados por las administraciones públicas.

Si bien el plan en su conjunto “tiene el potencial de abordar algunos de los problemas subyacentes del mercado laboral y los retos de competitividad en el país”, detalla la Comisión, también existen algunos “riesgos en cuanto a su impacto duradero”. La razón, esgrime Bruselas, es que varias de las políticas desplegadas en el documento podrían redundar en obligaciones presupuestarias de las que el Estado y las autonomías deberían responder. Y todo ello sin elevar el gasto público de forma excesiva, ya que si en algo insiste la Comisión es en que España debe asegurar “la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas a medio y largo plazo”.

Por el momento, explica el Ejecutivo comunitario, y para asegurar la sostenibilidad de las reformas e inversiones, las autoridades españolas han adoptado compromisos para confiar en la financiación del Fondo Social Europeo Plus una vez termine el oxígeno del Fondo de Recuperación. Esto implicará “realizar ajustes en algunos ámbitos del Presupuesto” y “una reorientación del gasto público que deberá acordarse con las comunidades autónomas”, añade el análisis.

Bruselas alerta de que una de las reformas que elevará el gasto público, si no se toman medidas adicionales para evitarlo, será la de pensiones en la medida en que vuelve a ligar las prestaciones al IPC y acaba con el factor de sostenibilidad que liga su cuantía a la esperanza de vida.

Otra fuente de costes extra es la pretensión de convertir los ERTE en mecanismos estructurales de ajuste temporal del empleo, ligados a formación, para situaciones de crisis.

Junto a estas, Bruselas identifica otras medidas que “pueden dar lugar a la creación de derechos permanentes que habrá de soportar el Presupuesto nacional”. Tal es el caso, apunta el Ejecutivo de Von der Leyen, de la ampliación de los servicios sanitarios y de determinadas reformas destinadas a titularizar al personal temporal como fijo en el sector, dos puntos incluidos en el componente 18. Pero también, la creación de plazas de titularidad pública para educación infantil (componente 21) o las nuevas plazas previstas en la Formación Profesional (el 20). Para algunas de estas medidas, sugiere, la ayuda de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) podría aliviar parte de la carga que pesa sobre el presupuesto nacional, de forma que la inversión pueda mantenerse a medio plazo.

Por el momento, asegura la Comisión, las autoridades españolas se han comprometido a estudiar esta posibilidad junto con las autonomías (que tienen las competencias de estas políticas) con el fin de asegurar que las inversiones del plan tengan un efecto duradero. Puede recurrirse a esta solución, recomienda Bruselas, para costear los salarios de los profesores de educación infantil y las nuevas plazas en la FP.

Se trata, recalca el organismo que preside Von der Leyen, de asegurar la permanencia en el tiempo de todas las reformas a la vez que se sanean las finanzas públicas en el largo plazo en un contexto en el que las cuentas de las administraciones públicas cerraron 2020 con un déficit del 10,97% una deuda del 120% del PIB.

Impacto en la riqueza

El análisis llevado a cabo por Bruselas del Plan español, aprobado oficialmente el miércoles por la Comisión, muestra también que la repercusión económica del fondo Next Generation EU en el país podría conducir a un aumento del PIB comprendido entre el 1,3% y el 2,5% de aquí a 2024. En el peor de los casos, con una productividad baja, esta subida oscilaría igualmente entre el 1,1% y el 1,8%. Por todo ello, el equipo de Von der Leyen confía, al igual que el propio Gobierno o el Banco de España, en que el país recupere el nivel previo al Covid a finales de 2022.

Este escenario, dice Bruselas, no incluye la posible repercusión positiva de las reformas estructurales, que en el mejor de los casos podrían aumentar el PIB de España en un 10% en un plazo de 20 años, “acercándolo a los resultados esperados para la media de la UE”.