Nissan Barcelona: un año del anuncio de cierre y sin alternativa convincente

Las plantas catalanas bajarán la persiana en diciembre si no llega un inversor

Protestas de los trabajadores de Nissan tras el anuncio de cierre.
Protestas de los trabajadores de Nissan tras el anuncio de cierre. EFE

Nissan anunció hace un año el cierre de sus plantas de Barcelona y, a falta de seis meses de que se cumpla [a finales de diciembre], la compañía continúa sin una alternativa convincente para salvar los más de 20.000 empleos directos e indirectos que están en peligro.

El consejero delegado del grupo japonés, Makoto Uchida, salió a rueda de prensa el 29 de mayo del año pasado y dijo que la decisión estaba tomada y que era “irreversible”. La compañía asestó así un duro golpe a más de 100 años de historia. Para entender la historia de las plantas catalanas hay que remontarse a 1920, cuando nació en Cádiz Ford Motor Company. Tres años más tarde, la empresa se trasladó a Barcelona y, en 1929, se transformó en Ford Motor Ibérica con una ampliación de capital y la entrada de nuevos socios.

En 1954, la empresa es nacionalizada y pasa a llamarse Motor Ibérica, pero no sería hasta 1967 cuando estrenó las instalaciones en la Zona Franca de la capital catalana. Nissan Motor compró 13 años más tarde una participación de Motor Ibérica, iniciándose así una nueva etapa en la que el fabricante japonés llegó a ser el propietario del 100% del capital de la compañía y se pasó a denominar Nissan Motor Ibérica. Ahora, de no llegar un nuevo inversor, Zona Franca será el tercer gran cierre de la automoción española tras las de Santana en Linares (Jaén) en 2011 y Mercedes-Benz en Barcelona en 2007.

El cierre en Cataluña se enmarca dentro del plan de reestructuración que el fabricante nipón desarrollará durante los próximos años para volver a la competitividad y a través del cual estima ahorrar 2.530 millones de euros en costes, y a través del cual dejará atrás Europa para centrarse en China, Japón y Norteamérica.

Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo salió al paso defendiendo que la continuidad de la planta de Zona Franca era posible y advirtió a la compañía que bajar la persiana en Zona Franca le costará más de 1.250 millones de euros, frente a los 300 que contemplaba el plan de inversiones propuesto por el Ejecutivo en conjunto con la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio Zona Franca. Sin embargo, Nissan Motor Ibérica registra en sus últimas cuentas una provisión de 63,5 millones de euros para cubrir los costes estimados de desmantelamiento, retiro y rehabilitación de los diferentes terrenos y construcciones de sus plantas de Barcelona.

La firma asiática sí sigue operando en los centros de Ávila y Cantabria, que fabrican componentes para la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y entre los dos suman unos 1.000 trabajadores.

En este contexto, los trabajadores comenzaron una oleada de protestas y consiguieron, tras más de 36 horas de mediación y meses de huelga, que la empresa se comprometiera a no realizar “despidos traumáticos” hasta finales de 2021. La cifra total de despidos es de 2.525 personas, después de que la multinacional decidiese mantener el centro de recambios de El Prat, donde trabajan unas 110 personas, y se abriera a dejar fuera del expediente a otras 400 personas: 300 del centro de I+D y 100 del área de compras.

Cuatro opciones

La comisión que trabaja en la reindustrialización de las plantas, que se constituyó el 1 de septiembre de 2020 y que cuenta con KPMG como asesor técnico, estudia las propuestas de cuatro empresas que se encuentran en una posición “más sólida” para continuar en el proceso dado su nivel de maduración.

Una de estas sociedades reúne una serie de proyectos enfocados en la creación de un hub de electromovilidad, mientras que las otras tres firmas plantean sendas propuestas dirigidas a la fabricación de vehículos eléctricos e hidrógeno. Ahora se les requerirá a las candidatas más detalles sobre la concreción de su plan de negocio y su estrategia industrial. Posteriormente, a partir de mediados de julio, los inversores seleccionados deberán presentar sus ofertas vinculantes antes de entrar en la negociación del contrato final con todos los integrantes de la mesa.

El hub de movilidad es el proyecto mejor posicionado por ahora. Se trata de un consorcio en el que QEV Technologies (firma de ingeniería catalana) ejercería como empresa tractora y del que formarán parte empresas como las suecas Inzile y Volta Trucks. La compañía se plantea la posibilidad de desarrollar y producir un coche eléctrico pequeño, orientado al uso privado, carsharing y reparto de última milla.

Además, prevé establecer una segunda línea de producción para desarrollar plataformas de tracción eléctrica alimentadas con pilas de hidrógeno para camiones, autobuses y autocares. Según La Vanguardia, el fabricante de motocicletas Silence es otra alternativa “madura”, mientras que los otros dos proyectos son los de los fabricantes Ronn Motor y Punch, aunque estos están en un nivel de maduración “moderado”.

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