La depresión de las sicavs, víctimas de un debate más ideológico que técnico

En España se tiende a olvidar que las reformas regulatorias deben proponerse, debatirse y adoptarse de modo sereno, con argumentos objetivos y bajo criterios de eficiencia

La ascensión y ocaso de las sicav en España como vehículos de inversión para grandes patrimonios es un ejemplo de libro sobre cómo un discurso político hostil y un horizonte de persistente incertidumbre regulatoria bastan para desincentivar el uso de un instrumento financiero, sin necesidad siquiera de esperar a una normativa que endurezca su regulación. Tras una edad dorada que llegó a su culmen en 2015, cuando había en España algo más de 3.400 sicav con un patrimonio acumulado de 34.000 millones de euros, el declive de las sociedades de inversión de capital variable comenzó cuando algunas formaciones políticas, como Podemos y Ciudadanos, apostaron por incluir en sus programas electorales medidas para estrechar su control, especialmente fiscal. Una ofensiva que se concretó finalmente en 2019 en el marco del pacto de gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cuando ambos acordaron endurecer la normativa sobre estos instrumentos.

Esa reforma pasaba, entre otros aspectos, por exigir que estas sociedades contasen al menos con 100 accionistas con una inversión mínima de 2.500 euros para acabar con la figura de los hombres de paja, inversores que figuraban en sicav de grandes fortunas únicamente para completar el número mínimo de accionistas. Aunque la reforma todavía no ha sido aprobada, desde enero de 2020 pasado los clientes de sicav en España han retirado ya un total de 1.307 millones de euros del patrimonio gestionado a través de estos vehículos para disolver la sociedad, traspasar el dinero a fondos o reconvertirlos en sicav en Luxemburgo.

Más allá del propósito, perfectamente lícito, de endurecer la regulación de este tipo de sociedades, el ruido político que ha acompañado en los últimos años a las sicav y el discurso, a menudo más ideológico que técnico, sobre la necesidad de su reforma han provocado un efecto huida de los inversores con la vista puesta no solo en otros vehículos de inversión, sino también en otros territorios de menores exigencias regulatorias. Además del potencial efecto deslocalizador de las inversiones que ello supone para la industria de gestión de activos española, en España se tiende a olvidar que las reformas regulatorias en una economía de mercado deben proponerse, debatirse y adoptarse de modo sereno, con argumentos objetivos y bajo criterios de eficiencia en lugar de hacer de ellas meros pretextos para articular unos discursos políticos que tal vez atraigan votos, pero que también ahuyentan la inversión y el capital.